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La banca avisa: “La fragmentación parlamentaria no puede provocar parálisis ni frenar las reformas”

APIE
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El sector financiero lanza un aviso a la clase política, en pleno debate sobre si saldrá adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En unas jornadas celebradas en Santander, el presidente de BBVA, Carlos Torres, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han dejado claro que la irrupción en el Parlamento de diferentes fuerzas políticas y la necesidad de que negocien para sacar adelante un Ejecutivo estable no pueden suponer un freno para la economía.

“A la vista de los resultados de las elecciones en los últimos años, nos tenemos que acostumbrar a la fragmentación parlamentaria, que en ningún caso puede suponer una parálisis”, ha recalcado el primer espada del supervisor financiero.

En esa misma línea, el presidente de BBVA ha señalado que “tenemos que aprovechar el momento de crecimiento para hacer reformas”. En su opinión, España debe mejorar el funcionamiento del mercado laboral, la educación y la formación, así como aumentar la productividad”. Según Torres, es necesario eliminar la dualidad laboral, fomentar la contratación indefinida y crear un marco que apoye la inversión. “Con todo esto habrá más crecimiento económico”, ha recalcado.

El Banco de España también pone de manifiesto que, aunque “en la última década se han corregido muchas vulnerabilidades, como por ejemplo el excesivo endeudamiento de familias y empresas (que ya están en línea con la media europea) o el elevado tamaño de la banca (ha desaparecido el 43% de la red de sucursales y el empleo se ha reducido en un 34%), han aparecido otras nuevas”. Entre ellas está el incremento de la deuda pública, que supone entre otras cosas un límite al futuro margen de maniobra de la política fiscal, y el elevado endeudamiento exterior.

Recordemos que la deuda pública está en máximos históricos en términos brutos, tras superar por primera vez la barrera de 1,2 billones de euros a cierre del primer trimestre, lo que equivale al 95,7% del PIB. Esta cifra más que duplica la registrada en 2008 (cuando ni siquiera alcanzaba el 40%) y supera con creces el umbral definido en el Tratado de Maastricht, que sitúa el nivel de endeudamiento máximo en el 60%.

Según las previsiones de la Comisión Europea, España reducirá lentamente su apalancamiento público, que se situará en el 95,8% del PIB el año que viene, la cifra que baraja el Gobierno para este año. En términos brutos, se trata del sexto peor resultado de toda la UE, solo superado por Grecia (168,9% sobre el PIB), Italia (135,2%), Portugal (116,2%), Bélgica (100,7%) y Francia (98,9%). Las estimaciones de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntan a que nuestro país podría tardar dos décadas en situar la deuda al nivel que quiere Bruselas.

El supervisor financiero insiste en que “el PIB seguirá creciendo por encima de su potencial. Por tanto, este es el momento de reducir algunas de las vulnerabilidades estructurales. Para afrontar los retos y riesgos macrofinancieros debemos internalizar en nuestra toma de decisiones lo que debería constituir una gestión responsable y eficiente de los asuntos públicos y privados: acumular colchones en los tiempos buenos para que puedan ser utilizados en los tiempos difíciles. Y esto se aplica no solo a los acreedores, sino también a los acreditados y, sobre todo, a los responsables de la gestión de las políticas económicas, entre quienes me encuentro”, ha sentenciado Hernández de Cos.