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La gestora de cooperativas Domo se rinde: disuelve su socimi por el impacto de la nueva ley del alquiler

Los cambios legales impiden a la sociedad ejecutar su plan de negocio y cumplir previsiones

Edificio de Vallecas que pone en venta / Domo Activos
Edificio de Vallecas que pone en venta / Domo Activos
Autor: Redacción

Domo Activos se ha convertido en la primera socimi cotizada española que decide de forma voluntaria abandonar este régimen fiscal que tanto ha impulsado la recuperación del mercado inmobiliario. Y lo hace por una razón concreta: la ley de alquiler que entró en vigor en marzo que le impide cumplir su plan estratégico.

Así se lo ha comunicado el vehículo de inversión de la gestora de cooperativas Domo al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que llevará esta propuesta a una junta de accionistas extraordinaria convocada para el 19 y 20 de diciembre.

Según el documento remitido por la sociedad, Domo renuncia al régimen fiscal de las socimis y solicita el cambio de segmento dentro del MAB. Así, su plan pasa por moverse al segmento 'empresas en expansión', donde cotizan las pymes que buscan visibilidad y recursos para hacer crecer su negocio, por lo que pretende seguir cotizando en el mercado alternativo. Además, la socimi modificará los estatutos sociales, actualizará su plan de negocio a su nueva realidad, aprobará una reducción de capital y venderá un activo esencial en su cartera.

Este cambio de rumbo se produce por una única razón: los efectos que tiene para la compañía la ley del alquiler que entró en vigor en el primer trimestre del año.

La sociedad basaba su plan de negocio en la adquisición de dos suelos finalistas para promover viviendas que eran destinadas al alquiler y posterior enajenación, rotando los activos e incorporando a su valor añadido el beneficio promotor en unos plazos de entre cuatro y seis años. Sin embargo, las modificaciones legales habidas en este último año han supuesto un cambio en la regulación de los arrendamientos urbanos en varios aspectos, como la duración de los contratos (que pasa de tres a siete años en el caso de una persona jurídica), la limitación de las garantías y la posibilidad de intervenir de manera directa o indirecta los precios de los alquileres de viviendas. Ello ha incidido en la ejecución del plan de negocio", explica el vehículo de inversión en el documento.

Principalmente, el impacto en su negocio de la nueva normativa se produce en tres aspectos:

  • El cumplimiento de los compromisos asumidos con las entidades que han financiado la promoción de los activos de la sociedad
  • El plazo de disponibilidad de los activos para la venta en las condiciones inicialmente previstas y su incidencia en el fondo de maniobra de la sociedad
  • El incremento de costes del Contrato de Gestión en la Fase II, que devenga honorarios por un plazo de 7 años, en lugar de 3 años

"Estas circunstancias que inciden negativamente en los resultados de la sociedad se trasladan a los retornos esperados por los accionistas en base al plan de negocios inicial", añade el vehículo, que puntualiza que "sin hacer ninguna consideración hacia el contenido, oportunidad o idoneidad de las medidas para los legítimos fines perseguidos, lo cierto es que se produce una modificación de la regulación cuyo análisis ha puesto de manifiesto consecuencias significativas", lo que afecta a las "legítimas expectativas de los inversores". Por ejemplo, uno de los compromisos de la socimi era rotar los activos al tercer o cuarto año, una posibilidad que se diluye con la nueva duración de los contratos. 

Una de las consecuencias de que Domo decida abandonar el régimen de socimis es que tendrá que responder ante Hacienda por los beneficios fiscales a los que se ha acogido desde que se constituyó en 2015, aunque en este sentido la sociedad sostiene que "el Consejo de Administración considera que el gravamen que supone la renuncia a los beneficios fiscales que tal decisión conlleva es compensada con los beneficios que proporciona la libertad de elección de la forma de comercialización y del momento de acometer la desinversión". 

Y en lo que a desinversión se refiere, la compañía pretende vender el edificio resdidencial que ha construido en el Ensanche de Vallecas (Madrid), que incluye 80 viviendas, zonas comunes ajardinadas, piscina, zona de juego para niños y sala de reuniones. Este proyecto se levanta sobre un suelo que adquirió a Sareb hace más de dos años y que sacará al mercado por un precio mínimo de 24,7 millones de euros. 

Por tanto, el único activo que se quedará en cartera es el edificio de oficinas de Metro situado en el distrito de Retiro de la capital que adquririó en julio por 14 millones de euros.