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Una sentencia equipara las cláusulas suelo con un derivado financiero

Autor: Redacción

Un juzgado de Fuenlabrada anula la cláusula suelo de una hipoteca procedente del Banco de Galicia, absorbido por Banco Popular, por la información opaca y su carácter abusivo a la que califica de derivado financiero, lo que exigiría mayor protección para los consumidores. El juez también cancela el préstamo multidivisa por el perfil inadecuado de los contratantes para entender un producto de riesgo.

El juzgado nº 5 de Fuenlabrada (Madrid) ha dictado sentencia contra el Banco de Galicia, absorbido por Banco Popular, por ofrecer una hipoteca multidivisa de 129.100 euros con cláusula suelo incluida.

El juez considera que la cláusula suelo del 4,5% estaba "oculta", haciendo que el cliente se fijara solo en el diferencial, y que no se facilitó una información clara y comprensible ni se ofreció la oferta con al menos tres días de antelación de la firma ante notario.

Además, el escrito critica el alto diferencial, afirmando que "convierte el tipo variable en un tipo fijo variable exclusivamente al alza en el que cliente no se beneficiaba de las rebajas de tipos del euríbor".

La novedad de esta sentencia es que el juez ha calificado esta cláusula suelo de derivado financiero, “pues es esencial que se conozca de su existencia, su incorporación y sus posibles consecuencias”.

Equiparar una cláusula suelo hipotecaria como un derivado financiero significaría que entraría en el artículo 2.2 de la Ley de Mercado de Valores que establece exigencias reforzadas de información para proteger a los clientes minoristas.

Junto a la sentencia de cancelación de la cláusula suelo, el juez también anula el préstamo multidivisa por ser un producto de riesgo claramente inadecuado para este tipo de clientes.

En el escrito se afirma que el banco no cumplió su deber de informar de forma correcta. “La información verbal no suple las carencias de la información precontractual escrita”, concreta la sentencia. Para ello, se tendría que realizar un test de conveniencia, conocer la experiencia en productos complejos de riesgo o estudiar la formación y profesión de los clientes.

"No se cumplieron ninguna de las exigencias de información y transparencia. Ni por su edad ni por su formación podían contratar productos de riesgo sobre algo tan esencial como su vivienda habitual", señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas Cusí, que ha dirigido la defensa de esta joven pareja de 19 y 21 años, él cerrajero y ella auxiliar administrativa.