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El Gobierno, ahogado en un tsunami de alegaciones contra el borrador del decreto del 'impuesto al sol'

Asociaciones de empresas de energías renovables, consumidores y ecologistas se han volcado en la presentación de alegaciones contra el borrador de Real Decreto sobre el Autoconsumo energético elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Sus principales peticiones pasan por un cambio de rumbo en la política y una apuesta firme por el ahorro, las energías renovables y el consumo propio en los hogares y empresas.

En un formato atípico, el Ministerio ha recogido directamente las alegaciones presentadas al borrador que ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), cuando por lo general es la propia CNMC la que recibe las argumentaciones de las empresas y particulares afectados por una normativa que le envía el Ministerio de turno.

Por ello y porque la forma en que el Gobierno quiere regular el autoconsumo lleva levantado polémica desde hace años, las quejas han inundado la cuenta del Ministerio hasta el 24 de junio, fecha en la que se cumplía el plazo para entregar las alegaciones. “Solo desde nuestra plataforma se han enviado más de 40.000 peticiones”, afirman desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Plataformas de recogidas de firmas contra el llamado “impuesto al sol” han superado las 150.000 solicitudes para cambiar la ley.

Sin embargo, la cuenta de correo oficial parece llevar colapsada desde el 23 de junio por la tarde y varias asociaciones ya han pedido una ampliación de plazo.

La lucha contra los "peajes al sol"

Las principales reclamaciones se basan en la discriminación que se produce respecto a otras medidas de ahorro y eficiencia energética. Solicitan eliminar los impuestos y peajes que se imponen a quien ya hace un esfuerzo por adaptar su vivienda a la generación distribuida (crear y consumir energía desde puntos cercanos para evitar pérdidas y que favorecen el ahorro), que hacen inviable que la gente apueste por el autoconsumo.

Entre esos pagos, se mantiene el llamado “peaje al sol”, con el que se cobra a los consumidores que siguen conectados a la red general, negando la entrada del balance neto, volcando energía al sistema a cambio de obtener energía del sistema.

"Si entra en vigor, la nueva ley supondrá la paralización de un sistema de producción y consumo de electricidad más barato y más respetuoso con el medioambiente", señalan desde Facua-Consumidores en Acción.

Además, los denunciantes piden acabar con los gravámenes por el uso de baterías, que permiten acumular la energía para poder usarla en los momentos donde se pueda consumir la energía renovable (sol o viento).

También piden que no se prohíba a los beneficiarios del bono social o el Precio Voluntario del Pequeño Consumido (PVPC) poder contar con un sistema de autoconsumo y que se tengan en cuenta las resoluciones de las instituciones europeas, la Defensora del Pueblo o la propia CNMC que han mostrado su disconformidad con la política adoptada por el actual Gobierno sobre el autoconsumo de energía.

El Gobierno sigue en sus trece

Mientras tanto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió en el Senado “que el actual Ejecutivo es el primero que regula el autoconsumo”. El titular de la cartera de energía no parece darse por enterado de las protestas contra el borrador y mantuvo la postura del Gobierno. “La actual normativa ya establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores si siguen conectados a la red general. Con ello se pretende evitar la generación creciente de un desfase entre los ingresos y costes del sistema, conocido como el déficit del sistema eléctrico”, concretó Soria.

“La propuesta de Real Decreto sí permite el autoconsumo de energía eléctrica, no lo imposibilita”, afirmó en una interpelación en la Cámara Alta. “No se crean cargos nuevos sino lo que se pretende es que todos los consumidores estén en igualdad de condiciones y no se produzcan subvenciones entre ellos”, defendió.

La Fundación Renovables responde al ministro que el “autoconsumo es un instrumento clave para la democratización de la energía como derecho ciudadano en general y no sólo de los de mayor poder adquisitivo, tal y como insinúa el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo que consecuentemente pretende gravarlo y regularlo de forma disuasoria”.

Esta plataforma ha llegado a pedir a la Comisión Europea “que determine un marco regulatorio comunitario para evitar iniciativas como la del Gobierno español en contra de la democratización de la energía”.

Cómo continúa la tramitación

Tras este trámite de presentación de alegaciones al borrador de Real Decreto sobre el Autoconsumo, el Ministerio está obligado a responder a estas cuestiones, según fuentes de la UNEF. A su vez, el Ministerio de Industria esperará las conclusiones de la CNMC.

Tras analizar las consideraciones del organismo, que ya ha expresado la necesidad de apostar por el autoconsumo para mantener el sistema eléctrico, el Ministerio mandará el borrador al Consejo de Estado. La potestad de ambas instituciones es meramente consultiva, por lo que el Gobierno puede decidir si hacer caso a sus peticiones o no.

Tras el Consejo de Estado, el proyecto de Real Decreto sobre el Autoconsumo pasará al Consejo de Ministros para su posterior publicación en el BOE y entrada en vigor. Las distintas asociaciones esperan que el Gobierno recapacite, dé marcha atrás a este borrador y no fuerce la máquina para aprobar este polémica ley antes del fin de la legislatura.