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De la Serna a Colau: no habrá modificación legal para limitar el precio del alquiler

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / Ayuntamiento de Barcelona
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / Ayuntamiento de Barcelona

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se desplazó ayer hasta Barcelona para reunirse por primera vez con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para tratar aquellos temas que el Ayuntamiento fija entre sus principales prioridades: acelerar las obras de la Sagrera y fomentar el papel municipal en el mercado de la vivienda. 

Colau celebró la actitud de la Serna a diferencia de su predecesora, Ana Pastor. O, al menos, mayor predisposición al diálogo al reunirse en Barcelona con el gobierno municipal. Para la alcaldesa había dos temas pendientes con la cartera de Fomento del Gobierno central. El primero implicaba a las infraestructuras pendientes, como reactivar las obras de la futura estación de la Sagrera, llamada a ser la estación central de Alta Velocidad en Barcelona y eje central de la restructuración urbanística de varios barrios implicados, cuyas obras actualmente se encuentran prácticamente paralizadas.

Reactivar inversión en infraestructuras

El ministro se comprometió a retomar las obras antes de verano. Con todo, Colau quiso dejar constancia que se mostrará "prudente" hasta que no compruebe la reanudación. "Seremos exigentes con el cumplimiento de su compromiso", advirtió la alcaldesa. La Sagrera es una construcción a gastos compartidos entre Generalitat (un 25%), Ayuntamiento (25%) y, quien más peso tiene, Fomento, con un 50%.

Las obras trajeron consigo hallazgos arqueológicos y también irregularidades en los contratos vinculados a ella. Todo ello intervino en un calendario con reiteradas demoras. Pero ahora, desde Fomento, aseguran que antes de verano, sin concretar mes, retomarán la zona de la rambla de Prim, con un coste de 10,5 millones de euros, y para el tercer trimestre del año lo harán con la gran losa de la estación que frenará la presión del agua freática.

Otro de los acuerdos que celebraron ayer fue en materia de transporte público metropolitano. La alcaldesa destacó que el recién presentado Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado incluyera 10 millones de euros que favorecen a las administraciones catalanas en la financiación de las tarifas del transporte público. De esta forma, se congelan las tarifas, se amplía el transporte gratuito hasta los 16 años y crean tarifa especial para personas en el paro. 

Vivienda, choque de intereses

A nivel de vivienda hubo encuentros y encontronazos. Si bien Colau aplaudía la partida presupuestaria para transporte, lamentaba que el Estado haya reducido más de un 70% la inversión en materia de vivienda durante los últimos diez años. "Es un importe que queda lejos de la media europea, y se trata de una preocupación especialmente en las grandes ciudades", dijo Colau. El Ayuntamiento, un equipo marcado por la lucha habitacional, expresó sus "sobreesfuerzos" en este campo: "hemos multiplicado por cuatro la inversión en vivienda, un tema básico para la población", declaró Colau. 

El gobierno municipal, siendo la segunda ciudad más cara de España, trasladó al ministro la necesidad de regular los precios en un mercado que se hace "inasumible para las clases medias en Barcelona". "Un índice de referencia en Barcelona es urgente", manifestó la alcaldesa. De la misma forma, reclamó el nuevo borrador para el Plan de Vivienda 2018-20121 incluyera una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en lo que a duración de los contratos se refiere. Pasar de los actuales tres años a cinco años. 

El ministro, por su parte, adelantó algunos apuntes del borrador del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021. Será una prórroga del firmado en 2016 pero con algunas pinceladas de cambios. Por ejemplo, de la Serna avanzó que incorporaría criterios más sociales, motivado por las sigerencias de diferentes comunidades autónomas, y ampliará el límite para acceder a las ayudas en alquiler: de una renta mensual de 600 euros a 900 euros.

Pero no todo fueron buenas noticias. El ministro no declaró ningún punto que afectara al posible índice regulador del precio del alquiler que el ayuntamiento lleva meses trabajando, una regulación que depende del Estado, hasta que un periodista le preguntó en la rueda de prensa. Y su posición fue contundente: no habrá modificación legal en la LAU. Ni para la limitación del precio de los alquileres ni para la duración de los contratos.