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Cataluña obligará a que el índice de precios de alquiler figure en anuncios de casas y contratos

Fuente: Gencat
Fuente: Gencat

El Gobierno de Cataluña se arremanga y baja al barro para instalar medidas que mejoren el acceso a la vivienda. La Generalitat ha aprobado un decreto para hacer frente al déficit de viviendas de protección pública de alquiler, tener más instrumentos para combatir las situaciones de emergencia y propiciar una moderación de los precios del alquiler de las viviendas libres. Entre las nuevas obligaciones, una de las que más impactarán en el mercado inmobiliario residencial es que el Govern ha decidido que el índice de precios de alquiler figure en anuncios de casa y en los contratos que se formalicen.

El nuevo Decreto Ley incluye medidas para propiciar una moderación de los precios del alquiler de las viviendas del mercado libre a través del índice de referencia del precio del alquiler, que informa sobre la media del precio del alquiler de una vivienda de características similares en el mismo entorno urbano.

El Decreto Ley dará rango y efectos legales a este índice y su consignación será obligatoria en todos los anuncios de publicidad y en los contratos de alquiler de las viviendas. La Generalitat tendrá en cuenta este índice en el desarrollo de las políticas públicas y sólo los arrendadores de las viviendas alquiladas con rentas inferiores a este índice se podrán beneficiar de las ayudas públicas dirigidas al fomento del alquiler.

A grandes rasgos, el decreto ley tiene como objetivo diferentes medidas destinadas a incrementar tanto los patrimonios públicos de suelo, como los parques públicos de vivienda de alquiler, así como el parque privado de protección pública y de alquiler en toda Cataluña a través de la introducción de nuevos condicionantes para hacer permanente la duración de la protección oficial. Estas son las medidas que ha decidido implantar como órgano de control:

1-Incrementar el patrimonio público de suelo y de vivienda con destino a viviendas de protección pública  

La Generalitat tendrá derecho de compra preferente en el caso de compraventas (que incluye o implica conmutación de prestaciones recíprocas, en oposición a lo lucrativo) de suelos privados que formen parte de las reservas de protección pública o de edificios con viviendas arrendadas que se vendan en bloque.

También se establece una nueva regulación que permite tanto a los ayuntamientos como la Generalitat adquirir suelos mediante el derecho de tanteo y retracto o mediante la expropiación forzosa y destinarlos específicamente a construir viviendas de protección pública. En caso de que ya haya viviendas construidas, les permite destinarlos a este régimen de protección, aunque el planeamiento urbanístico no lo especifique.

2-Incrementar el parque público de viviendas de alquiler 

El Decreto Ley prevé que los municipios con demanda residencial fuerte y acreditada impulsen, en el plazo de dos años, la construcción de viviendas de protección pública sobre solares disponibles de su patrimonio para destinarlos prioritariamente al régimen de alquiler.

Además, las administraciones están obligadas a mantener la titularidad pública de los suelos con destino a vivienda de protección pública que obtengan por cesión en las actuaciones urbanísticas y destinar las viviendas también al alquiler. El decreto también prevé la posibilidad de modular la forma de efectuar estas cesiones para que permitan financiar la construcción de estas viviendas.

3-Incrementar el parque de viviendas privadas de alquiler y las viviendas privadas de protección pública

Se incluye la posibilidad de que los planes urbanísticos destinen terrenos para la construcción de viviendas plurifamiliares específicamente de alquiler. Asimismo, se mejora la posibilidad de destinar parcialmente los edificios a viviendas de protección pública (en suelo urbano consolidado) para conseguir viviendas más adecuados a las necesidades sociales y propiciando una oferta más variada.

También se contempla que en el caso de promociones privadas que hayan recibido algún tipo de ayuda pública haya una cobertura total por parte de la Generalitat de los alquileres impagados y que los adjudicatarios tengan prioridad en la percepción de las ayudas al pago del alquiler.

4-Nuevos condicionantes para que la calificación de las viviendas con protección oficial sea permanente 

El decreto establece que, a partir de su entrada en vigor, la calificación de las viviendas con protección oficial será vigente mientras concurran alguna de las dos circunstancias: que el planeamiento urbanístico los reserve al uso de vivienda de protección pública o que formen parte de un patrimonio público de suelo y de vivienda. En el resto de circunstancias, la duración podrá ser determinada.

También se fijará un régimen transitorio para las viviendas que ya tengan la calificación definitiva de protección oficial o que estén en trámite para obtenerla. En el primer caso, si las viviendas están construidas sobre suelos públicos, la duración de la calificación pasa a ser permanente. En el segundo caso, se aplicará la duración permanente si se encuentran sobre suelos públicos o de reserva, aunque ya hubieran obtenido la calificación provisional.

Además, la Generalitat ha introducido nuevos criterios para la determinación de los precios de las viviendas con protección oficial y para la adjudicación de los de alquiler.

5-Atender las situaciones de exclusión residencial

El segundo objetivo del gobierno catalán con este decreto es combatir las situaciones de emergencia y los desahucios. La nueva normativa prevé que los pisos de personas jurídicas que lleven más de dos años vacíos y los que forman parte de edificios en construcción pendientes de finalización desde hace más de dos años con obras ejecutadas en más del 80% se deberán inscribirse en el Registro de viviendas vacías y ocupados sin título habilitante. 

Contra estas situaciones anómalas, se podrán imponer multas coercitivas a parte de la posibilidad de que la Generalitat y los ayuntamientos puedan expropiar a precio reducido por incumplimiento de la función social de la propiedad.