Gobierno

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado durante la inauguración del congreso Rebuild 2026, que se celebra esta semana en Madrid, que España tiene la capacidad para desarrollar hasta 2,4 millones de viviendas gracias a más de un millar de sectores urbanísticos. Según Lucas, estos sectores "o están en suelo urbano ya con su desarrollo completo y urbanizado, o con potencialidad de ser urbanizado en un tiempo corto o medio". De ese potencial, 490.000 viviendas cuentan con las condiciones para empezar su "edificación inmediata".

La prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 incluida en el decreto con medidas en vivienda para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán está en vigor desde el 22 de marzo. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), afirma que la iniciativa pende de un hilo y, si la norma decae cuando se vote en el Congreso, la prórroga solo se aplicará a los arrendamientos que se hayan suscrito hasta entonces, mientras que los posteriores "volverían a finalizar en la fecha indicada en los contratos”. El abogado también explica cómo comunicárselo al propietario o qué sucede si las partes ya han firmado un acuerdo de renovación.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha recomendado a los inquilinos solicitar la prórroga de sus contratos durante la vigencia del decreto de vivienda por la guerra en Irán para "beneficiarse de las condiciones actuales durante dos años adicionales" y considera que la medida "no perjudica

Los dos reales decretos que aprobó el viernes el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias económicas entraron en vigor el 22 de marzo, tras su publicación en el BOE. Este jueves se votará en el Congreso el texto que incluye una batería de medidas fiscales, como la rebaja del IVA al 10% de los carburantes, la luz o el gas, mientras que todavía no hay fecha oficial para el debate de la prórroga de los contratos de alquiler de dos años y el tope del 2% en las actualizaciones de los arrendamientos. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevar el decreto a la Cámara Baja y, de momento, no tiene apoyos suficientes para su convalidación. Por tanto, las medidas podrían perder sus efectos jurídicos.

Los técnicos del FMI han emitido un informe donde exigen al Gobierno "una acción más contundente" para abordar la actual crisis habitacional. En concreto, sostienen que la oferta de vivienda tiene que aumentar "a un ritmo mucho más rápido" para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda, para lo que consideran necesario acelerar los planes urbanísticos, liberar más suelo, agilizar la concesión de licencias y aprobar la reforma de la Ley del Suelo. En materia de alquiler, aseguran que los controles de las rentas "deberían suspenderse tras su período inicial de tres años".

El Consejo de Ministros ha decidido dividir en dos decretos una batería de medidas hacer frente a las consecuencias económicas por el conflicto en Oriente Medio en una de las reuniones más tensas que se recuerdan por los desencuentros entre los socios de Gobierno en las cuestiones relacionadas con la vivienda. Finalmente, PSOE y Sumar han incluido en un decreto una bajada del IVA del 21% al 10% de los carburantes, la luz y el gas, eliminar el impuesto a la producción eléctrica o mejorar el bono social eléctrico. El segundo texto incluye el tope a la actualización de los alquileres, medida que ya estuvo en marcha durante la guerra en Ucrania, y la prórroga de los contratos de alquiler que venzan próximamente, aunque no tiene apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante. Ambos deben votarse en el Congreso de los Diputados, pero solo el de medidas fiscales se vota el próximo jueves.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el decreto con medidas para hacer frente al conflicto en Oriente Medio, y todavía no está claro si el texto incluirá o no medidas relacionadas con la vivienda. Mientras las ministras de Hacienda y Vivienda han dejado entrever que no están sobre la mesa ni la prórroga de los contratos de alquiler ni una nueva moratoria antidesahucios, que no tienen apoyos parlamentarios, la ministra de Sanidad da por hecho que habrá medidas en vivienda, como solicitan Sumar y algunos de los socios habituales del Ejecutivo como ERC o Bildu. La única medida que se estaría planteando el PSOE es limitar al 2% la actualización del precio de los alquileres.

