Medidas vivienda

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha afirmado que el Govern "estudiará a fondo" la posibilidad de prohibir las compras de vivienda con fines especulativos en Cataluña, pero ha avisado de que no es sencillo desde el punto de vista jurídico. Así lo ha manifestado durante la sesión de control al Govern en respuesta a la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, que ha hecho referencia al informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que avalaría jurídicamente esta medida, y a la proposición de ley que su grupo ha presentado en este sentido. Albiach ya afirmado que será un tema central en una eventual negociación de Presupuestos.

El servicio de estudios de la gestora asegura que la crisis habitacional que sufre España no es consecuencia ni de la proliferación de pisos turísticos, ni de los grandes tenedores de viviendas, ni de los extranjeros no residentes. Detrás de la situación actual se esconden factores como el desplome de la construcción de obra nueva tras la Gran Recesión, los elevados impuestos de la vivienda, la falta de suelo y de mano de obra cualificada en la construcción, la escasa inversión pública en vivienda social, o la inseguridad jurídica, que paraliza desarrollos e inversiones privadas. Entre las diferentes medidas que propone para revertir el problema están abolir el control de los alquileres, fomentar la densidad vertical de los edificios y atraer a fondos de infraestructuras para que inviertan en vivienda asequible.

La emergencia habitacional que vive España, sobre todo en las grandes ciudades, ha alentado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a elaborar un plan de choque en materia de vivienda con 15 novedades que prevén aumentar la oferta de inmuebles públicos, agilizar la tramitación del suelo y reducir las cargas burocráticas y administrativas que abundan en el sector. Asimismo, contemplan ayudas a jóvenes, mayores y familias vulnerables, que pretenden que entren en vigor a finales de 2026 o principios de 2027.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) dudan de algunas de las nuevas reducciones en el Impuesto de la Renta (IRPF) incluidas en la proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, ya que consideran que no serán eficaces para aumentar el parque residencial en arrendamiento: "Se sobrevaloran los efectos de los incentivos fiscales para promover políticas públicas". Por su parte, el Consejo General de Economistas (CGE) descarta que aumentar el coste fiscal de los inmuebles vacíos para que los propietarios pasen a ofrecerlos alquiler sea eficiente, porque en la mayoría de los casos son segundas residencias o casas en los pueblos.

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha asegurado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya ha adjudicado préstamos y avales para la promoción de 7.000 viviendas sociales en régimen de alquiler asequible, ya sean de obra nueva o de rehabilitación. El ICO ha recibido proyectos para desarrollar 27.000 viviendas en toda España desde que puso en marcha este convenio entre el Ministerio de Vivienda (MIVAU) y el ICO. El secretario de Estado también ha destacado que el parque público en alquiler asequible ha crecido un 33% desde 2019.

PP, Vox y Podemos van a protagonizar esta semana un debate monográfico sobre políticas de vivienda en el Congreso con el Gobierno, lo que dará lugar a propuestas que se debatirán y votarán la semana del 19 de febrero. La intención de las tres formaciones es preguntar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre las medidas llevadas a cabo en su materia para paliar la crisis que sufre el sector por los altos precios y la dificultad para acceder a un hogar.

La vivienda ha entrado de lleno en la escena política en el arranque de año. Tanto el Gobierno como el Partido Popular han lanzado una cascada de propuestas para facilitar el acceso a la vivienda e impulsar la oferta de inmuebles asequibles. Luis Corral, CEO de Foro Consultores, analiza las más relevantes para ver si, en realidad, se quedan en simples titulares. En líneas generales, estima que muchas generan incertidumbre y otras necesitan el visto bueno del Congreso, como las medidas fiscales que afectan a socimis, extranjeros, propietarios o pisos turísticos.

