La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que el impuesto a las grandes fortunas es "un freno a la inversión", que ya únicamente con su debate está afectando a la llegada de capital a regiones como Madrid o Andalucía.
Durante su intervención en el XXIX Encuentro del Sector Financiero organizado por la empresa Deloitte y el diario 'ABC', que se celebra bajo el título 'Retos y oportunidades de un sector en transformación', Ayuso ha sostenido que es "una tremenda irresponsabilidad" impulsar este impuesto y además hacerlo vía enmienda, con lo que no se acompaña de "ningún informe ni estudio de impacto económico".
Por otra parte, la jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado el nuevo impuesto a la banca cuyo único objetivo es "recaudar y el único resultado es empobrecer masivamente". A su juicio, "el sistema bancario español levanta admiración por todo el mundo" y no se puede tolerar "que se convierta en un saco de boxeo en el que descargar frustraciones políticas ni la excusa favorita para justificar errores en la gestión de los recursos públicos".
"Poco les importa los sucesivos avisos de organismos internacionales, la incertidumbre económica o el informe del Banco Central Europeo. Es lo que tiene tomar decisiones políticas únicamente conforme a una agenda ideológica...", ha apuntado a continuación.
A su parecer, "el impuesto a la banca no es buena idea pero es aún más preocupante es la estrategia de erosión que ha emprendido el Gobierno con toda institución que le marca los límites".
"El Banco Central Europeo ha sido nuestro principal acreedor desde que estalló la crisis del covid-19. Por eso concentra el 34% de nuestra deuda pública y, gracias a él, la prima de riesgo está a raya y podemos pagar los servicios públicos mes a mes. Nunca nadie en la historia ha sacado nada positivo de desdeñar la fuente que le proporciona energía", ha remarcado.
Ayuso ha considerado que cuando es el Gobierno "quien siembra la inseguridad jurídica" en el sector de la banca también lo atenta contra "los intereses de millones de ciudadanos y de autónomos", a los que deja "sin margen de maniobra". Así, ha incidido en que "cambiar las reglas del juego a mitad del partido es una irresponsabilidad".
"Con impuestos improvisados como el de la banca y el del sector energético, que se crean con una Ley donde se esconde como enmienda a su vez, el impuesto de Patrimonio, todo va a ir a peor. Hacerlo contra regiones como la Comunidad de Madrid y hacerlo de esta manera es de una nocturnidad pasmosa", ha manifestado.
El impuesto a las grandes fortunas avanza en el Congreso
Este tributo, que los socios de Gobierno han introducido en la Proposición de Ley que establece los impuestos temporales a energéticas y bancos, ya tiene el visto bueno de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados y este jueves se somete a votación en el Pleno del Congreso, donde también debe ser aprobado para pasar al Senado y continuar con su tramitación parlamentaria.
El bautizado Impuesto de Solidaridad afectará a aquellas fortunas que superen los 3 millones de euros (con una exención de 700.000 euros) y establece varios tramos en función del patrimonio, que van del 1,7% al 3,5%. El Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones de euros gracias a esta nueva figura tributaria temporal y calcula que afectará a unos 23.000 contribuyentes en toda España.
Los tramos que se aplicarán sobre el patrimonio neto, considerando las exenciones, son:
- El primer tramo será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,34 millones de euros.
- El segundo tramo es del 2,1% y afecta a la horquilla entre los 5,34 y los 10.69 millones.
- Para los patrimonios superiores a los 10,69 millones, se aplicará un tipo del 3,5%.
El impuesto se aplicará en los dos primeros ejercicios que se devenguen desde la entrada en vigor de la norma, por lo que podría ser aplicable ya en 2022 si la tramitación parlamentaria es rápida. Al menos este es el objetivo del Gobierno. En caso de no llegar a tiempo, el tributo se devengará en los ejercicios 2023 y 2024. La enmienda incluye una cláusula de revisión al final del periodo de vigencia para evaluar un potencial mantenimiento del tributo o su supresión. Por tanto, podría aplicarse durante más de dos años.
“El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y se exigirá mediante autoliquidación, que se deberá presentar cuando resulte cuota a ingresar”, afirma el despacho de abogados Garrigues. Y añade que “no estarán obligados a presentar declaración los sujetos pasivos que tributen directamente al Estado por no estar cedido el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio a ninguna comunidad autónoma (es decir, los no residentes), salvo que la cuota de este impuesto resulte a ingresar”.
El impuesto a las grandes fortunas también gravará la vivienda de extranjeros no residentes
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