El Instituto Juan de Mariana vuelve a cargar contra las deficiencias fiscales en España. Según su último informe, nuestro país está a la cola del índice de la OCDE que mide la seguridad jurídica de los contribuyentes.
En concreto, registra una puntuación global de 5,47 sobre 10, la segunda más baja de los países desarrollados, tras la de Grecia (5,02).
También están en la zona baja de la tabla países como Corea, Portugal, Francia o EEUU, todos con una nota inferior a 6. En cambio, los cinco primeros puestos los ocupan Estonia (único país con una nota superior al 9), Lituania (8,66), Nueva Zelanda (8,41), Letonia (8,23) y México (8,23). El 'top 10' lo completan República Checa (8,19), Eslovaquia (7,75), Irlanda (7,66), Australia (7,62) y Canadá (7,58).
Los demás países de la OCDE ya registran puntuaciones inferiores a 7,5 sobre 10, como Israel, Japón, los países nórdicos, Italia o Reino Unido. En la clasificación no aparecen países como Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Luxemburgo o Turquía, al no haber datos comparables de las cuatro variables analizadas para elaborar el índice.
Según detalla el 'think tank', el Indicador Sintético de Seguridad Jurídica de los Contribuyentes "ofrece una medición integrada de la competitividad fiscal y la estabilidad institucional en materia tributaria", combinando varias variables: "la competitividad fiscal en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre la riqueza, junto con los indicadores del informe ISORA 2024, que recogen el número de casos internos iniciados por la administración tributaria y el porcentaje de resoluciones judiciales favorables a la propia Administración". Estas cuatro dimensiones, añade el instituto, "ofrecen una visión combinada de la carga fiscal efectiva, la estabilidad normativa y la capacidad institucional del sistema tributario".
Teniendo en cuentas estas directrices, el estudio recalca que Estonia, Lituania y Nueva Zelanda "combinan sistemas fiscales simples, tipos moderados y una administración tributaria estable, con escasa conflictividad judicial y un alto grado de coherencia normativa". En cambio, otros como España y Grecia "comparten los peores rasgos posibles: una elevada presión fiscal, una regulación compleja y un entorno de inseguridad jurídica derivado de la falta de estabilidad y de la alta litigiosidad".
En el caso concreto de España, indice en que las "debilidades estructurales se concentran en el Impuesto sobre el Patrimonio, donde obtiene una de las peores valoraciones, y en la baja proporción de resoluciones judiciales favorables a la Administración Tributaria, circunstancia que sugiere una elevada conflictividad y un marco legal poco predecible". Y añade que "a todo ello hay que sumarle una estructura del Impuesto sobre la Renta compleja y de elevada progresividad, que incrementa la presión sobre las rentas medias y altas".
En comparación con las economías más competitivas, "España sigue mostrando un sistema tributario más propenso a la incertidumbre normativa y a la litigiosidad, factores que limitan su atractivo para la inversión y la movilidad del talento", concluye el Instituto Juan de Mariana.
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