Cobros desorbitados, decisiones a espaldas de los vecinos y una gestión opaca. En algunas comunidades de propietarios, el presidente puede acabar convirtiéndose en una figura autoritaria que actúa más como un jefe de estado que como un representante vecinal. Es el caso de un presidente en Estepona, que llegó a asignarse un sueldo de casi 87.000 euros anuales (el de un ministro) sin control ni consenso. Este ejemplo extremo es solo la punta del iceberg de una realidad que afecta a muchas comunidades: el abuso de poder. En este artículo te explicamos cómo detectar estos comportamientos, qué medidas tomar para protegerse y cómo hacer valer los derechos de los propietarios.
