La actualización anual de los contratos de alquiler vuelve a depender del IPC (3,2%) y del IRAV (2,4%)
Tras el fiasco del Gobierno con el decreto que pretendía prorrogar los contratos de alquiler de larga duración que finalizaran antes de diciembre de 2027 y aplicar un tope del 2% en la actualización anual de los contratos en vigor, aquellos arrendamientos firmados tras la Ley de Vivienda a los que en breve les toque actualizar su renta anual van a tener que asumir una subida del 2,4% (índice IRAV), que se traduce en unos 280 euros más el próximo año. Mientras que los que sigan ligados al IPC (3,2% en abril), tendrán un incremento anual de casi 380 euros.