El debate sobre el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales vuelve a tensionar el escenario político catalán. En pleno aumento de los flujos migratorios y con Cataluña superando ya los ocho millones de habitantes, Junts per Catalunya ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca endurecer los requisitos de acceso a los llamados “derechos de alta intensidad”, entre ellos, la vivienda protegida. La formación liderada por Carles Puigdemont trabaja desde hace meses en el denominado Plan 8 millones, una estrategia que pretende ordenar el crecimiento demográfico y redefinir el acceso a los servicios públicos en función del grado de arraigo de la población. El documento, aún en fase de revisión, establece diferentes escalones de acceso a derechos sociales para los extranjeros que llegan a Cataluña.