El Partido Popular (PP) ha registrado en el Senado su propuesta para reformar la Ley del Suelo, donde incluye el silencio positivo para que la no emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes no paralicen un proceso de urbanismo o reducir los tiempos de producción de suelo y construcción de vivienda a 48 meses. La normativa recoge además la derogación de los aspectos "más lesivos" de la Ley de Vivienda, poniendo fin a las zonas tensionadas y al índice de los precios de los alquileres. El PP, con mayoría absoluta en el Senado, debe obtener sin embargo el visto bueno del Congreso de los Diputados para que pueda ser aprobada.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Grupo Popular registrará este viernes 31 de enero en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una Ley del Suelo para dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos, con medidas como un tiempo de excepción de 48 meses para construir vivienda. Además, ha prometido un plan específico contra la "inquiokupación" que incluya desalojos en 24 horas y un aumento de las penas por estos delitos. Los promotores consideran que las medidas van en la "buena dirección".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en una entrevista con Bloomberg en el marco del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos (Suiza), la necesidad de preservar y consolidar el uso residencial de la vivienda en España ante la situación crítica que atraviesa el país, que necesita "más viviendas asequibles y menos Airbnb". Sánchez ha defendido que, a pesar de la repercusión del anuncio en algunos mercados inversores en el sector inmobiliario español, como Reino Unido, las inversiones extranjeras están llegando a España porque tienen confianza en el crecimiento económico del país.

Ya ha pasado una semana desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un plan con el objetivo de hacer frente al problema de la vivienda en España. Sin embargo, las propuestas todavía no se han concretado y varias de las más polémicas necesitan el visto bueno del Congreso para salir adelante, como los cambios fiscales que afectan a socimis, extranjeros extracomunitarios no residentes, a los pisos turísticos o a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal. Diferentes actores del sector inmobiliario y financiero critican la falta de concreción de las medidas y alertan de que la inseguridad jurídica provoca paralización de operaciones y podría lastrar la inversión. Además, el contenido normativo podría sufrir cambios durante el trámite parlamentario.

Los dos grandes partidos nacionales han anunciado una batería de medidas para intentar solucionar el actual problema del acceso a la vivienda. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, presentaron más de una decena de propuestas para la promoción de más viviendas, deducciones fiscales y ayudas para facilitar el acceso a un hogar. Pero el sector de la vivienda y la construcción invitan a ambos a buscar un pacto de Estado sobre la Vivienda que por fin ponga en marcha una solución a la escasez de oferta tanto en la vivienda en propiedad como de alquiler. Estas son las propuestas realizadas por ambos.

Las deducciones por rehabilitar viviendas para eficiencia energética o para la mejora de la accesibilidad anunciadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP beneficiarían a 200.000 hogares, según las estimaciones Andimac, asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación. La patrona también valora la propuesta del Gobierno de un programa de rehabilitación de viviendas vacías para alquiler asequible.

Los partidos políticos, actores y expertos del sector no han tardado en ofrecer su opinión sobre las nuevas medidas presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. PP y Vox tildan de intervencionistas las propuestas planteadas, mientras Sumar pide ir más allá y sancionar a los caseros que no apliquen precios asequibles como a la compra de vivienda con carácter especulativo. Las patronales de la construcción e inmobiliarias piden un pacto de Estado entre los dos grandes partidos para aprobar la Ley del Suelo y favorecer la seguridad jurídica en el sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo paquete de medidas en materia de Vivienda centrado en promover más viviendas, aumentar la regulación sobre las socimis, los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en España y mayores ayudas para facilitar el acceso a un hogar dentro del nuevo Plan de Vivienda. Una de las medidas más destacadas es la exención del 100% del IRPF a los propietarios de vivienda que apliquen el precio del alquiler según el índice de referencia estatal, además de la creación de un sistema de garantías públicas que aseguraría a los propietarios el cobro de la renta.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado medidas para favorecer la compra y alquiler de vivienda en la cumbre del partido celebrado este fin de semana en Asturias, centradas en la reducción de impuestos y menores cargas impositivas en la construcción para conseguir sacar más suelo al mercado. Destaca el acuerdo entre los presidentes autonómicos populares para rebajar al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) en la adquisición de vivienda habitual para jóvenes en sus territorios, además de avales faciliten el acceso al crédito hasta el 100% de la totalidad del precio de la vivienda.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Partido Popular la semana pasada y ha acusado al partido de querer bajar el precio del alquiler poniéndoselo "más complicado" a los que "peor lo pasan", en referencia a una de las medidas en materia de vivienda presentada por los populares, que busca rebajar el requisito de vulnerabilidad económica a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, frente a los 1.800 euros actuales para facilitar el desalojo.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha avanzado algunos puntos más de la Ley de Vivienda que el principal partido de la oposición pretende presentar en breve en el Congreso. La norma incluye incentivos fiscales para favorecer la salida de viviendas vacías al mercado y para las donaciones de familias para la compra de una casa. También apuesta por eliminar las zonas de mercado residencial tensionado de la actual normativa y reducir el umbral de vulnerabilidad a los 1.080 euros de ingresos, lo que endurecería los requisitos, pero estimulará más vivienda en el mercado, según la portavoz del PP.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que su formación está ultimando una Ley de Vivienda ante el "fracaso" en esta materia del Gobierno de Pedro Sánchez. La norma incluiría medidas como bonificaciones para los propietarios que pongan viviendas vacías en alquiler, un régimen fiscal que favorezca las donaciones dentro de las familias para poder acceder a una casa o la exención de impuestos a los jóvenes durante los cuatro primeros años de la adquisición del inmueble. Además, ha anunciado que pretende impulsar medidas para dar seguridad jurídica, reducir la burocracia y poner suelo en el mercado para facilitar la construcción.

