El consultor inmobiliario Eduardo Molet asegura que la crisis de vivienda que atraviesa España tiene a la escasa construcción de la vivienda social como telón de fondo.
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A pesar de que en las últimas semanas el debate residencial ha girado en torno al Real Decreto-ley que prorrogaba durante dos años los contratos de alquiler y limitaba al 2% la actualización de las rentas, texto que decayó en el Congreso de los Diputados el pasado 28 de abril y que, por tanto, ha quedado sin efectos jurídicos, para el experto inmobiliario el problema no son los contratos, por lo que el foco no debería estar en una medida puntual, sino en la falta estructural de viviendas públicas.
“El verdadero fracaso es que España solo construye hoy alrededor del 10% de la vivienda social que construía en los años 50 y 60. Además, en ese mismo periodo España ha pasado de unos 25 millones de habitantes a cerca de 50 millones, sin que la construcción de vivienda haya crecido en la misma proporción, lo que ha generado una presión estructural muy superior sobre el mercado. Ese es el origen real del problema”, señala Eduardo Molet.
El consultor recuerda que, en aquellas décadas, el mercado doméstico promovía cerca de 200.000 viviendas públicas al año, mientras que en 2025 el número de calificaciones definitivas de vivienda protegida se situó en 11.104 unidades, lo que arroja un descenso cercano al 23% interanual, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).
Molet insiste en que esta evolución refleja el abandono progresivo de una política pública de vivienda capaz de responder al crecimiento de la demanda y alerta de que la tendencia al alza de los precios no se detendrá si no hay más viviendas disponibles. “Llevamos años debatiendo sobre límites al alquiler o prórrogas de contratos, pero el problema es más profundo: faltan viviendas. Mientras no aumente la oferta, los precios seguirán tensionados”, avisa.
El experto no solo critica la drástica reducción de nuevos desarrollos de viviendas públicas en los últimos años, sino que pone el acento en un modelo que se ha mantenido durante décadas y que ha ‘descapitalizado’ el parque público: la vivienda protegida se ha destinado principalmente a la venta y se ha acabado incorporando al mercado libre cuando ha terminado su periodo de protección.
“España ha cometido un error histórico: convertir la vivienda protegida en propiedad privada diferida. Se construía vivienda pública, pero se vendía, y el parque público desaparecía generación tras generación”, argumenta en este sentido.
La consecuencia de todo ello es que España es uno de los países europeos con menor proporción de vivienda pública sobre su parque residencial, con entre un 2% y un 3%. En cambio, en Austria o Países Bajos, representa entre un 20% y un 30%.
Para revertir el problema, Molet aboga por apostar por un parque público estable de alquiler, gestionado de forma profesional y basado en colaboración público-privada, y ve necesario alcanzar un Pacto de Estado por la Vivienda, que permita abordar el problema con visión de largo plazo.
“Las inversiones necesarias son enormes. Por eso no queda otra que un pacto de Estado entre partidos políticos, con consenso y una estrategia sostenida en el tiempo. La vivienda no se resuelve con legislaturas, se resuelve con décadas de planificación”, expone el experto inmobiliario. Y añade que la crisis residencial no se puede solucionar con políticas como intervenir los alquileres o prorrogar los contratos de arrendamiento, ya que ello puede generar más inseguridad jurídica y reducir la oferta disponible, y agravar más el problema que se pretende solucionar.
“La vivienda no se abarata prorrogando contratos ni aprobando medidas puntuales. La vivienda se abarata cuando se construye más y cuando existe un parque público estable y suficiente. El verdadero debate es si España quiere volver a construir vivienda social de forma seria y sostenida. Sin oferta, no hay solución posible”, concluye Eduardo Molet.
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