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Los expertos estudian crear un arbitraje en Madrid ante la avalancha de pleitos por las cláusulas suelo

Los expertos se están movilizando ante la avalancha de pleitos que debe digerir la justicia en los próximos meses como consecuencia de los procedimientos de devolución de las cláusulas suelo de las hipotecas.

Después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el que exige a la banca a devolver todo el dinero cobrado de más con esta cláusula abusiva desde la firma del préstamo hipotecario, se estima que los juzgados tendrán que resolver 1,7 millones de pleitos. Una cifra para la que se están buscando alternativas a la vía judicial y evitar el colapso. Y una de las hipótesis es crear un procedimiento de arbitraje en la Comunidad de Madrid similar al que ya existe con los alquileres.

“Creo que colectivos como los agentes de la propiedad, los colegios de arquitectos o los administradores de fincas podemos ayudar y se deberían plantear alternativas. A la vista de lo bien que está funcionando el arbitraje de arrendamientos en la región, se podría plantear la posibilidad de extrapolar el mecanismo a las cláusulas suelo siempre y cuando los clientes y los bancos estén de acuerdo. Es decir, podríamos ver si lo que hacemos en materia arrendaticia podemos aplicarlo a las cláusulas suelo”, ha defendido Beatriz Moreno, letrada de la Secretaría del Consejo Arbitral para el Alquiler en la Comunidad de Madrid, en unas jornadas organizadas por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPI).

A pesar de que la letrada asegura que de momento es una hipótesis, sí que explica cómo podría funcionar. Lo primero a tener en cuenta es que, si el cliente y el banco están de acuerdo, al elegir el arbitraje ambas partes se salen del sistema judicial ordinario. Por tanto, no permite ningún tipo de recurso (apelación, casación, amparo…), algo que sí permite cualquier reclamación judicial.

Esto significa que las partes se juegan todo a una carta, aunque esto a su vez tiene su ventaja: se recorta mucho el plazo en el que se conoce la solución. “Si un procedimiento habitual podría prolongarse durante 20 meses, con un arbitraje como el que existe en los alquileres el tiempo se recorta a apenas dos meses. Por tanto, nadie tiene garantizado al 100% que le vayan a dar la razón, aunque al menos lo sabrá pronto”, ha detallado Moreno.

La letrada explica que la decisión del arbitraje (el laudo en la jerga jurídica) equivale a una sentencia firme y debe aplicarse desde que es notificado a la parte vencida (en el caso de las cláusulas suelo, lo lógico es que el perdedor sea el banco).

“El arbitraje no deja de ser una pugna entre dos, aunque no sea delante de un juez”, ha aclarado Carlos Suárez, abogado y catedrático emérito de derecho civil.

Otra de las razones que justificaría la puesta en marcha de un arbitraje en la Comunidad de Madrid para solucionar la devolución de las cláusulas suelo es que es un procedimiento mucho más barato que uno judicial.

“La apelación encarece el procedimiento judicial porque, por ejemplo, no necesitamos abogados, ni procuradores. El Estado no se gasta nada y todo el coste lo paga la parte vencida. Es cierto que un arbitraje no es gratis, pero puede suponer un ahorro de hasta el 40% frente a la reclamación vía judicial”, ha aclarado Moreno.

Para evitar que el precio del arbitraje se dispare, la letrada asegura que en el procedimiento se podría plantear la imposición de los honorarios que recibirían los expertos participantes en el proceso, para que tanto el cliente como el banco sepan de antemano el precio a pagar. ¿Y quiénes serían? Moreno plantea que entre los árbitros podría haber abogados, notarios, registradores y agentes de la propiedad. Además, defiende que todos ellos deberían estar asesorados por técnicos y expertos en economía para calcular de la forma más exacta posible el dinero que el banco debe devolver a su cliente.

“Entiendo que el proceso beneficiaría tanto al banco como al cliente, porque la decisión no va a ser muy distinta a la que tomaría un juez y además el proceso sería más rápido y barato y creo que podría funcionar en muchos casos”, ha insistido la letrada.

Sin embargo, los abogados creen que la banca no estaría por la labor de apostar por un arbitraje de este tipo. “Creo que a los consumidores les podría beneficiar, pero deben tener claro que lo que diga el árbitro va a misa y que, como ha renunciado al sistema judicial ordinario, no podrá recurrir”, ha aclarado un abogado especializado en consumo que ejerce en Madrid y Ciudad Real.

Así, todo apunta a que el gran escollo para el procedimiento podría ser el sector financiero. “Al banco lo que le interesa es pagar cuanto más tarde mejor, así que lo veo interesante para el consumidor, pero no tanto para el banco. Ante la avalancha de reclamaciones, y a pesar de haber provisionado ya 3.100 millones de euros (el Banco de España dice que las dotaciones necesarias rondan los 4.000 millones), el banco querrá estirar sus pagos lo máximo posible, mientras que los afectados lo que quieren es resolverlo cuanto antes. A lo mejor la entidad prefiere arriesgar y acudir a la justicia ordinaria, a sabiendas de que muchos consumidores podrían echarse para atrás por el dinero que supone iniciar un procedimiento y el riesgo de pagar las costas al perderlo”, ha reconocido un abogado y agente de la propiedad inmobiliaria.

El 70% de los afectados está excluido

El Real Decreto que aprobó el Gobierno en enero que incluye medidas urgentes de protección de los consumidores en materia del suelo no logrará reducir el impacto previsto del número de reclamaciones que llegará a los juzgados en los próximos meses. Eso es lo que alerta el COAPI, que también recalca que las demandas por otro tipo de productos financieros también acabarán en los tribunales.

Y es que el decreto excluye a la inmensa mayoría de los afectados. Según explica Eugenio Ribón, abogado especialista en Derecho de Consumo y uno de los pioneros en la reclamación de productos bancarios, “el decreto del Gobierno parece más un salvavidas para la banca que un remedio para el maltrecho consumidor”.

En su opinión, la norma deja fuera a un 70% de afectados por las cláusulas suelo, considerando que hay 1,7 millones de préstamos con esta condición y una de cada tres familias están afectadas por ella. Así, el decreto atenderá únicamente a un 30% de consumidores.