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El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Torres como subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana y de Pablo Moreno como secretario general técnico del mismo departamento.Pablo Torres es graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Administración Civil del

El llamado ‘escudo social’ del Gobierno frente a los desahucios comienza a encontrar un freno en los tribunales. Varias resoluciones judiciales recientes han cuestionado la fórmula elegida por el Ejecutivo para prorrogar una medida que nació como excepcional durante la pandemia y que sigue vigente seis años después. El argumento central de los tribunales gira en torno al carácter extraordinario de la norma, ya que no podría interpretarse como una suspensión permanente, y se convertiría en una restricción desproporcionada del derecho de propiedad. Mientras, el Ejecutivo mantienen las negociaciones con el resto del Parlamento para ampliar el decreto antidesahucios hasta finales de 2026.

La formación catalana ha confirmado que, de momento, mantiene su rechazo al nuevo decreto del escudo social que entró en vigor el pasado 5 de febrero y que debe votarse en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. El texto, que incluye la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional para propietarios de tres o más viviendas, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser convalidado, pese a que Podemos ha adelantado que votará a favor. Si decae, también desaparecerá la posibilidad de los arrendadores de solicitar una compensación económica por las rentas no percibidas.

Los propietarios que se hayan visto afectados por la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por el impago del alquiler todavía están a tiempo de solicitar una compensación económica a la Administración Pública. Según la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el nuevo plazo se abrió el pasado 5 de febrero, cuando entró en vigor el nuevo decreto antidesahucios, aunque puede tener los días contados. Si el Congreso vuelve a tumbar la prórroga, también decaerán las indemnizaciones. Asval apremia a los arrendadores a que realicen la petición de forma inmediata, ya que todo se decidirá en apenas tres semanas.

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas tras conocerse el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que la modificación sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. Y no es un caso aislado: en los últimos meses hay casos relacionados con las VPO o el control de los alquileres.

El Gobierno ha vuelto a aprobar la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago de alquiler, pero con grandes novedades, ya que no afectará a propietarios particulares con menos de tres viviendas en propiedad. Según sus cálculos, hay actualmente 60.000 desahucios paralizados, pero con la aprobación de esta nueva medida, 50.000 terminarán en desahucio. El Ejecutivo ha tenido que trocear el anterior decreto 'ómnibus' que fue tumbado en el Congreso, y ahora presentará la revalorización de las pensiones por un lado y el llamado escudo social por separado, para intentar contar el apoyo de Junts y PNV, aunque Junts ya ha anunciado que votará en contra de la medida antidesahucios.

Los propietarios con una sola vivienda de alquiler quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el relevo generacional en la agricultura y ganadería, lo que ha calificado como un "reto urgente". Entre las medidas que incluirá el futuro real decreto destacan a creación de 'Tierra Joven', una plataforma de información y movilización de cerca de 17.000 fincas agrarias propiedad del Estado, para ponerlas a disposición de los jóvenes, así como la propuesta que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo en el campo.

El primer Consejo de Ministros de 2026 ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo, entre los que se encuentran las tarjetas revolving o los préstamos rápidos en plataformas digitales. Por primera vez, el texto pone topes a los tipos de interés de esta financiación para evitar abusos por parte de los prestamistas y propone eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses. Además, establece que solo podrán conceder préstamos al consumo las entidades financieras registradas y supervisadas por el Banco de España, y obliga a suministrar a los consumidores una información más transparente y sencilla previa a la contratación.

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado dos reales decretos, uno de ellos relacionado con ayudas al transporte y el nuevo abono único de 60 euros para trenes y autobuses, y otro que incluye la revalorización de las pensiones y la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a familias vulnerables, la prohibición de cortarles los suministros básicos del hogar y las ayudas para la mejora energética de viviendas y edificios. Lo que no ha aprobado el Gobierno es el nuevo Plan de Vivienda, a pesar de que esperaba hacerlo este mes, ni la actualización de las cuotas de los autónomos, que se mantendrán congeladas.

El Gobierno ha anunciado un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la suscripción de una adenda al convenio con el Instituto de Crédito Oficial relat

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Turespaña, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del contrato de concesión de obra pública para la rehabilitación, adecuación y explotación del Palacio de Congresos de Madrid por un presupuesto de 105 millones

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por que Europa permita a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas afectadas por la "subida descontrolada" de los precios y la tensión turística, con medidas como la prohibición de la compraventa especulativa de viviendas y la venta a fondos de vivienda protegida. Esta petición de la ministra durante un encuentro con el Gobierno de Canarias coincide en el tiempo con el rechazo del Congreso a la proposición de ley de Sumar para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España, con la abstención del PSOE.

