La solución al problema de la vivienda: la Administración pone suelo, pero tropieza en la letra
La colaboración público‑privada se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por CCAA y ayuntamientos para ampliar el parque de vivienda asequible. Sobre el papel, esta fórmula permite movilizar capital, acelerar la construcción y traspasar los riesgos de la gestión inmobiliaria a los profesionales del sector. Sin embargo, Román Hierro, asociado del despacho Ashurst, alerta de que la deficiente calidad técnica y jurídica de los pliegos administrativos erosiona su atractivo para la inversión privada, ya que genera "incertidumbre y la inseguridad jurídica" e impide que proliferen más proyectos.