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Los tres grandes retos económicos del Gobierno para el nuevo curso parlamentario

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Autor: Redacción

Arranca el último tercio del año. Tras el parón del verano, el Congreso de los Diputados retoma la actividad y lo hace con tres grandes retos económicos sobre la mesa: sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019, poner en marcha la nueva ley hipotecaria y aprobar la reforma de las pensiones.

Con un Gobierno en minoría parlamentaria, en el nuevo curso político veremos negociaciones y pactos entre diferentes grupos políticos para dar luz verde a estos deberes. Resumimos en qué consiste cada uno de ellos:

1. Presupuestos Generales del Estado de 2019

El Gobierno de Pedro Sánchez ya está trabajando en las cuentas públicas del próximo ejercicio. Su objetivo es presentar el proyecto de los Presupuestos en noviembre e iniciar inmediatamente después las negociaciones con otras fuerzas parlamentarias para ponerlos en marcha. El propio Ejecutivo tiene dudas de poder sacarlo adelante en este ejercicio y no descarta que la aprobación definitiva se retrase hasta febrero.

¿Y qué se espera de los PGE 2019? En general, subidas de impuestos y mayor gasto público. En julio, el Consejo de Ministros elevó un 4,4% el techo de gasto para el año que viene, hasta situarlo por encima de 125.000 millones de euros. Esa es la base para elaborar los Presupuestos, que irán enfocados a “apuntalar el crecimiento económico y potenciar las políticas sociales”, según el equipo de Sánchez, y que en principio tendrán como principal aliado al partido Podemos.

Por ejemplo, el Gobierno está estudiando fórmulas para podría eliminar el copago farmacéutico a algunos pensionistas, así como una nueva subida de las pensiones vinculando el incremento al IPC. Otra de las medidas que estudia es crear nuevas ayudas a los hogares vulnerables.

 A cambio de este impulso al gasto público, su intención es aumentar la recaudación a través de elevar los impuestos a las rentas altas (subiría el IRPF a las rentas superiores a 150.000 euros), a las empresas (eliminando bonificaciones del Impuesto de Sociedades, que grava el beneficio empresarial) y a los bancos, entre otros colectivos. También podría haber cambios en la tarifa plana de los autónomos, en un momento en el que los ingresos declarados por los trabajadores por cuenta propia se acercan ya a los niveles precrisis, según el diario Cinco Días, y acabar con las amnistías fiscales para poner coto a los grandes defraudadores.  

Y todo ello se llevará a cabo en un entorno de ralentización económica, que ya se está dejando sentir en indicadores como el consumo, el empleo, las exportaciones o el PIB, tal y como recuerda el diario ABC.

En el caso hipotético de que no se alcance un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2019, el Gobierno ha dejado entrever que prefiere prorrogar los Presupuestos actuales a convocar elecciones.

2. La nueva ley hipotecaria

Otro de los retos más acuciantes es poner en marcha la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. La normativa ya fue aprobada en noviembre del año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque los trámites parlamentarios se han demorado y sigue encallada en el Congreso. La oposición ha presentado cerca de 200 enmiendas y el objetivo de Sánchez es empezar a negociar cuanto antes las posibles modificaciones al proyecto ya aprobado.  

Esta ley tiene un doble objetivo: trasponer la normativa europea en materia hipotecaria al ordenamiento jurídico español y aumentar la transparencia y seguridad de bancos y clientes. Entre los cambios que traerá consigo la ley destacan la obligatoriedad del cliente de acudir a un notario antes de firmar el contrato para garantizarse de que su préstamo se ajusta a la legalidad, una limitación a las comisiones que aplican los bancos, la posibilidad de convertir las hipotecas variables en fijas o la creación de una lista de cláusulas abusivas que la banca no podrá aplicar. 

La entrada en vigor de la ley hipotecaria lleva dos años y medio de retraso (debía haberse puesto en marcha en marzo de 2016) y Bruselas ha dado un toque de atención a España: si no se aprueba enseguida, nos exponemos a una multa de más de 100.000 euros diarios, lo que eleva la factura actual hasta los 90 millones de euros. Si la aprobación se sigue demorando, el coste seguirá subiendo. Por eso cada día cuenta.

3. La reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones es desde hace años uno de los grandes temas pendientes de España. Con una población cada vez más mayor y una juventud con problemas para acceder al mercado laboral y conseguir un buen sueldo, los problemas para garantizar el sistema en las condiciones actuales están creciendo con el paso del tiempo.

Al margen de negociar sobre cómo se pueden mantener las pensiones, los Presupuestos Generales de 2018 ya incluyen una subida de las pensiones del 1,6% en 2018 (cifra que se eleva al 3% en el caso de las pensiones más bajas y las no contributivas), aunque el PSOE y Podemos han acordado recientemente que la revalorización para este ejercicio y el próximo se ajuste al IPC real, para  garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Según los datos del INE, la inflación se situó en agosto en el 2,2% en su tasa anual.

Más allá de la revalorización actual, las formaciones políticas que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados siguen negociando para alcanzar un acuerdo y enviar al Gobierno un informe repleto de recomendaciones para garantizar el sistema a largo plazo. Un trabajo que no será sencillo, sobre todo si tenemos en cuenta las propuestas tan diferentes de cada partido para solucionar el problema de las pensiones.