Desahucios

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado su informe trimestral de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio se realizaron 7.850 ejecuciones de desahucios, un 7,8% interanual. La mayoría de ellos (74,8%) se practicaron como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y crecieron un 10,7% anual. Mientras tanto, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 1,9%. Cataluña encabeza este tipo de actuaciones judiciales, sobre todo las procedentes de la LAU (1.577), ya que representan un 26,8% del total nacional.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado las medidas en materia de vivienda presentadas por el Partido Popular la semana pasada y ha acusado al partido de querer bajar el precio del alquiler poniéndoselo "más complicado" a los que "peor lo pasan", en referencia a una de las medidas en materia de vivienda presentada por los populares, que busca rebajar el requisito de vulnerabilidad económica a 1.050 euros, 1,5 veces el Iprem, frente a los 1.800 euros actuales para facilitar el desalojo.

Los impagos en un alquiler pueden aparecer por varios frentes, no solo en la renta que paga el arrendatario. Por ejemplo, al inquilino le puede corresponder pagar los suministros o la cuota de la comunidad. ¿Qué pasa si deja de pagarlos? Si está contemplado en el contrato de arrendamiento, el propietario está en su derecho de finalizar el contrato y desahuciarlo por incumplimiento. No obstante, deberá seguir pagando las cantidades adeudadas por el arrendatario y luego exigírselos.

El Tribunal Supremo ha publicado recientemente una sentencia en beneficio de los inquilinos. Considera que el impago puntual de un mes de alquiler no es un incumplimiento del contrato de arrendamiento y no da lugar a resolverlo ni al desahucio, siempre y cuando la situación del inquilino sea singular. En el caso resuelto, el impago de la renta se produjo por un malentendido entre dos cuentas bancarias de la inquilina. Con esta sentencia la Sala de lo Civil cambia de doctrina, ya que hasta ahora sostenía que el retraso en el pago de una sola mensualidad de renta ya era motivo de resolución del contrato.

La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acortar los plazos de los desahucios por impago de rentas, y piden soluciones tanto compensatorias como de agilización de trámites judiciales. Estos pequeños propietarios han trasladado a la ministra la necesidad de plantear incentivos fiscales y de financiación para orientar la inversión en viviendas de alquiler y el acceso de la vivienda a los jóvenes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo para prorrogar cuatro años más, hasta 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual, que se acordó tramitar como proyecto de ley, abriendo la puerta a introducir cambios. De esta manera, el BOE recoge el Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 1/2024, de 14 de mayo, para prorrogar las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, un acuerdo alcanzado el pasado 13 de junio en el Congreso de los Diputados.

El Pleno del Congreso ha convalidado por unanimidad el decreto ley para prorrogar cuatro años más, hasta el 15 de mayo de 2028, la suspensión de desahucios de la vivienda habitual, y ha acordado que la norma se tramitará como proyecto de ley, abriendo la puerta a introducir cambios. La suspensión de los lanzamientos a colectivos vulnerables se estableció por un periodo inicial de dos años y ha ido prorrogándose en sucesivas ocasiones.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre alcanzó una cifra total de 7.424, lo que supone un crecimiento del 12,8% respecto al mismo periodo de 2023, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este aumento supone acabar con una racha de siete trimestres consecutivos, casi dos años de caídas de los lanzamientos practicados derivados de ejecuciones hipotecarias como de los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Cataluña (1.870) lidera el número de lanzamientos, mientras siete de cada 10 procedieron de procedimientos derivados de la LAU.

El decreto ley para prorrogar cuatro años más la suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual llegará al Pleno del Congreso el próximo jueves, 13 de junio, donde será sometido a debate y votación para su convalidación o derogación. Esta medida procede del llamado 'escudo social' de la pandemia y se ha ampliado periódicamente con los decretos anticrisis. Esta última prórroga, que se extenderá hasta el 15 de mayo de 2028, fue aprobada por el Consejo de Ministros un día antes de que caducara, para su entrada en vigor con urgencia.

La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado como "un paso importante" la prórroga de la suspensión de desahucios hipotecario que ha aprobado este martes el COnsejo de Ministros de aquí a 2028. "Ampliamos la moratoria antidesahucios porque no podemos desproteger a las familias vulnerables ni un solo día", ha defendido la líder de Sumar en su cuenta de 'X'.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028. De esta manera, se extiende la suspensión de desahucios hipotecarios cuatro años más, ya que esta suspensión terminaba este 15 de mayo, tal y como se recoge en las referencias del Consejo de Ministros.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha advertido que el próximo 15 de mayo terminará la suspensión de los desahucios hipotecarios, por lo que ha urgido al PSOE a extender su prohibición hasta 2028, tal como se comprometió en enero para que la formación 'morada' votara a favor de la convalidación del decreto de ayudas anticrisis a principios de año. El grupo socialista registró una enmienda al decreto, donde proponía añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013, con el objetivo de paralizar los procedimientos durante otros cinco años.

