Prorrogar el límite al alquiler hasta diciembre costará más de 1.700 millones a los propietarios

Finalmente, tras el esperado anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el nuevo paquete de medidas para hacer frente al alza de la inflación derivada de la guerra en Ucrania se alargará hasta el 31 de diciembre. A las nuevas iniciativas, como la de reducir el IVA del recibo de la luz del 10% al 5%, la ayuda directa de 200 euros para autónomos y desempleados o reducir entre un 30% y un 50% los distintos abonos de transporte, se suma la prórroga de todas las medidas aprobadas en el primer decreto del pasado 29 de marzo.

Entre ellas, el tope del 2% a la subida de los alquileres cuando toque la revisión anual del contrato de arrendamiento. Por lo tanto, la renovación de los alquileres sigue desvinculada del Índice de Precios al Consumo (IPC) y se mantiene durante seis meses más el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que desde su puesta en marcha limita el incremento de las rentas al 2%.

Esta medida extraordinaria ha sido muy criticada por el sector inmobiliario y ya está suponiendo un coste para los propietarios de viviendas, sean grandes o pequeños tenedores. Si solo con el decreto inicial de marzo, el impacto ha podido alcanzar los 560 millones de euros, tras el anuncio del presidente Sánchez de alargar la medida seis meses más, hasta el 31 de diciembre, habría que añadir otros 1.160 millones de euros, según el estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

El último dato conocido de la inflación se ha disparado hasta el 10,2%, su tasa más alta desde abril de 1985, en referencia al dato adelantado del mes junio publicado este miércoles. Es 1,5 puntos porcentuales más alta que la del mes de mayo, cuando cerró en el 8,7%.

2,6 millones de contratos afectados por el tope del 2% a la subida de los alquileres

De los más de 3,5 millones de contratos de arrendamientos de viviendas firmados en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Gobierno ya estimó que el primer paquete de medidas aplicado desde marzo afectaría sobre una cuarta parte, unos 875.000 alquileres, en los tres primeros meses de vigencia. Por lo tanto, otros seis meses más, hasta el 31 de diciembre, supondría entonces multiplicar por tres esta estimación, hasta superar los 2,6 millones de contratos afectados por el tope del 2% a la subida de los alquileres.

Para calcular este impacto en el mercado de arrendamiento, se ha vuelto a emplear la diferencia entre la subida de la renta que se podría haber dado con la última tasa de inflación conocida, el dato del IPC adelantado de junio, que ha alcanzado el 10,2%, según la reciente estadística publicada por el INE, y el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), con el tope del 2%.

Pese a que actualmente, el último dato del IGC publicado de junio, correspondiente al mes de abril, ha cerrado con una variación del 4,05%, dado el impulso de la inflación en el conjunto de la Unión Europea, la Ley de desindexación de la economía española de 2015 mantiene que “cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del BCE (2%), se tomará este valor como referencia”. 

Por tanto, lo que está suponiendo este límite a la subida de las rentas frente a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de forma general, sumará en los nueve meses de vigencia, conocidos hasta el momento, unos 1.722 millones de euros. Estas son las pérdidas que registrarán los propietarios al no poder aplicar el IPC.

En el texto del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado de forma extraordinaria el domingo 26 de junio, el Ejecutivo afirma que “teniendo en cuenta la evolución reciente del Índice de Precios al Consumo, es preciso extender la aplicación de las medidas de limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, con objeto de evitar en un mismo contrato un excesivo impacto en las personas y hogares arrendatarios de vivienda de la evolución de una referencia cuya variación está obedeciendo a elementos del contexto nacional e internacional que son ajenos al ámbito del arrendamiento de vivienda”.

1.160 millones de impacto en el alquiler entre julio y diciembre

A los inquilinos que les toque la revisión anual de su contrato de alquiler en julio seguirán aplicando la actual limitación del 2% en la renovación de las rentas. De media, les va a suponer un incremento medio de sus alquileres en torno a 162 euros durante el próximo año, según el estudio de idealista, tomando como referencia una vivienda tipo piso de dos dormitorios alquilada un año antes en las capitales analizadas.

El precio mediano en España de una vivienda en alquiler de esta tipología alcanzó los 675 euros al mes en julio de 2021, por lo que la renta actualizada con esta subida del 2% ahora se sitúa en 689 euros mensuales de media, 14 euros más al mes.

Si se aplicara, por otro lado, la última tasa de inflación conocida, el reciente IPC adelantado de junio, la nueva renta actualizada daría un alquiler medio de 744 euros/mes, lo que suponen 69 euros más al mes y un acumulado de 826 euros anuales de media nacional.

La diferencia entre esos 162 euros anuales de subida con la actual renovación del contrato de alquiler con el tope del 2%, y los 826 euros que hubiera supuesto con el último IPC, alcanzaría los 664 euros anuales.

Los alquileres de San Sebastián, Barcelona, Bilbao, Palma y Madrid son los que más van a notar la diferencia tras la actualización de las rentas. El precio mediano en estas capitales, con el actual límite del 2% en el incremento del alquiler, van a quedar en 918 euros al mes en San Sebastián, 867 euros/mes en las capitales catalana y vizcaína y 816 euros/mes en Madrid y Palma, respectivamente.

Si se aplicara, sin embargo, la última tasa de inflación publicada, las nuevas rentas se habrían colocado en 992 euros/mes en la capital guipuzcoana, 937 euros/mes en Barcelona y Bilbao, y 882 euros/mes en Palma y la capital española. La subida anual de los alquileres en San Sebastián, Barcelona o Bilbao hubiera superado los 1.000 euros al año.