Bruno Rabassa: "Los estamentos públicos no están haciendo nada para resolver el problema de la vivienda"

La tensión que arrastra el mercado de la vivienda en España ha centrado el debate de las jornadas inmobiliarias celebradas en el marco de SIMA 2025. Durante una sesión centrada en el segmento del lujo, inmobiliarias y firmas de inversión han criticado la ausencia de soluciones por parte de la Administración, sustituidas por medidas de carácter electoralista, y la falta de diálogo con el sector privado para atajar el problema.

Así lo han explicado Bruno Rabassa, CEO de Berkshire Hathaway HomeServices en España; Carmen Panadero, managing director de Impar Capital; e Isidoro Minguez, director de Orion Capital y board member de Sotogrande, durante la mesa redonda Premium Real Estate. Una jornada en la que han dado su visión sobre qué no funciona en el mercado y qué consideran necesario para reconducir la situación.

Para Bruno Rabassa, la clave es que “los estamentos públicos no están haciendo absolutamente nada para resolver el problema de la vivienda, sino todo lo contrario”, para afirmar después que “los políticos son especialistas en crearnos problemas para decir que ellos mismos tienen la solución y que les votemos”. 

El CEO de Berkshire Hathaway HomeServices en España ha calificado de increíbles los plazos tan largos para aprobar nuevos nuevos desarrollos urbanísticos, así como el problema de la falta de mano de obra o la subida de los costes de construcción, o las limitaciones que tienen las entidades financieras para poder financiar nuevos proyectos. “Es un totum revolutum que no favorece en absoluto que se produzca nueva vivienda”, ha asegurado Rabassa, que ha mostrado su preocupación por la falta de oferta residencial respecto a la demanda. 

"Es un auténtico reto. Todas las compañías de intermediación inmobiliaria cada vez nos encontramos  menores niveles de inventari  y es algo que a mí me preocupa mucho, no solo desde el punto de vista profesional, sino como padre de tres adolescentes que se están incorporando al mercado de trabajo y que el día de mañana lógicamente aspirarán a crear un hogar y a vivir bajo un techo", ha añadido.

En esa misma línea, Isidoro Minguez, director de Orion Capital y board member de Sotogrande, ha explicado que echa en falta más seguridad política y jurídica, y evitar que la Administración anuncie medidas sin concretar detalles o calcular su impacto. Por ejemplo, como la propuesta para incrementar los impuestos a las compras de viviendas por parte de extranjeros no residentes de fuera de la UE. 

“Si te vas a los datos, te das cuenta de que en los últimos 12 meses los compradores de fuera de la Unión Europea son más o menos unos 20.000, mientras que el número total de transacciones en España son 600.000. Además, el 85% de estos compradores se concentran en la Costa del Sol, Murcia y Valencia, por lo que no va a tener impacto en el mercado residencial español”, ha destacado.

En su opinión, “el sector público español tiene que hablar más con el sector privado para escuchar y que le podamos y que podamos ayudar entre todos a solucionar este problema”.

Carmen Panadero, managing director de Impar Capital, también ha hecho una reflexión similar y ha argumentado que “en el momento en que la vivienda se ha convertido en una herramienta política, todo lo que pasa alrededor de la vivienda es un sinsentido porque no se hacen medidas con conocimiento de causa”. Y ha pedido evitar “medidas que son electoralistas” por su escasa efectividad y el impacto negativo que provocan. 

“Tenemos que convivir con eso. Hay que hacer mucha didáctica con los inversores para demostrar que somos un país serio, pero por supuesto que nos hace daño”, ha indicado la también presidenta de Women in Real Estate (WIRES).

A pesar de ello, Panadero ha asegurado que los fundamentales de España son muy sólidos actualmente y que sigue atrayendo capital, sobre todo ciudades como Madrid y Málaga. 

Isidoro Minguez no solo ha recordado que es necesario “ganar en seguridad jurídica y en estabilidad para evitar vaivenes en estos campos”, sino en mejorar la fiscalidad inmobiliaria. “Hay que ser muy conscientes de que en fiscalidad competimos con destinos y con ciudades de nuestro entorno” y que muchos ciudadanos toman la decisión de ir a vivir a un lugar y de comprar una vivienda “en función de la fiscalidad que el país le está dando y la seguridad fiscal que ese destino le esté dando a medio plazo al comprador. Estamos perdiendo ventas frente a Portugal por este motivo”, ha alertado.

En su opinión, “si hay una colaboración público-privada que pase por una bajada de impuestos en la promoción de vivienda y aportaciones de suelo público hacia el sector privado, podemos colaborar. Pero esto no lo podemos liderar desde el sector privado”, ha añadido. 

Junto a la fiscalidad y a la inseguridad jurídica, otro de los problemas más inmediatos a los que se enfrenta el mercado de la vivienda es el plazo necesario para movilizar suelos en los que construir nuevas viviendas, que conlleva unos plazos excesivamente lentos por “el lío legislativo y la superposición de normativas”, según Carmen Panadero. Todo ello provoca que los desarrollos tarden entre cinco y 20 años en materializarse. 

“Hasta que no arreglemos el problema del suelo, tendremos un problema muy grave. Cuando los indicadores están tan tensionados, no es un mercado sano porque hay una presión social brutal. Y esa presión social va a acabar en un problema serio”, ha advertido Panadero. 

De hecho, no ha descartado que haya un incremento del chabolismo en un momento en el que la demanda crece muy por encima de la oferta de nuevas viviendas. “Volveremos a situaciones como en los países en vías de desarrollo, que se crearán bolsas de zonas sin desarrollar porque la gente no tenga donde vivir”, ha alertado.

Isidoro Minguez también ha hecho un llamamiento al sector público en este sentido. "La tramitación urbanística en España para la generación de suelo y la generación de obra nueva es lentísima, es eterna. Ojalá haya alguien del sector público aquí que me escuche. Igual que en el COVID se pudieron hacer soluciones de emergencia para un problema muy serio que teníamos en España, creo que es el momento de dar soluciones de emergencia entre el sector público y privado para este problema", ha concluido.