Galindo tiene toda la razón

Artículo escrito por josé Luis Ruiz bartolomé, consultor empresarial y analista inmobiliario

Asistimos, inconscientes e impertérritos, a una auténtica nacionalización –y politización- de la actividad crediticia. Para combatir la escasez de financiación de las pymes –y también de los autónomos, de los particulares y, últimamente, de las grandes empresas- el gobierno planea una batería de medidas que, lejos de centrarse en el problema, se limita a aplacar algunos de los síntomas erigiéndose, además, como actor fundamental en la financiación. Veamos cómo

¿Por qué no hay crédito suficiente en España? la versión oficial es que se concede poco crédito porque no hay demanda solvente. Pero las verdaderas razones son otras. En primer lugar, sucede que las grandes empresas, aquellas que deben cientos o miles de millones de euros, ocupan una posición privilegiada en la lista de espera de la banca. Esta prefiere renegociar y ampliar créditos con estas empresas antes que ofrecer nuevas líneas a particulares o pymes solventes. ¿Por qué? bueno, es obvio que el default de cualquiera de esas grandes corporaciones acarrearía fuertes pérdidas a las entidades financieras y, por ahora, no están dispuestas a asumirlas

En segundo lugar, de todos es conocida la facilidad y predisposición de la banca, aún hoy, a financiar la compra de vivienda a particulares… ¡siempre que la vivienda sea propiedad de la entidad financiera!

En tercer lugar, las administraciones públicas. Familiarizados como estarán con los conceptos de déficit y deuda, no tendrán dificultad en entender que los cerca de 100.000 millones de euros que el estado gasta de más cada año desde 2008 no son un buen negocio para las entidades financieras que toman decisiones libremente, esto es, las extranjeras. Aquí sólo financia al estado la banca nacional

¿Cómo se podrían resolver estos problemas?

El primero tiene una solución similar a la que se propuso para dinamitar la burbuja inmobiliaria: ya que a la banca le cuesta reconocer y provisionar las más que probables pérdidas por préstamos a empresas no inmobiliarias, procédase con otro real decreto que trate de casar realidad y balances. ¿Que hay que pedir más dinero a bruselas? no hay problema, quedan 60.000 millones sin gastar

El segundo tampoco es tan difícil: proceda el banco de España a regular la concesión de crédito hipotecario de manera que sea la solvencia del comprador, y no el origen o propietario del piso, el elemento más relevante en la toma de decisión

¿Y el tercero? tan sencillo –y tan complicado- como exigir que la administración adecue su tamaño, su estructura y su gasto a los tiempos que vivimos, y a los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad

Pues bien, el gobierno, antes de reducir sus necesidades de financiación –para así favorecer que el crédito fluya al sector privado- prefiere seguir acaparando todo el crédito disponible para, a continuación, concederlo de la manera que al propio gobierno interese. ¿Y cómo piensa hacerlo? en primer lugar, ampliando las líneas de financiación del instituto de crédito oficial. En segundo lugar, obligando a la banca nacionalizada a financiar “a los que lo merecen”, según las propias palabras de de guindos.

¿Y quién lo merece? ¿sabe la administración –la misma administración que ha dirigido en las últimas décadas las cajas de ahorro hasta su defunción- quién merece más o menos financiación y en qué cantidad? ¿es la concesión de crédito una actividad propia de la política?

Siempre que hay un asesinato, se busca un culpable, lo sea o no. Hay que dar carnaza al pueblo, hay que colgar en la plaza pública a un malo oficial sobre el que descargar la ira y, ¿a quién le ha tocado esta vez? al sector inmobiliario. Dice de guindos –ministro al que, aunque no se lo crean, se le suele clasificar como liberal- que el crédito volverá a fluir “pero para los que se lo merecen, no debe fluir para los inmobiliarios o los promotores”

Con toda la razón del mundo, josé Manuel galindo, presidente de apce (la patronal de los promotores) ha criticado las desafortunadas palabras del ministro en una carta abierta hecha pública el pasado día 21

No es difícil coincidir con galindo cuando afirma que “se trata de una descalificación genérica e indiscriminada que demoniza de forma injusta a todo el sector inmobiliario”

Ni tampoco cuando pone el dedo en la llaga al  preguntarse: “¿qué diríamos si también para una valoración global de entidades de crédito o de nuestra clase política, tomásemos como criterio universal la imagen que proyectan, en España y fuera de ella, ciertas actuaciones particulares de unas y otros que no se caracterizan precisamente por su ejemplaridad?”

Además, galindo recuerda acertadamente que las promotoras han sido más víctimas que verdugos, tanto con respecto de la banca -“las entidades financieras han dado crédito al sector inmobiliario porque entendían que su propio negocio se beneficiaba así más que de otra manera”- como de la administración pública: “la actividad de nuestro sector ha soportado fiscalmente la subsistencia de aquellas administraciones que, además y prácticamente en todos los casos, han alimentado las tendencias alcistas del suelo poniéndolo en el mercado a precios desorbitados”

Pero, sin duda, donde saca a relucir galindo la mayor contradicción de la política económica actual es cuando dice: “son aquellas mismas entidades que, más que nadie, trataron de beneficiarse del boom inmobiliario a las que tenemos que ayudar a rescatar, embarcando para ello al país y a todos los españoles en una durísima travesía por el desierto, carente de precedentes y dirigida a rectificar decisiones mal tomadas y cosas mal hechas, no siempre por los agentes del sector inmobiliario”

Espero que el ministro haya tenido tiempo estas navidades para leer detenidamente la misiva de galindo