Desahucio alquiler

Un error en la notificación de un desahucio ha llevado al Tribunal Constitucional a anular el procedimiento de desalojo de una mujer que acumulaba casi 6.100 euros en deudas de la renta de un local comercial ya abandonado. En concreto, el agente judicial que le intentó notificar el procedimiento de desahucio se confundió de dirección y, por tanto, nunca le llegó a la afectada.

El Gobierno de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, presentó ayer los resultados de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), un grupo de trabajo que creó cuando llegó al mando que funciona a semejanza de una PAH. En 2017, 2.351 familias (unas 7.760 personas) en situación de riesgo habitacional pidieron ser atendidas, y el 51% de los casos se trataba de viviendas en alquiler. Se resolvieron 1.362 expedientes, de los cuales 218 (16% del total) mantenieron la vivienda.

En 2017 los desahucios por impago del alquiler de todo tipo de inmuebles crecieron un 4% respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, si tenemos en cuenta el parque de viviendas en alquiler, que aumentó un 4,3% interanual, descubrimos que en realidad han repetido los mínimos históricos que se vieron por primera vez en 2016. Esto significa que el porcentaje de lanzamientos sobre el total del parque se situó en el 1,1% el año pasado.

Una denuncia, un abogado, una puerta blindada, meses de espera, sufrimiento y mucha, mucha paciencia.

El Ministerio de Economía calcula que las medidas que puso en marcha el Gobierno en 2012 con el fin de reducir los desahucios han beneficiado ya a más de 76.600 familias. Asegura que se han suspendido 24.000 lanzamientos, que se han hecho más de 38.000 reestructuraciones de deuda y se han llevado a cabo 7.000 daciones en pago. También se han adjudicado 9.020 viviendas sociales, más del 90% del total disponible.

El número de desahucios practicados entre enero y marzo de este año bajó un 11,6% interanual, hasta los 16.688, lo que supone el mayor descenso desde el primer trimestre de 2014, momento en que se inició la serie histórica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El caso de Natalia Kim es muy poco común, pero no único. Esta periodista jubilada de origen sueco enferma de cáncer no puede volver a su hogar porque la inquilina que lo tiene alquilado, hija de unos vecinos, no paga la renta y se niega a abandonar la vivienda.

Durante el pasado 2015 se practicaron 67.359 desalojos, lo que supone un 1,1% menos que en 2014. Más de la mitad de esos lanzamientos (35.677) derivó del impago de arrendamientos en todo tipos de inmuebles, desde locales a oficinas pasando por viviendas, y no solo la residencia habitual.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que rescinde el contrato de alquiler de una vivienda por una deuda de 106 euros generada por el impago de la tasa de basuras durante 2011.

Las solicitudes de desahucio de inquilinos por el impago del alquiler continúan al alza en Portugal. En el primer semestre del año, el Banco Nacional de Alquileres (BNA) registró 2.309 peticiones de desalojo por parte de propietarios (más de la mitad del total de todo el año pasado).

Los sindicatos de los bomberos de la generalitat de Cataluña han anunciado que se niegan a intervenir en más desahucios y que “sólo realizarán la apertura de viviendas en caso de emergencia, como marca la ley”.

El arbitraje entre propietarios e inquilinos permite evitar el 30% de los desahucios, según la asociación europea de arbitraje (aeade).

Arrenta, la asociación para el fomento del alquiler y acceso a la  vivienda, cree que la idea de que con la nueva ley de fomento del alquiler el inquilino dejará la vivienda en diez días tras presentar el propietario la demanda es "irreal", ya que la realidad indica que todo el proceso puede de

El incumplimiento por parte del inquilino de lo acordado en el contrato de alquiler ha provocado que los procedimientos por desahucio hayan tocado máximos históricos durante el primer trimestre de este año, al alcanzar un total de 15.491 asuntos, un 36,3% más que el año anterior, según el consejo de

Cuando se alquila una vivienda protegida (vpo) hay que respetar un precio máximo fijado por la ley. De no hacerlo, la cláusula del contrato que fija el pago de una renta superior es nula y, por tanto, no aplicable.

La evolución del sector inmobiliario en España dependerá de la evolución de siete indicadores, según Juan Fernández-aceytuno, director general de sociedad de tasación.