Madrid digitalizará la tramitación de las demandas de las cláusulas abusivas de las hipotecas

La Comunidad de Madrid prepara cambios tecnológicos para acelerar la tramitación de las demandas de las cláusulas abusivas de las hipotecas y reducir tanto los costes como los plazos de la Administración.

Según ha podido saber idealista/news, el Gobierno regional está trabajando en el desarrollo de un ‘software’ que beneficiará tanto a los ciudadanos como a la justicia madrileña y está canalizando el proyecto a través de Madrid Digital, el brazo informático de la Comunidad de Madrid, bajo petición de la Dirección General de Recursos Humanos y Relación con la Administración de Justicia, un organismo que depende directamente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

La robotización de las demandas de los consumidores contra la banca por las cláusulas abusivas de las hipotecas afectará a todo tipo de reclamaciones; ya sean las cláusulas suelo, la cláusula del vencimiento anticipado, los intereses moratorios, los gastos de formalización de hipoteca, las hipotecas multidivisa o las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

El objetivo de digitalizar el procedimiento es acelerar la tramitación de expedientes y reducir tanto el volumen de trabajo como los costes que asume actualmente el Juzgado de Primera Instancia n.º 101 de Madrid, cuya sede se encuentra en el número 12 de la Gran Vía de la capital y que desde 2017 es el encargado de recibir y resolver las reclamaciones de toda la región. 

Según los cálculos del equipo liderado por Isabel Díaz Ayuso, la automatización de las tareas más repetitivas y manuales permitirá reducir hasta 22.000 horas anuales de trabajo de la Administración judicial, incrementando a la vez su productividad. Asimismo, el proyecto también busca reducir errores, mejorar el control de datos y agilizar la resolución de la oleada de demandas de los consumidores contra la banca en esta materia.  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) afirmaba en su memoria de 2022 que, solo durante dicho ejercicio, el juzgado especializado en cláusulas abusivas de la calle Princesa tuvo una entrada de 7.350 demandas y dictó 12.628 sentencias, habiendo resuelto un total 14.736 procedimientos y quedando pendientes 60.974 asuntos hasta esa fecha. Por otro lado, había elevado a la Audiencia un total de 3.302 recursos de apelación, que para entonces ya tenía más de 5.200 casos pendientes de evaluar.

Mientras, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran el ingreso de 3.202 nuevos casos en el juzgado madrileño entre enero y septiembre de 2023, así como la resolución de unos 7.300 expedientes y más de 56.800 en trámite.

De un juzgado a una sola unidad

La apuesta por la tecnología de la Comunidad de Madrid en la tramitación de las demandas por cláusulas hipotecarias abusivas llega tras la luz verde definitiva al proyecto de la Ciudad de la Justicia en el barrio de Valdebebas de la capital, que llevaba paralizado más de dos décadas.

Según anunció el Ejecutivo autonómico a principios de febrero, este complejo contará con más de 400.000 m2, entre superficie construida sobre y bajo rasante, y permitirá unificar las 26 sedes de la Administración de Justicia que hay repartidas por la capital. La publicación de los pliegos de la licitación está prevista en este primer trimestre del año, mientras que su adjudicación se espera para verano. La inversión prevista en la construcción, que se desarrollará en tres fases, ronda los 680 millones de euros.

A pesar de que la Ciudad de la Justicia no estará terminada completamente hasta finales de 2028, los traslados de los servicios serán graduales. Es decir, se irán llevando a cabo a medida que los inmuebles estén disponibles. Según los cálculos oficiales, el proyecto dará un servicio a más de 30.000 personas, entre personal de la Administración y ciudadanos, y permitirá un ahorro de costes a las arcas madrileñas de unos 2.000 millones de euros en un plazo de 40 años, derivado de factores como el alquiler de las instalaciones actuales o la factura energética que proporcionarán unos inmuebles más eficientes, y que dispondrán de cubiertas verdes, jardines verticales o placas solares. 

Dentro de este proyecto, concretamente en la segunda que se ejecutará entre octubre de 2026 y septiembre de 2027, está contemplado un espacio dedicado exclusivamente para las cláusulas abusivas hipotecarias, aunque desde el Gobierno regional esperan que, gracias a la llegada de este ‘software’ digital, lo que actualmente tramita un juzgado pueda hacerlo una sola unidad en un futuro.  

Los juzgados especializados llegaron en 2017

Tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 1 de junio de 2017 empezaron a operar los juzgados provinciales especializados en las cláusulas abusivas de las hipotecas. Su misión era evitar el colapso de la justicia ordinaria ante la oleada de reclamaciones de los consumidores contra la banca por las cláusulas suelo, la cláusula del vencimiento anticipado, los intereses moratorios y otras cláusulas abusivas.

A finales de 2020, dejaron de operar los primeros nueve juzgados (Zaragoza, Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja), dado el escaso volumen de asuntos pendientes de resolver que tenían entonces y de nuevas demandas que estaban recibiendo. Desde entonces han ido desapareciendo poco a poco más juzgados provinciales y de momento solo están activos en Alicante, Álava, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, Toledo, Valencia y Valladolid. El juzgado madrileño es el único que cuenta con una prórroga para todo 2024, mientras que la actividad de todos los demás se ha renovado de momento hasta junio, aunque podría ampliarse.