Vivienda okupada

Uno de cada cuatro (24,58%) asociados de Asval (Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler) asegura que algunas de sus propiedades arrendadas se encuentra ocupada ilegalmente o en algún procedimiento judicial en curso ocasionado por impago o expiración del plazo del contrato. Así lo demuestra la encuesta anual realizada por la Asociación, que demuestra un incremento de casi cinco puntos en este conflicto respecto al pasado año, ya que, en 2025, las viviendas arrendadas en esta situación representaban el 19,92%.

¿Puede un propietario dejar de pagar los suministros o darlos de baja cuando otra persona ocupa su inmueble? Es una de las dudas más habituales y, hasta ahora, la respuesta no era del todo uniforme. Y es que las Audiencias Provinciales habían mantenido criterios dispares, pero el Tribunal Supremo ha fijado un criterio que servirá de referencia en los próximos años: cuando quien ocupa una vivienda carece de un título que legitime su permanencia, la baja o la interrupción de los suministros no constituirá, por regla general, un delito de coacciones.

En España, la ocupación ilegal es una preocupación latente entre los propietarios. Echarlos es complejo y, además, suelen destrozar las casas en las que entran.

La Generalitat Valenciana ha anunciado un nuevo servicio de atención de urgencias operativo las 24 horas del día durante todo el año, con un plazo máximo de respuesta de una hora a los avisos por okupación o intrusión en viviendas públicas. Según las cifras del Gobierno regional, el 13% del parque residencial protegido, que está formado por 14.500 inmuebles, se encuentra actualmente ocupado de forma irregular, es decir, 1.885 viviendas.

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalunya han respaldado en el Parlament de Catalunya una reforma legislativa que permitiría a las comunidades de propietarios actuar para recuperar la posesión de viviendas okupadas dentro de sus fincas. El posicionamiento del sector inmobiliario se ha producido en el marco de la tramitación de la proposición de ley que modifica el Código Civil de Catalunya y la Ley del derecho a la vivienda. La encargada de trasladar la posición del colectivo ha sido Montserrat Junyent, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, quien compareció ante la cámara catalana también en representación del Consejo de Colegios de API de Catalunya.

La okupación es un mal del sector inmobiliario español. Daña al mercado y daña a quien la sufre. Aunque este tipo de delito ha aumentado en los últimos años, todavía quedan muchas dudas por resolver.

En 2025 entró en vigor la conocida como ley antiokupas, que prometía poder echar a los okupas en 15 días desde que se presentaba la demanda.

El PP defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso su proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, con la que el partido pretende, entre otras medidas, agilizar los trámites de desarrollo urbanístico y permitir a empresas, bancos y fondos de inversión que puedan acudir a juicios verbales para recuperar viviendas 'okupadas'. Esta misma ley ya ha sido aprobada en el Senado, donde el partido tiene mayoría absoluta. El texto legal también incluye la derogación de las zonas tensionadas y el índice de los precios de referencia de los alquileres.

En los últimos años, y ante el aumento de viviendas ocupadas en España, ha surgido un fenómeno curioso: cada vez más personas se plantean comprar casas con okupa, atraídas por su precio inferior al de mercado. El volumen de viviendas sin posesión que están a la venta creció un 4,6% en un solo trimestre, según un estudio de idealista. Santiago Thomás de Carranza, socio director del despacho Thomás de Carranza Abogados, señala que comprar una vivienda ocupada implica, en muchos casos, adquirirla prácticamente a ciegas y sin hipoteca. A veces toca negociar con los okupas y ofrecer una compensación económica para que abandonen el inmueble, otras veces toca ir a juicio.

El problema de la okupación ha vuelto a salpicar a la Comunidad de Madrid, esta vez en el municipio de Collado Villalba, donde se ha llevado a cabo una actuación policial para desalojar un edificio propiedad de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria). Los hechos han tenido lugar en los números 13 y 15 de la calle Real, afectando a un centenar de personas que componían las más de 40 familias que vivían de manera ilegal en un edificio de propiedad pública.

El PP presentará en el Pleno del Congreso una iniciativa con una batería de medidas sobre la crisis de vivienda en España, donde se incluye una propuesta para generar las condiciones favorables en el mercado que permitan construir un millón de viviendas en las zonas de mayor demanda en los próximos cuatro años para eliminar el déficit acumulado. Se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la que también se incluye la petición de poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible.

Desde el 3 de abril de 2025 cualquier afectado por una okupación debe obligatoriamente pasar previamente por un intento de solucionar el conflicto a través de vías extrajudiciales previstas en la ley de eficiencia del servicio público de Justicia. Sin embargo, la abogada Carmen Giménez señala que hay dos procedimientos que, por su carácter “breve”, no exigen pasar por este trámite extrajudicial. Se trata del juicio para la tutela de la posesión y del procedimiento especial regulado en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, para la protección de derechos reales inscritos.

Dentro de la enorme cartera de activos procedentes de la liquidación de la promotora Aifos, una de las mayores quiebras en el sector producto del estallido de la burbuja inmobiliaria, se encuentra la subasta pública de un chalet actualmente okupado muy cerca de Puerto Banús, en Marbella. Se trata de una propiedad de 282 m2 construido en la urbanización El Rodeo (La Mariposa), en una parcela de 1.000 m2 valorada en 1,3 millones de euros, pero que su precio de salida en Escrapalia se encuentra en 815.000 euros.

Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha participado en una jornada organizada por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) vivara by GCO Ventures para hablar sobre el problema de la okupación e inquiokupación de inmuebles en España y qué vías tienen los propietarios para recuperarlos. Magro ha asegurado que “uno de los problemas más importantes que existen ahora mismo en España son los retrasos en la devolución posesoria” y ha desgranado varios consejos para quienes se estén viendo afectados por este fenómeno. Por ejemplo, incluir en las denuncias o demandas los costes económicos y morales que sufren; o tener los inmuebles amueblados y con los suministros dados de alta para que sean considerados como morada y no como vivienda vacía.

Un nuevo caso de okupación en Calvià (Mallorca) ha vuelto a poner en el foco de la opinión pública la inseguridad que sufren los propietarios. La historia comienza en agosto de 2024, cuando una familia con un alto poder adquisitivo alquila una vivienda de lujo con piscina privada por 3.000 euros al mes. Sin embargo, en octubre de 2025, el entonces inquilino de origen danés da por terminada la relación y se marcha a su país, dejando a la mujer de origen cubano con dos hijos menores en la vivienda.

El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas en España se ha reactivado tras las declaraciones de Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, quien ha expuesto cifras, plazos y criterios jurídicos sobre esta problemática. Durante su intervención en el I Foro de Policía Local y Turismo, en Alicante, señaló que en España se producen alrededor de 16.000 okupaciones de viviendas al año, una cifra que, según explicó, pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de una reacción legislativa. El magistrado subrayó que, a día de hoy, no existe una norma que garantice la devolución de la vivienda al propietario en un plazo máximo de 72 horas.

El volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado creció un 4,6% en solo un trimestre, según un estudio de idealista [empresa editora de este boletín] sobre los inmuebles publicados en su plataforma durante el cuatro trimestre de 2025. Entre octubre y diciembre pasado se anunciaron 24.058 viviendas okupadas, con Madrid (857) superando a Barcelona (787) como la ciudad con el mayor número de viviendas okupadas en el mercado de compraventa, aunque el 40% de estas viviendas con okupas se encuentra en Cataluña. Descubre el impacto de estos inmuebles en tu ciudad.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat valenciana ha adjudicado el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles. La directora general de EVHA, Estefanía Martínez, ha reconocido que unos de los mayores problemas que afectan al parque público de la Generalitat es el asalto y ocupación de sus viviendas. El coste de la adjudicación asciende a 4,7 millones de euros para 150 viviendas en Alicante, y otras 150 unidades entre Valencia y Castellón.

La vivienda ha ocupado un lugar central en la conversación pública en 2025, pero no solo por los precios, la escasez de oferta o los cambios normativos. El inmobiliario fue debate social, contenido viral, cultura pop y escenario de historias extremas que conectaron con el lector desde lo emocional, lo curioso o lo directamente sorprendente. Desde conflictos por okupación hasta casas imposibles, pasando por TikTok, Netflix o AliExpress, estas fueron las grandes temáticas que marcaron el año.

Las viviendas okupadas o sin posesión a la venta aumentan. Según un estudio de idealista, ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España. El estudio muestra que en este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en el portal que reconocían sufrir un proceso de ocupación. Cataluña concentra el 39% de todas las viviendas okupadas en venta en España, con 8.926 inmuebles en esta situación. Vender una vivienda okupada es legal , pero conlleva importantes riesgos, como no poder acceder inmediatamente a ella o no saber el estado en que se encuentra.

La Policía Nacional ha desalojado a 80 okupas un hotel NH ubicado en el municipio madrileño de Parla. Los usurpadores habían entrado en la edificación durante la mañana, ya que actualmente se encuentra en pleno proceso de reforma para su inminente reapertura. Sin embargo, los agentes han logrado expulsar a los okupas en menos de 24 horas.

La sociedad que gestiona los activos de las entidades rescatadas, y que está en proceso de traspasar su cartera a la nueva promotora pública de vivienda, tiene abiertos actualmente cerca de 3.300 procedimientos judiciales en marcha para desalojar inmuebles que están okupados de forma ilegal. Sareb tiene una vivienda ocupada por cada tres con un contrato de alquiler social vigente, y lleva años inmersa en una batalla legal para recuperar propiedades y evitar la devaluación de parte de su cartera.

Un caso extremo de okupación en Cataluña ha puesto de nuevo bajo el foco el debate sobre la eficacia de la ley y la justicia. Se trata de un joven de 22 años, vecino de Sant Boi de Llobregat, que acumula 225 denuncias y 31 detenciones por ocupar viviendas, aunque nunca ha llegado a pasar más de un día en prisión. Su “negocio” es ya conocido: exige pagos de hasta 17.000 euros para abandonar los inmuebles, y si los propietarios se oponen a abonar dicha cantidad, el okupa vende las viviendas a familias vulnerables por unos 3.000 euros.

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha dictado una sentencia unánime que pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente la normativa en casos de desahucio. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por la nueva propietaria de una vivienda, cuya suspensión del lanzamiento había sido denegada por un juzgado, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada a raíz de la pandemia del covid-19 y que regula la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables.