Vivienda okupada

Dentro de la enorme cartera de activos procedentes de la liquidación de la promotora Aifos, una de las mayores quiebras en el sector producto del estallido de la burbuja inmobiliaria, se encuentra la subasta pública de un chalet actualmente okupado muy cerca de Puerto Banús, en Marbella. Se trata de una propiedad de 282 m2 construido en la urbanización El Rodeo (La Mariposa), en una parcela de 1.000 m2 valorada en 1,3 millones de euros, pero que su precio de salida en Escrapalia se encuentra en 815.000 euros.

Vicente Magro, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha participado en una jornada organizada por la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) vivara by GCO Ventures para hablar sobre el problema de la okupación e inquiokupación de inmuebles en España y qué vías tienen los propietarios para recuperarlos. Magro ha asegurado que “uno de los problemas más importantes que existen ahora mismo en España son los retrasos en la devolución posesoria” y ha desgranado varios consejos para quienes se estén viendo afectados por este fenómeno. Por ejemplo, incluir en las denuncias o demandas los costes económicos y morales que sufren; o tener los inmuebles amueblados y con los suministros dados de alta para que sean considerados como morada y no como vivienda vacía.

El debate sobre la ocupación ilegal de viviendas en España se ha reactivado tras las declaraciones de Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, quien ha expuesto cifras, plazos y criterios jurídicos sobre esta problemática. Durante su intervención en el I Foro de Policía Local y Turismo, en Alicante, señaló que en España se producen alrededor de 16.000 okupaciones de viviendas al año, una cifra que, según explicó, pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de una reacción legislativa. El magistrado subrayó que, a día de hoy, no existe una norma que garantice la devolución de la vivienda al propietario en un plazo máximo de 72 horas.

El volumen de viviendas sin posesión que se ofertan en el mercado creció un 4,6% en solo un trimestre, según un estudio de idealista [empresa editora de este boletín] sobre los inmuebles publicados en su plataforma durante el cuatro trimestre de 2025. Entre octubre y diciembre pasado se anunciaron 24.058 viviendas okupadas, con Madrid (857) superando a Barcelona (787) como la ciudad con el mayor número de viviendas okupadas en el mercado de compraventa, aunque el 40% de estas viviendas con okupas se encuentra en Cataluña. Descubre el impacto de estos inmuebles en tu ciudad.

La vivienda ha ocupado un lugar central en la conversación pública en 2025, pero no solo por los precios, la escasez de oferta o los cambios normativos. El inmobiliario fue debate social, contenido viral, cultura pop y escenario de historias extremas que conectaron con el lector desde lo emocional, lo curioso o lo directamente sorprendente. Desde conflictos por okupación hasta casas imposibles, pasando por TikTok, Netflix o AliExpress, estas fueron las grandes temáticas que marcaron el año.

Las viviendas okupadas o sin posesión a la venta aumentan. Según un estudio de idealista, ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España. El estudio muestra que en este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en el portal que reconocían sufrir un proceso de ocupación. Cataluña concentra el 39% de todas las viviendas okupadas en venta en España, con 8.926 inmuebles en esta situación. Vender una vivienda okupada es legal , pero conlleva importantes riesgos, como no poder acceder inmediatamente a ella o no saber el estado en que se encuentra.

La Policía Nacional ha desalojado a 80 okupas un hotel NH ubicado en el municipio madrileño de Parla. Los usurpadores habían entrado en la edificación durante la mañana, ya que actualmente se encuentra en pleno proceso de reforma para su inminente reapertura. Sin embargo, los agentes han logrado expulsar a los okupas en menos de 24 horas.

La sociedad que gestiona los activos de las entidades rescatadas, y que está en proceso de traspasar su cartera a la nueva promotora pública de vivienda, tiene abiertos actualmente cerca de 3.300 procedimientos judiciales en marcha para desalojar inmuebles que están okupados de forma ilegal. Sareb tiene una vivienda ocupada por cada tres con un contrato de alquiler social vigente, y lleva años inmersa en una batalla legal para recuperar propiedades y evitar la devaluación de parte de su cartera.

Un caso extremo de okupación en Cataluña ha puesto de nuevo bajo el foco el debate sobre la eficacia de la ley y la justicia. Se trata de un joven de 22 años, vecino de Sant Boi de Llobregat, que acumula 225 denuncias y 31 detenciones por ocupar viviendas, aunque nunca ha llegado a pasar más de un día en prisión. Su “negocio” es ya conocido: exige pagos de hasta 17.000 euros para abandonar los inmuebles, y si los propietarios se oponen a abonar dicha cantidad, el okupa vende las viviendas a familias vulnerables por unos 3.000 euros.

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, ha dictado una sentencia unánime que pone en evidencia la importancia de aplicar correctamente la normativa en casos de desahucio. El tribunal ha estimado el recurso de amparo presentado por la nueva propietaria de una vivienda, cuya suspensión del lanzamiento había sido denegada por un juzgado, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley aprobada a raíz de la pandemia del covid-19 y que regula la suspensión de los desahucios por impago de la renta de hogares vulnerables.

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles una proposición de ley que modifica el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente".Eso sí, la proposición de ley se aprobará en el Senad

El Senado abordará este miércoles una Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

La okupación ilegal en España ha cambiado de cara. Ya no se trata solo de pisos abandonados en barrios periféricos, sino de chalets con piscina, villas turísticas y áticos de lujo que permanecen vacíos parte del año. Y detrás de estas ocupaciones ya no hay familias en situación de vulnerabilidad, sino redes organizadas que conocen al detalle los vacíos legales del sistema y saben cómo explotarlos. Chalets en Sitges, villas en la sierra madrileña y áticos en la costa valenciana: las redes organizadas han cambiado de estrategia y apuntan ahora a propiedades de alto valor.

Uno de los errores más frecuentes, advierte José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), es alquilar tu casa a un amigo o familiar. Porque cuando conoces al inquilino bajas la guardia: no le pides la misma documentación ni haces las mismas comprobaciones. Por eso, los expertos recomiendan mantener la mayor independencia posible entre arrendador y arrendatario. Y anunciar un piso en redes sociales puede parecer la forma más rápida de alquilarlo, pero hacerlo sin precauciones se ha convertido en una práctica de riesgo.

La alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas económicas destinada a los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, las cuales otorgarán 300 euros anuales durante un plazo máximo de tres años, lo que supone un total de 900 euros por propietario afectado. Los destinatarios serán personas físicas que sean propietarias de una vivienda localizada en Torrelodones y que sufran situaciones de impago. Además, los solicitantes deberán acreditar que han iniciado los trámites judiciales.

La Justicia de Palma ha condenado a una mujer por dos delitos: ocupar ilegalmente una vivienda e instalar una piscina de 6.000 litros en la terraza del apartamento, lo que ha provocado daños estructurales en el edificio que han puesto en riesgo al resto de vecinos. Por ello, el juez de la isla ha condenado a la okupa a pagar 8.000 euros, aunque el propietario estima que los daños “ascienden a decenas de miles de euros”.

La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en España, según el estudio de idealista en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. En este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en la plataforma que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto. Girona (8,9%) es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, mientras en los grandes mercados supone un 3,7% en Barcelona o un 2,4% en Madrid.

Los propietarios de una vivienda, cuya casa haya sido okupada, tendrán la obligación de negociar e intentar llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda contra los usurpadores. Así lo han confirmado los magistrados de Primera Instancia y de los Juzgados hipotecarios de Madrid, que han reatificado el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril.

El municipio toledano de Seseña ha sido escenario de un grave episodio de violencia que ha conmocionado a los vecinos y propietarios afectados. Una familia de okupas ha usurpado varias viviendas en un bloque de pisos, desatando el pánico entre los dueños y los trabajadores de una empresa de desokupación, que intentan mediar en la delicada situación.

La problemática de la inquiokupación está en aumento en España y tiene nuevos rostros. Uno de ellos es el de María y Fulgencio, un matrimonio jubilado de Murcia que lleva un año viviendo en condiciones indignas en el garaje de su propia casa, después de que un hombre al que alquilaron una habitación de manera temporal acabara adueñándose de su propia vivienda

La historia de Jacqueline Guillén escenifica el lado más humano y a la vez desgarrador del auge de la inquiokupación en España, un fenómeno del que cada vez hay más víctimas. Todo comenzó con un acto de amistad hace cuatro años, cuando la propietaria se marchó a Londres a estudiar un máster y decidió alquilar su piso en Madrid a una buena amiga de toda la vida que estaba embarazada y no tenía casa. Aquella decisión, tomada desde la empatía y la confianza, se convirtió en una pesadilla que aún hoy sigue sin final.

En un nuevo episodio del creciente problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, una mujer ha sido detenida en Gandía (Valencia) tras fingir una estafa para no ser desalojada del piso que okupaba. La detenida presentó una denuncia falsa en la que alegaba haber sido víctima de un timo inmobiliario: afirmó ante los agentes de la Policía Nacional que había pagado 7.000 euros por el alquiler del inmueble y que contaba con un contrato en regla.

El fenómeno de la okupación en Madrid sigue generando crispación social. El último episodio que indigna a los vecinos tiene como escenario el parque de La Viña, en el barrio de Entrevías (Madrid), donde un grupo de okupas vive con luz y gas gratuitos mientras que los verdaderos propietarios se ven obligados a afrontar las facturas que ellos mismos reconocen no pagar.

Se habla mucho de la okupación desde una óptica ideológica, pero muy poco o nada del propietario atrapado entre la deuda hipotecaria y la impotencia legal. Una injusticia ignorada por el discurso político dominante que en este momento solo favorece a todo aquel que “se busca la vida” para demostrar su vulnerabilidad, tal y como señala Patricia Aragón, experta en gestión de impagos hipotecarios. Pero señala que el hipotecado que sufre una okupación puede negociar con el banco la cancelación de la hipoteca que se encuentra en situación de impago. Porque, tal y como reconoce Aragón, los bancos son los primeros interesados en evitar la morosidad.