El 'think tank' de las economías avanzadas ha publicado un estudio sobre España donde resume varias recomendaciones para reducir la actual tensión en el mercado de la vivienda. La OCDE, por ejemplo, cuestiona la eficiencia de los límites a las rentas que establece la Ley de Vivienda, asegura que los incentivos para desarrollar viviendas asequibles son escasos y alerta de la complejidad de establecer impuestos a la vivienda vacía. También insiste en mejorar el enfoque de las ayudas públicas al alquiler y ampliar el parque en alquiler. "España necesitaría aproximadamente 1,5 millones de viviendas de alquiler social", asegura.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que antes de que acabe el año el Gobierno llevará al hemiciclo un paquete normativo para prorrogar buena parte de las medidas que incluye el escudo social que se aprobó en la pandemia y que caducan el próximo 31 de diciembre, entre las que se encuentran la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables por impago del alquiler o de cortarles los suministros básicos del hogar. Los propietarios ya se están preparando para la posibilidad de que la moratoria se prolongue por sexto año consecutivo.

Pedro Sánchez llevará a Bruselas la proposición de eliminar el cambio de hora estacional, una práctica que desde hace décadas marca el inicio del horario de invierno en octubre y del horario de verano en marzo. Si España optara por mantener el horario de verano durante todo el año, los días de invierno comenzarían con más oscuridad. En muchas ciudades del norte y centro peninsular el sol saldría después de las 8:30 horas en diciembre. En cambio, si se mantuviera el horario de invierno de forma permanente, amanecería antes -en torno a las 5:30 en junio en buena parte de la Península-, lo que facilitaría comenzar la jornada laboral con luz natural.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha abogado por prohibir la compra de viviendas con fines especulativos, y que la compra se destine para residir o para alquilar a precios asequibles: "Es hora de actuar", ha defendido.Lo ha dicho en una atención a los medios e

El experto inmobiliario, Mariano Fuentes, se muestra muy crítico con una de las últimas propuestas del Gobierno en materia de vivienda, la puesta en marcha de una página web a modo de portal inmobiliario donde se van a anunciar todos los pisos públicos destinados al mercado de alquiler. Fuentes tilda la medida de fútil y con poca iniciativa hacia el verdadero problema que debe afrontar el Ministerio, que es fomentar la creación de vivienda a través del suelo: "Con las nulas competencias en materia legislativa con las que cuentan, tienen que tirar de imaginación para existir mediáticamente".

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) y la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) denuncian las carencias del Sistema de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI), impulsado por el Ministerio de Vivienda y que sirve como referencia, a título orientativo, para fijar la renta en los nuevos contratos de arrendamiento. Aseguran que el índice arrastra deficiencias metodológicas, que no selecciona los datos de forma adecuada, no es transparente y sesga la información, por lo que "no refleja la realidad del mercado" y pone en peligro "la estabilidad del mercado del alquiler". Las consultoras ofrecen su colaboración al Gobierno para hacer del SERPAVI un índice tan útil como riguroso.

Sumar defenderá esta semana una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno incorporar al parque público de vivienda en régimen de alquiler aquellos hogares amenazados con desahucio. Para ello, propone reservar una partida presupuestaria específica y que la medida pueda articularse a través de la empresa estatal de vivienda. El socio minoritario del Ejecutivo también plantea en la iniciativa "explorar la posibilidad" de expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión.

El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Bono Alquiler Joven 2025, la ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para fomentar la emancipación juvenil. El programa cuenta con 200 millones de euros y tiene a Andalucía, Madrid y Cataluña como principales beneficiarias, al acaparar 95 millones, casi la mitad del total. Este reparto debe ser ratificado por la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.

El pasado 7 de octubre finalizó el plazo para presentar alegaciones al proyecto del Plan de Vivienda 2026-2030. El Gobierno ha recibido 362 recomendaciones en este periodo de consulta pública y varias de ellas las ha presentado la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), que critica la falta de dotación presupuestaria, la necesidad de buscar consensos y reforzar la seguridad jurídica, y de que la Administración vea al sector privado como un aliado. También reivindica más protección para los arrendadores y ayudas para movilizar suelos privados y vivienda existente con el objetivo de aumentar la oferta residencial.

Una de las medidas que incluye el Proyecto de Real Decreto que regula el nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 es la puesta en marcha deuna línea de avales destinada a cubrir los potenciales impagos del alquiler de jóvenes y familias vulnerables. A falta de que el Gobierno negocie el texto con las CCAA, estas compensaciones están sujetas a unos requisitos muy concretos, tienen a la autonomía o al arrendador como beneficiarios y no son ayudas a fondo perdido: los inquilinos deberán devolver las cantidades a la Administración.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 30 de septiembre una Resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por la que se actualizan los datos y metodología del Sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda (Serpavi), que por primera vez incorpora datos relat