La última medida en vivienda que analiza la Generalitat de Cataluña ya está despertando dudas entre los expertos del mundo jurídico.
El presidente del Govern, Salvador Illa, confirmó hace dos semanas que está estudiando la posibilidad de prohibir la compra especulativa de vivienda. Una propuesta que parte de Los Comuns y que llega después de que el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), consorcio en el que participan el Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana de Barcelona, haya difundido un informe que avala jurídicamente la restricción si se aplica con límites espaciales y temporales.
Sin embargo, Arantxa Goenaga, abogada y socia de AF Legis, afirma que la medida carece de base jurídica. “Comprar un inmueble con intención de obtener un beneficio económico es una práctica legítima y totalmente amparada por la ley. Penalizar una operación por su finalidad económica sería una intervención arbitraria e ideológica del mercado".
Para la experta en derecho inmobiliario, la puesta en marcha de este tipo de limitaciones supondría una grave vulneración de los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos por la Constitución Española; y podría tener un impacto muy negativo en el mercado inmobiliario catalán.
“Con casi el 95% del territorio catalán declarado zona tensionada, una restricción de este tipo podría bloquear por completo el mercado inmobiliario”, advierte la abogada.
Para poder poner en marcha una prohibición o limitación de estas características, la jurista recuerda que sería necesaria "una reforma legislativa autonómica compatible con la normativa estatal y europea", puesto que la especulación inmobiliaria no está tipificada ni prohibida en el ordenamiento jurídico español.
De momento, lo único que ha confirmado la Generalitat de Cataluña es que ha encargado informes jurídicos para evaluar la viabilidad de prohibir o limitar la compra de viviendas con fines especulativos (aquellas operaciones que no sean para adquirie una vivienda habitual), especialmente por fondos de inversión o personas jurídicas en zonas de mercado tensionado. Y que se explorarán medidas como plazos mínimos de tenencia antes de la reventa o la restricción de grandes compras en determinados ámbitos.
Unos detalles que son insuficientes, según la socia de AF Legis. "¿Qué se considera compra especulativa? ¿La adquisición de una segunda vivienda, la compra para alquilar o la compra por parte de una sociedad? Sin una definición precisa, la medida sería una fuente de inseguridad jurídica", aclara Arantxa Goenaga.
En su opinión, el foco debería estar en reforzar las políticas públicas de vivienda y no en limitar derechos individuales. “Garantizar el acceso a la vivienda corresponde a la Administración, no a los particulares. La solución pasa por aumentar la vivienda social, incentivar el alquiler asequible y proteger la propiedad frente a la ocupación ilegal. Convertir el derecho a la vivienda en un instrumento de intervención absoluta no lo garantiza; solo erosiona el Estado de Derecho y es una deriva peligrosa”, insiste la letrada.
Consumo, a favor de limitar las compras especulativas
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también ha abogado por prohibir la compra de viviendas con fines especulativos, y que la compra se destine para residir o para alquilar a precios asequibles.
Así lo señaló la semana pasada en Barcelona, en un encuentro junto a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; y la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz.
Bustinduy celebró que se estén valorando este tipo de iniciativas, algo que también debería impulsarse en el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno central.
En opinión del ministro, la especulación no es un comportamiento moral ni una decisión individual de cada agente del mercado, sino que responde a "la lógica del mercado mismo, que tiene secuestrado el parque de vivienda en el conjunto del Estado"; por lo que "es hora de actuar. Y es hora de actuar a todos los niveles", insistió.
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