El Gobierno ha autorizado la celebración del contrato de obras de reestructuración total de los edificios de oficinas del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) situados en el 106 y 108 del Paseo de la Castellana de Madrid por un valor estimado de 65,79 millones de euros.Estos edificios del Pase

La Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña se han reunido durante el encuentro Precios de Vivienda 2026, donde han repasado las medidas que han adoptado en los últimos años para impulsar la VPO y el alquiler asequible y han alertado de que el retraso en la aprobación del Plan de Vivienda 2026-2030 por parte del Gobierno provocará perder prácticamente un año para combatir la crisis habitacional. Las CCAA esperan que el Ejecutivo de luz verde al plan a finales de abril, pero tardarán meses en cerrar acuerdos bilaterales e implementar las convocatorias. Además, afirman que los fondos son insuficientes y ven en el capital privado la llave para acelerar el desarrollo de oferta.

Los partidos que invistieron a Pedro Sánchez urgen al Gobierno para incluir medidas en materia de vivienda en el decreto económico para paliar los efectos de la crisis por el conflicto en Irán. Prohibir los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler que vencerán próximamente o topar la subida anual de las rentas de los arrendamientos están entre las propuestas de Sumar, ERC, Bildu, Podemos o BNG. El PSOE recuerda que las medidas antidesahucios cayeron por dos veces en el Congreso al no contar con la mayoría necesaria, y plantea un límite máximo del 2% en la actualización de los alquileres firmados antes de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda.

Esquerra Republicana ha planteado al Gobierno de coalición que incluya la prohibición de desahucios, la prórroga de contratos de alquiler que finalicen este año y en 2027 o topar la subida anual de las rentas en el decreto de medidas económicas que pretende aprobar el viernes para contener las consecuencias económicas de la guerra en Irán. El partido nacionalista se une a Sumar, Podemos, Bildu o BNG, que apoyan un paquete de medidas económicas, fiscales y sociales para proteger a la ciudadanía ante el aumento de precios derivado del conflicto, y reclama más control en el precio de combustibles, rebajas de IRPF para rentas bajas y gravar los beneficios de las energéticas.

El Gobierno aprobará el próximo viernes un plan de respuesta integral ante el impacto económico y energético de la guerra en Oriente Próximo, que será aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario.El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez acelera así la adopción de medidas para contener el impacto

El Gobierno ultima un paquete de medidas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio antes de presentárselo a oposición y agentes sociales. Mientras tanto, los partidos políticos y los empresarios están lanzando sus propias propuestas. Podemos, por ejemplo, recomienda nacionalizar Repsol, expropiar viviendas a los fondos y crear un banco público, mientras que Sumar reclama la prórroga de los contratos de alquiler, establecer un impuesto a las energéticas y topar los precios de los alimentos; y el PP aboga por bajar el IVA de la energía o aumentar deducciones en el IRPF. La CEOE, por su parte, se inclina por bajar el IVA del combustible o deflactar el IRPF para evitar que la inflación lastre la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido en una reunión informal de los responsables de Vivienda celebrada en Bruselas la limitación de la compra especulativa de vivienda para frenar los procesos de gentrificación, medida que va a poner en marcha Cataluña en los próximos meses. Lucas ha reclamado a la Comisión Europea fondos específicos para adoptar medidas "rápidas, urgentes y eficaces" para solucionar el problema residencial en la UE y ha reinvicado la colaboración entre administraciones públicas como la mejor vía para conseguir soluciones efectivas.

El Gobierno estudia poner en marcha un paquete de medidas urgentes por la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio. Según han afirmado varios ministros, el Ejecutivo lo activará en caso de ser necesario para minimizar los efectos negativos que pudiera tener la guerra sobre ciudadanos y empresas, incluidos los transportistas y las grandes industrias. En 2022, con la guerra en Ucrania, el Gobierno rebajó el IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y lo redujo al 5% para aceites y pastas; congeló el precio de la bombona de butano, limitó las subidas de los alquileres y del precio del gas, además de descuentos en el transporte público, y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

El Pleno de la Cámara Baja ha vuelto a tumbar el decreto del escudo social con la prórroga de los desahucios por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos. A pesar de que el Gobierno pactó con el PNV eximir de la nueva moratoria a los pequeños propietarios tras la caída de la iniciativa que incluía el ‘decreto ómnibus’ en enero, Junts, PP y Vox han tumbado el segundo decreto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Tanto la suspensión de los desahucios como la posibilidad de los propietarios de solicitar una compensación quedan sin efectos jurídicos.

