Desahucios

El Pleno de la Cámara Baja ha vuelto a tumbar el decreto del escudo social con la prórroga de los desahucios por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos. A pesar de que el Gobierno pactó con el PNV eximir de la nueva moratoria a los pequeños propietarios tras la caída de la iniciativa que incluía el ‘decreto ómnibus’ en enero, Junts, PP y Vox han tumbado el segundo decreto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Tanto la suspensión de los desahucios como la posibilidad de los propietarios de solicitar una compensación quedan sin efectos jurídicos.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, entre los que se encuentran el escudo social con la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos, texto que contará previsiblemente con el voto en contra de PP, Junts y Vox y que, por tanto, podría dejar de tener efectos jurídicos. Ese mismo día también se debatirán las ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.

El Real Decreto-ley del llamado escudo social, que incluye diversas medidas en materia de vivienda, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los propietarios que se hayan visto afectados por la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por el impago del alquiler todavía están a tiempo de solicitar una compensación económica a la Administración Pública. Según la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el nuevo plazo se abrió el pasado 5 de febrero, cuando entró en vigor el nuevo decreto antidesahucios, aunque puede tener los días contados. Si el Congreso vuelve a tumbar la prórroga, también decaerán las indemnizaciones. Asval apremia a los arrendadores a que realicen la petición de forma inmediata, ya que todo se decidirá en apenas tres semanas.

El Real Decreto-ley del llamado escudo social que incluye, entre otras materias, la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional entra en vigor el 5 de febrero tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque debe pasar por el Pleno del Congreso para su convalidación. La suspensión de los desahucios no afectará a los propietarios de una y dos viviendas con inquilinos que se declaren vulnerables, lo que ha levantado las críticas de partidos tan dispares como Podemos o Junts por distintos motivos, por lo que la aprobación del decreto queda en el aire.

El Gobierno ha vuelto a aprobar la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago de alquiler, pero con grandes novedades, ya que no afectará a propietarios particulares con menos de tres viviendas en propiedad. Según sus cálculos, hay actualmente 60.000 desahucios paralizados, pero con la aprobación de esta nueva medida, 50.000 terminarán en desahucio. El Ejecutivo ha tenido que trocear el anterior decreto 'ómnibus' que fue tumbado en el Congreso, y ahora presentará la revalorización de las pensiones por un lado y el llamado escudo social por separado, para intentar contar el apoyo de Junts y PNV, aunque Junts ya ha anunciado que votará en contra de la medida antidesahucios.

Los propietarios con una sola vivienda de alquiler quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que Casa 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas en colaboración público-privada, que incluirá las condiciones de asequibilidad de los arrendamientos promovidos por la Entidad Estatal de Vivienda. En su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha afirmado que Cataluña es la CCAA que ha destinado más dinero en ayudas a los caseros con desahucios suspendidos, enmarcadas en el fondo de compensación a arrendadores, con 8,1 millones de euros. La siguientes es Baleares, con 740.000 euros. La suspensión de desahucios decayó en el decreto Ómnibus.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha avalado la condena a dos personas que ocuparon una vivienda heredada sin permiso y donde, según la sentencia, llegaron a realizar obras de reparación y otras actuaciones, como si fueran titulares del inmueble. El procedimiento arrancó cuando una de las herederas descubrió que la puerta de acceso había sido sustituida y, en el interior, residían dos personas sin contrato de alquiler ni autorización. Además, habían modificado el acceso, cercado parte del terreno y llevado a cabo trabajos de reparación y cultivo, modificando la finca sin autorización.

La Cámara Baja ha convocado un pleno extraordinario el próximo 27 de enero, en el que previsiblemente se votará el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que contempla la prórroga de la suspensión de desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables y de los descuentos del bono social, la subida de las pensiones o la renovación de los incentivos fiscales para comprar vehículos eléctricos y por obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

El año que dejamos ha sido prolífico en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que han afectado al mercado de la vivienda. Una de las más sonadas ha sido una sentencia que sienta un precedente importante para futuros casos relacionados con desahucios y ocupaciones ilegales: el Constitucional anula la suspensión del desahucio de un okupa. Otra que también resonó en los medios de comunicación fue la del Supremo avalando un desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras por parte del inquilino.

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado dos reales decretos, uno de ellos relacionado con ayudas al transporte y el nuevo abono único de 60 euros para trenes y autobuses, y otro que incluye la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a familias vulnerables, la prohibición de cortarles los suministros básicos del hogar y las ayudas para la mejora energética de viviendas y edificios. Lo que no ha aprobado el Gobierno es el nuevo Plan de Vivienda, a pesar de que esperaba hacerlo este mes, ni la actualización de las cuotas de los autónomos, que se mantendrán congeladas.

¿Puede un propietario recuperar su vivienda ocupada sin que previamente se haya ofrecido un alquiler social? La Audiencia Provincial de Barcelona vuelve a responder a esta cuestión con una resolución que refuerza una idea ya conocida en los juzgados catalanes. La sentencia, dictada en julio de 2025, confirma un desahucio por precario y aclara hasta dónde llegan las obligaciones de los propietarios en materia de alquiler social. Un fallo que ayuda a entender cómo se está aplicando el derecho a la vivienda en la práctica judicial.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha recordado que la prórroga de la suspensión de los desahucios, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, necesita la aprobación del Congreso, al igual que sacar adelante "medidas más en profundidad" en esta materia. Vivienda responde así a la petición de Sumar y Podemos para prorrogar la suspensión de los desahucios, que caducan el próximo 31 de diciembre.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, han presionado al PSOE para prorrogar la suspensión de los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables, que caduca el próximo 31 de diciembre. Belarra ha señalado que le parece "gravísimo" que el Gobierno siga sin anunciar dicha prórroga, mientras que Martínez ha propuesto extender el ámbito subjetivo de las personas que puedan verse beneficiadas por ella. De llevarse a cabo, la moratoria antidesahucios cumpliría en 2026 su sexto año consecutivo de aplicación.

Una cláusula habitual en muchos contratos de alquiler puede terminar, a veces, en los juzgados. ¿Debe pagar el inquilino el IBI o la tasa de basuras si el contrato no dice cuánto cuestan al año? La duda no es menor: de su respuesta puede depender incluso la resolución del contrato y un eventual desahucio. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión aclarando hasta dónde llega el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y zanjando un debate que llevaba años generando criterios contradictorios en los juzgados. Avala el desahucio por impago del IBI y la tasa de basuras.

La suspensión de desahucios por vulnerabilidad no sale gratis para la Administración. Al menos, cuando no adopta medidas alternativas para las personas afectadas. Así lo confirma una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que obliga al Gobierno foral a indemnizar a dos sociedades inmobiliarias por la paralización de varios lanzamientos por motivos de vulnerabilidad social y económica de los inquilinos. Cuando la normativa obliga al propietario a mantener al arrendatario en la vivienda, la ley también protege el equilibrio económico del arrendador, especialmente si la Administración no actúa para ofrecer una alternativa habitacional.

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un hombre de 95 años a recuperar la posesión de su vivienda familiar tras estimar el recurso de casación que confirmaba el desahucio por precario de su hijo. La decisión sienta doctrina en materia de bienes gananciales y curatela representativa, reforzando el criterio de que un cónyuge puede actuar por sí solo en defensa de los bienes comunes incluso si el otro está bajo curatela.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que antes de que acabe el año el Gobierno llevará al hemiciclo un paquete normativo para prorrogar buena parte de las medidas que incluye el escudo social que se aprobó en la pandemia y que caducan el próximo 31 de diciembre, entre las que se encuentran la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables por impago del alquiler o de cortarles los suministros básicos del hogar. Los propietarios ya se están preparando para la posibilidad de que la moratoria se prolongue por sexto año consecutivo.

Los propietarios se preparan para una nueva prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de familias vulnerables, una medida que ya lleva cinco años en vigor. Según ha asegurado Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante el Congreso Nacional de Vivienda celebrado en Madrid, actualmente "no hay visos" de que el Gobierno vaya a levantar la suspensión. De hecho, el partido Podemos ha anunciado esta semana que va a presentar una proposición no de ley a la Comisión de Vivienda para pedir al Gobierno que apueste por una prórroga permanente.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha acordado dejar en suspenso el desahucio y lanzamiento de un inquilino en situación de vulnerabilidad, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, que extiende hasta el próximo 31 de diciembre las medidas excepcionales de protección frente a la pérdida de vivienda habitual. El tribunal entiende que, dada la condición de gran tenedora de la propietaria y la vulnerabilidad acreditada por el arrendatario, debe aplicarse la protección excepcional prevista para hogares sin alternativa habitacional. El fallo no impone costas y permite a la arrendadora solicitar una compensación.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.En una rueda de prensa en el

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga en su intento de recuperar una vivienda pública ocupada sin título desde hace casi una década. La sentencia autoriza la entrada en el inmueble para ejecutar el desahucio, tras concluir que la ocupación no estaba amparada por ninguna causa de vulnerabilidad social.

La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado el desahucio por precario de una familia que residía en una vivienda municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sin contrato ni autorización. Los ocupantes alegaron vulnerabilidad económica y social para intentar frenar el lanzamiento, pero el tribunal concluyó que no demostraron esa situación ni aportaron la documentación requerida por los servicios sociales.

Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda en régimen de alquiler aquellos hogares amenazados con desahucio. Para ello, propone reservar una partida presupuestaria específica y que la medida pueda articularse a través de la empresa estatal de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo también plantea en la iniciativa "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.