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda al proyecto de ley derivado del Real Decreto anticrisis para ampliar la suspensión de desahucios de hogares vulnerables durante otros cuatro años más, hasta 2028. Esta iniciativa, que da cumplimiento al acuerdo que alcanzó el Gobierno con Podemos para poder sacar adelante la prórroga de las medidas anticrisis, ya se está tramitando, según ha confirmado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La propuesta del Grupo Socialista es añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013.

El número de lanzamientos sobre inmuebles practicados el año 2023 fue de 26.659, lo que supone un 30,3% menos respecto al año anterior, de acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el informe, un 74,1% de los lanzamientos, 19.676, ha sid

La patronal inmobiliaria madrileña critica en un estudio la decisión del Gobierno de prorrogar hasta 2025 la paralización de los desahucios de los colectivos vulnerables, aprobada en el último Consejo de Ministros del año pasado. Según AMADEI, la medida es "contraproducente y muy perjudicial" para el mercado del alquiler, ya que genera inseguridad jurídica, limita el acceso a la vivienda de familias con menores a cargo y fomenta los impagos voluntarios de las rentas, ya que los inquilinos saben que los incumplimientos no van a tener consecuencias a medio plazo, aunque no estén justificados.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 29 de junio el Real Decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros para dar continuidad a algunas de las medidas anticrisis que caducaban en junio, entre las que se encuentran las rebajas del IVA de los alimentos, las ayudas al transporte público o la suspensión de los desahucios de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional y la consiguiente compensación para los propietarios. Los afectados que cumplan las condiciones podrán solicitar la indemnización hasta el 31 de enero de 2024.

La nueva Ley de Vivienda que ha pactado el Gobierno con ERC y Bildu , y que podría aprobarse en el Pleno del Congreso la próxima semana, incorporará en una disposición una batería de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran propietario, y se impedirán desalojos cuando no se haya intentado un acto de conciliación o intermediación con el inquilino. Será necesario acreditar la situación de vulnerabilidad para evitar el desahucio.

Miles de familias se están efrentando a un gasto extra por el aumento de las cuotas mensuales ante la subida de los tipos de interés y la escalada del euríbor, lo que ha llevado a Podemos a proponer un tope a las hipotecas variables. El economista Miguel Córdoba asegura que esta alternativa no es viable y propone crear un nuevo tipo de préstamos para la compra de vivienda, respaldados por seguros, para dar mayor certidumbre a clientes y bancos. El consumidor estaría respaldado por ejemplo en caso de pérdida de empleo, mientras que a las entidades les proporcionaría seguridad financiera y reputacional. Además, crearía un nuevo negocio para las aseguradoras.

El Gobierno destinará ayudas de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% del alquiler de la vivienda a ocupar en régimen de arrendamiento a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar, víctimas de violencia de género y otras personas especialmente vulnerables, en el marco del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Asimismo, podrán concederse ayudas de hasta 200 euros al mes a estos grupos para atender gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de vivienda.

El Tribunal Supremo ha aclarado en una sentencia reciente una problemática común: qué sucede cuando se construye una casa en una parcela propiedad de un familiar y en el futuro surgen disputas, y concluye que, en el caso de que el pariente haya permitido la edificación y su coste no haya recaído en él, no ha lugar al desahucio. Según explica el despacho de abogados Ático Jurídico, el motivo es que entra en juego el derecho de retención, que permite seguir poseyendo el bien, hasta que el propietario de la parcela no indemnice al que edificó en su terreno.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), asegura que “el peligroso aumento del endeudamiento en los inquilinos de hasta el 40% de los ingresos que se destinan para pagar el alquiler” es el causante de disparar el número de desahucios.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictaminado por unanimidad que no puede existir una hipoteca "si la ejecución de la garantía (la vivienda) resulta ilusoria o extremadamente dificultosa”.

El número de desahucios en el segundo trimestre del año fue de 17.152, una cifra que, tras cuatro trimestres de reducciones interanuales, refleja un aumento del 1,7% respecto al mismo periodo de 2017, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este aumento es consecuencia del incremento del 6,1% de los lanzamientos de inquilinos morosos.

En 2017 los desahucios por impago del alquiler de todo tipo de inmuebles crecieron un 4% respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, si tenemos en cuenta el parque de viviendas en alquiler, que aumentó un 4,3% interanual, descubrimos que en realidad han repetido los mínimos históricos que se vieron por primera vez en 2016. Esto significa que el porcentaje de lanzamientos sobre el total del parque se situó en el 1,1% el año pasado.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia en septiembre que abre la puerta a que miles de consumidores que perdieron su vivienda antes de 2013 puedan reclamar daños y perjuicios si su hipoteca contenía cláusulas abusivas. Se trata de los casos anteriores a la entrada en vigor de la ley que puso en marcha el Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios y que trajo consigo la llegada del código de buenas prácticas bancarias.