El próximo 16 marzo se cumplen dos años de la entrada en vigor de las primeras zonas tensionadas en Cataluña, la autonomía pionera en España en imponer topes a los alquileres. Con este aniversario como telón de fondo, idealista/news entrevista a Santiago Calvo, doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en la Universidad de las Hespérides, quien asegura la medida está hundiendo la firma de nuevos contratos en las diferentes CCAA donde se aplica. El economista critica que el debate sobre el mercado residencial esté “contaminado por la confrontación territorial y partidista”, e incide en que la Administración no puede reconocer públicamente que la medida estrella de la Ley de Vivienda esté fracasando, porque sería “un suicidio político”. Su apuesta pasa por acelerar el desarrollo de nuevas viviendas y alerta de que, mientras la construcción no sea rentable y los propietarios no tengan más seguridad jurídica, la tensión de precios irá a más.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido que el Gobierno de España está "cambiando el paradigma de la vivienda para dotar a España de un parque público protegido con carácter permanente y a precios asequibles".Lucas ha intervenido en un foro de Uría y Menéndez s

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Torres como subsecretario de Vivienda y Agenda Urbana y de Pablo Moreno como secretario general técnico del mismo departamento.Pablo Torres es graduado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Administración Civil del

El llamado ‘escudo social’ del Gobierno frente a los desahucios comienza a encontrar un freno en los tribunales. Varias resoluciones judiciales recientes han cuestionado la fórmula elegida por el Ejecutivo para prorrogar una medida que nació como excepcional durante la pandemia y que sigue vigente seis años después. El argumento central de los tribunales gira en torno al carácter extraordinario de la norma, ya que no podría interpretarse como una suspensión permanente, y se convertiría en una restricción desproporcionada del derecho de propiedad. Mientras, el Ejecutivo mantienen las negociaciones con el resto del Parlamento para ampliar el decreto antidesahucios hasta finales de 2026.

La formación catalana ha confirmado que, de momento, mantiene su rechazo al nuevo decreto del escudo social que entró en vigor el pasado 5 de febrero y que debe votarse en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. El texto, que incluye la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional para propietarios de tres o más viviendas, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser convalidado, pese a que Podemos ha adelantado que votará a favor. Si decae, también desaparecerá la posibilidad de los arrendadores de solicitar una compensación económica por las rentas no percibidas.

Los propietarios que se hayan visto afectados por la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por el impago del alquiler todavía están a tiempo de solicitar una compensación económica a la Administración Pública. Según la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el nuevo plazo se abrió el pasado 5 de febrero, cuando entró en vigor el nuevo decreto antidesahucios, aunque puede tener los días contados. Si el Congreso vuelve a tumbar la prórroga, también decaerán las indemnizaciones. Asval apremia a los arrendadores a que realicen la petición de forma inmediata, ya que todo se decidirá en apenas tres semanas.

El malestar en el mundo económico e inmobiliario va a más por las lecturas que hace Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, de las estadísticas oficiales para mantener el relato de sus políticas. El último ejemplo es el freno a los pisos turísticos, que ha sido el blanco de duras críticas en las últimas horas tras conocerse el cambio de la referencia temporal de la serie estadística. Economistas y expertos inmobiliarios denuncian que la modificación sobre las viviendas de uso turístico (VUT) ha pasado de utilizar los meses febrero y agosto a centrarse en mayo y noviembre. Tal modificación no solo deja fuera el pico de la temporada turística, sino que además impide hacer comparativas superiores a 12 meses. Y no es un caso aislado: en los últimos meses hay casos relacionados con las VPO o el control de los alquileres.

El Gobierno ha vuelto a aprobar la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago de alquiler, pero con grandes novedades, ya que no afectará a propietarios particulares con menos de tres viviendas en propiedad. Según sus cálculos, hay actualmente 60.000 desahucios paralizados, pero con la aprobación de esta nueva medida, 50.000 terminarán en desahucio. El Ejecutivo ha tenido que trocear el anterior decreto 'ómnibus' que fue tumbado en el Congreso, y ahora presentará la revalorización de las pensiones por un lado y el llamado escudo social por separado, para intentar contar el apoyo de Junts y PNV, aunque Junts ya ha anunciado que votará en contra de la medida antidesahucios.

Los propietarios con una sola vivienda de alquiler quedarán exentos de "asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad".