Vivienda okupada

Cuando Estíbaliz Kortazar gira la llave de su casa en Basauri (Vizcaya), en lugar de sentir alivio o seguridad, la invade el pánico. “Tengo ganas de llorar cada vez que entro en mi propia casa. Es girar la llave y siento terror”, explica a idealista/news la afectada. El motivo: convive desde hace meses con un inquiokupa, un inquilino que entró legalmente en su vivienda alquilando una habitación, dejó de pagar y ahora se niega a marcharse. Y no puede echarlo.

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

Se van conociendo las enmiendas de los partidos en el Congreso para la proposición de ley que quiere regular los alquileres de temporada. Sumar propone añadir la prohibición de las empresas que ofrezcan servicios orientados a la desocupación de viviendas, con multas de hasta 600.000 euros, mientras que Junts ha presentado propuestas para eliminar toda referencia al alquiler de habitaciones, por ser una competencia exclusiva de las CCAA. El PSOE, por su parte, quiere añadir a los pisos turísticos en los arrendamientos de corta estancia e imponer grandes multas si las plataformas no publican el código de referencia, además de equiparar los de temporada para aplicarles la Ley de Vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad, con dos menores a cargo, que ocupaba de forma ilegal una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La sentencia, fechada el pasado 28 de marzo, sostiene que la existencia de menores no impide automáticamente el desalojo cuando la Administración ha actuado de forma proporcionada y ha ofrecido medidas para mitigar las consecuencias del lanzamiento.

Cada vez hay más anuncios de casas okupadas a la venta. Es una práctica legal siempre que esté bien especificado que se trata de una vivienda con inquilino dentro.

El gran apagón eléctrico que afectó a España durante más de 24 horas ha dejado una secuela inesperada: al menos 20 viviendas fueron okupadas durante el corte de suministro en Badalona, aprovechando la falta de luz, sistemas de videovigilancia y telefonía. Así lo han confirmado fuentes municipales y el propio alcalde, Xavier García Albiol, quien ha denunciado públicamente la situación.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la legislación procesal, pero también otra, de interés, en el ámbito inmobiliario. Se cambian, de una manera radical, las reglas del juego para quien quiera o necesite litigar por la vía civil. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala cómo afecta, por ejemplo, a los desalojos de okupas, ya que cambiar el procedimiento judicial.

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, asegura que el hecho de que los arrendadores sean los titulares de los suministros mientras las viviendas están alquiladas puede representar un “riesgo con consecuencias inciertas”, ya que se abren múltiples vías para que inquilinos incumplidores u okupas se aprovechen de esta situación y vivan "gratis" en las viviendas. Por ello, desde la agencia recomiendan que los suministros de las viviendas alquiladas estén contratados a nombre de los inquilinos.

Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado unificar sus criterios de actuación en el caso de las usurpaciones o allanamientos de viviendas. Según lo acordado, cortar la luz o el agua en las viviendas okupadas no será considerado un delito de coacciones. Esto significa que si el propietario de una casa okupada decide dar de baja “el alta de los suministros o el abono de los mismos” no será considerado un delito de coacciones. Este acuerdo se produce en un momento en que las okupaciones siguieron creciendo en 2024: más de 16.400 casos de usurpación y allanamiento, la tercera cifra más alta de la serie del Ministerio del Interior. La provincia de Barcelona aglutinó 5.077 casos.

La venta de viviendas sin posesión irrumpe en el mercado inmobiliario español. Las casas ‘okupadas’ han pasado de ser completamente inexistentes hace unos años a suponer el 2,6% de todas las casas a la venta en España, según idealista en base a los inmuebles anunciados en el portal inmobiliario en el cuarto trimestre de 2024. En este periodo, 20.464 viviendas anunciadas reconocían sufrir un proceso de ocupación. El análisis destaca que el 8,8% de las casas en venta en Girona están okupadas, seguida por Murcia (5,5%) y Sevilla (4,7%), mientras que Barcelona (723) y Madrid (644) son las ciudades con un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de compraventa.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) ha acudido a la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo para denunciar la falta de respuesta del Gobierno de España ante la ocupación ilegal y la inquiocupación. Durante la audiencia pública celebrada en Bruselas, se abordó la problemática de la suspensión de procedimientos de desalojo y el impacto de la ocupación en los derechos de propiedad. La PAO presentó la Petición 0112/2023, centrada en la vulneración de derechos de propietarios que no pueden recuperar sus inmuebles alquilados cuando los inquilinos dejan de pagar.

El Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar una proposición de ley presentada por Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. La normativa plantea cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar estos desalojo y ha contado con al apoyo conjunto de PP y PSOE, aunque con matices. Los socialistas ya han anunciado que añadirán enmiendas al texto de los independentistas, mientras la Ley Antiokupas presentada por el Senado sigue en un cajón de la Mesa del Congreso.

Cataluña ha registrado un total de 7.009 hechos de usurpación y allanamiento de morada en 2024, copando el 42,6% del total nacional. Es la comunidad con mayores casos de okupación en viviendas, según el Ministerio del Interior.

Bafre Inmobiliaria da un paso más para aumentar su cartera de activos: comprar viviendas okupadas. Así lo ha anunciado la compañía, quien estudiará y analizará la situación de los inmuebles para ofrecer una propuesta económica a los propietarios. Si el vendedor acepta la cuantía y se completa la transacción, la compañía se hará cargo del proceso de desokupación, aunque recalcan que cumplirán con todas las normativas legales y sociales. Desde Bafre Inmobilairia catalogan esta nueva iniciativa como una “solución integral para propietarios en apuros”, y la asemejan con el programa Bafre Now, el cual consiste en comprar viviendas en el centro de Madrid en apenas siete días.

El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia al Servicio Público de Justicia que agiliza el proceso judicial en situaciones de okupación ilegal de inmuebles, ya que permite los juicios exprés. Pese a estas nuevas medidas, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) denuncian que, “aunque este mecanismo legal significa un paso más, la solución aportada de la celebración de juicios exprés no va a resolver el problema de las ocupaciones ilegales de inmuebles”. Desde la institución reclaman más modificaciones legales, para que los trámites se transfieran de forma urgente, mediante la adopción de una medida cautelar de expulsión y antes de que transcurra el plazo de 72 horas desde la denuncia por parte del propietario.

Las segundas residencias, generalmente, están deshabitadas durante largos periodos de tiempo.

En España, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto a propietarios de segundas residencias, como de vivienda habitual.Ante esta situación, contar con la ayuda de un seguro antiokupas es una herramienta indispensable para proteger tu propiedad, tus d

Si has descubierto que tu vivienda ha sido ocupada, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento.

En España, la ocupación ilegal se está convirtiendo en una preocupación latente entre los propietarios.

El edificio de Vivenio en Carabanchel ha sido liberado de okupas tras dos meses de tensiones y enfrentamientos. Bajo la supervisión de Servi-Okupa, las familias que ocupaban ilegalmente las viviendas han accedido a marcharse a cambio de compensaciones económicas. El cabecilla de la red, conocido como "el Gordo" o "el Paraguayo," ha sido detenido junto a otros organizadores, poniendo fin a un periodo de inseguridad para las 60 familias residentes legales.

La ocupación ilegal de viviendas es una preocupación creciente en España, especialmente para propietarios de segundas residencias o viviendas vacías. Uno de los aspectos más angustiosos de esta situación es el tiempo que puede llevar recuperar la propiedad, así como los costes asociados al proc

Con la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia el 19 de diciembre de 2024, se van a reducir los plazos considerablemente para los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, pero no en los casos de inquiokupación. En concreto, estos dos delitos se tramitarán bajo el procedimiento de juicios rápidos, pudiendo estos celebrarse en un plazo estimado de 15 días.

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

Enfrentarse a la ocupación ilegal de una propiedad es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Además de no saber cómo hay que proceder, la ocupación de un inmueble acarrea complicaciones legales, daños en la propiedad y posibles pérdidas económicas.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.