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Colau abre expediente al dueño del edificio okupa La Rimaia por mantenerlo vacío

Autor: Redacción

El edificio situado en la Ronda de Sant Pau, 12 de Barcelona, más conocido como La Rimaia, no ha tenido inquilinos desde que se construyera en 1992. Es por eso que el ayuntamiento de la ciudad ha iniciado un expediente sancionador contra el dueño, Santiago Cardete. La razón por la cual el propietario podría ser sancionado con hasta 500.000 euros apela al artículo 41 de la Ley del Derecho a la Vivienda, que alega incumplir la función social del inmueble.

Durante todos estos años, algunos pisos del edificio han sido ocupados de forma ilegal pero, según el ayuntamiento, eso no justifica haber estado incumpliendo la ley. Por su parte, el consistorio argumenta haber ofrecido fórmulas para destinar las viviendas a alquiler social y que el propietario, quien ha intentado reconvertirlo en hotel o pisos turísticos sin éxito, ha ido rechazando de forma reiterada. El bloque se sumaría al plan que el consistorio está llevando a cabo para acabar con pisos vacíos en la ciudad.

El mismo expediente se ha abierto para cinco viviendas de la finca y se enfrentaría a multas represivas con importes de 5.000 euros por vivienda en un inicio. Supondría eso un total 25.000 euros de multa en un principio. Si no se consiguiera corregir la situación, la sanción pasaría a una segunda escala de 10.000 euros por piso (50.000 euros en total). Si el dueño no tomara medidas durante el procedimiento, la sanción podría saltar a 100.000 euros por inmueble (500.000 euros en total). Mientras, el propietario tiene opción de presentar documentación que pruebe su defensa. 

El inmueble se construyó en 1992, obra de la promotora Camat, S.L., en el barrio del Raval. Se anunció como "pisos de alto standing de 200m2". En 2006, Santiago Cardete puso a la venta los pisos por 450.000 euros. Nunca vendió ninguno. En todo este tiempo, el bloque ha tenido inquilinos de forma ilegal y los Mossos han dado orden de desalojo hasta en cinco ocasiones. La última, el pasado 31 de octubre, y el Ayuntamiento solicitó suspender la orden ya que vivían tres familias con menores y consideró que presentaban "una vulnerabilidad grave". La Fiscalía, por su parte, se mostró conforme con la suspensión de la orden de desalojo.