Vox defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una propuesta para eliminar el IVA en la adquisición de una primera vivienda y reinversión habitual y bonificar el 100% de la cuota tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de primera vivienda y reinversión en vivienda, pero siempre que sea "por parte de un español", dejando así excluidos de este beneficio fiscal a los extranjeros. Además, propone destinar a alquiler social tanto viviendas como el suelo urbanizable procedente de Sareb.

Funcas avisa de que la participación pública en la promoción o alquiler de vivienda a través de incentivos fiscales o avales centrados en la demanda pueden tener una "eficacia reducida" y un alto coste para las arcas públicas, además de presionar los precios de la vivienda al alza y agravar las desigualdades. El 'think tank' de investigación económica y social se asegura que el desajuste entre oferta y demanda es el principal problema de la vivienda en España. Para el mercado de alquiler, pide que la regulación no sea distorsionadora, sino que busque un equilibrio que proteja a los inquilinos sin desalentar a los propietarios.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado una serie de medidas para combatir las viviendas de uso turístico en situación irregular, una de ellas será la interrupción del suministro de agua a todos aquellos inmuebles detectados en esta situación. El primer edil ha explicado que tanto el Consistorio como la Junta impondrán "una serie de medidas para controlar e inspeccionar las viviendas de uso turístico en situación irregular", para posteriormente "actuar en aquellos casos en los que no se cumplan los requisitos que marca la normativa y estén operando de forma irregular".

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha anunciado oficialmente que su partido presentará en septiembre su propia reforma de la Ley del Suelo a través del Senado, donde la formación popular cuenta con mayoría absoluta. La máxima responsable de Vivienda en el principal partido de la oposición ha criticado el texto a la ley de Suelo presentado recientemente por PSOE y PNV en el Congreso, ya que "no va a resolver el problema de verdad que tiene la vivienda en España". La senadora del PP también ha adelantado que van a eliminar varios puntos de la Ley de Vivienda, como el índice de precios y las zonas de mercado tensionado.

Entre los días 6 y 9 de junio los europeos votarán a los representantes de su propio país y en España los ciudadanos votarán el próximo domingo 9 de junio. Los diferentes partidos políticos llevan medidas en materia de vivienda en sus programas electores. Por ejemplo, el PSOE propone abordar el acceso a la vivienda, la pobreza energética y la calidad de la edificación residencial. El PP, por su parte, apuesta también por facilitar el acceso a la vivienda, mientras que Ciudadanos quiere acabar con el control del precio del alquiler o ampliar las subvenciones europeas para obras de rehabilitación de casas.

El próximo domingo 21 de abril se celebran las elecciones autonómicas en el País Vasco para conocer a un nuevo lehendakari. En medio de esta campaña electoral, la vivienda es uno de los temas destacados en un momento en el que el precio medio alcanza los 2.901 euros/m2 en la región, tras subir un 3,8% interanual en marzo, y el alquiler llega a 13,3 euros/m2/mes, rozando máximos, según los últimos datos de idealista. Están son las propuestas de los principales partidos en materia de vivienda.