Okupación ilegal

Un caso extremo de okupación en Cataluña ha puesto de nuevo bajo el foco el debate sobre la eficacia de la ley y la justicia. Se trata de un joven de 22 años, vecino de Sant Boi de Llobregat, que acumula 225 denuncias y 31 detenciones por ocupar viviendas, aunque nunca ha llegado a pasar más de un día en prisión. Su “negocio” es ya conocido: exige pagos de hasta 17.000 euros para abandonar los inmuebles, y si los propietarios se oponen a abonar dicha cantidad, el okupa vende las viviendas a familias vulnerables por unos 3.000 euros.

El Senado ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

El Senado abordará este miércoles una Proposición de Ley impulsada por el Partido Popular para modificar el tratamiento penal del corte de suministros básicos, como agua, luz o gas, en viviendas okupadas. La iniciativa tiene como objetivo que los dueños de inmuebles puedan interrumpir estos servicios sin enfrentarse a un posible delito de coacciones. La medida llega después de que la ley ‘antiokupas’ impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Alta quedara bloqueada en el Congreso de los Diputados.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha alertado durante el Congreso Nacional de Vivienda sobre la incomprensión internacional del fenómeno de la okupación en España y ha propuesto 10 medidas clave para erradicarla. Destaca la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Vivienda, agilizar la expulsión judicial de okupas, tipificar la inquiokupación y la permanencia tras el alquiler vacacional como delitos, evitar que la vulnerabilidad detenga desahucios, reformar leyes actuales y crear registros de morosos, entre otras acciones.

La okupación de viviendas se ha convertido en un fenómeno alarmante en España, y las cifras oficiales lo corroboran. El abogado Santiago Thomás de Carranza desglosa los diferentes tipos de okupación en España: el allanamiento de morada, que afecta a la vivienda habitual y es considerado un delito más grave; la usurpación, que se refiere a la ocupación de propiedades vacías y no habitadas; y la inquiokupación, donde inquilinos que inicialmente tenían un contrato de arrendamiento dejan de pagar. Santiago explica las implicaciones legales de cada tipo de okupación, así como las herramientas que tienen los propietarios afectados para recuperar sus viviendas.

La alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones, Almudena Negro, ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas económicas destinada a los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus viviendas, las cuales otorgarán 300 euros anuales durante un plazo máximo de tres años, lo que supone un total de 900 euros por propietario afectado. Los destinatarios serán personas físicas que sean propietarias de una vivienda localizada en Torrelodones y que sufran situaciones de impago. Además, los solicitantes deberán acreditar que han iniciado los trámites judiciales.

La Justicia de Palma ha condenado a una mujer por dos delitos: ocupar ilegalmente una vivienda e instalar una piscina de 6.000 litros en la terraza del apartamento, lo que ha provocado daños estructurales en el edificio que han puesto en riesgo al resto de vecinos. Por ello, el juez de la isla ha condenado a la okupa a pagar 8.000 euros, aunque el propietario estima que los daños “ascienden a decenas de miles de euros”.

Las demandas por okupación de viviendas en España han roto la tendencia por partida doble en el segundo trimestre del año. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el volumen de asuntos ingresados en los juzgados de toda España se desplomó casi un 24% interanual y un 18% respecto al arranque de 2025, con 487 casos. Se trata del segundo dato más bajo de los últimos años, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley que obliga a los propietarios a negociar con los okupas antes de interponer la demanda. Por otro lado, Cataluña ha cedido el puesto a Andalucía como la región con más casos, aunque Barcelona se mantiene como la provincia más afectada.

Los propietarios de una vivienda, cuya casa haya sido okupada, tendrán la obligación de negociar e intentar llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda contra los usurpadores. Así lo han confirmado los magistrados de Primera Instancia y de los Juzgados hipotecarios de Madrid, que han reatificado el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el 3 de abril.

El municipio toledano de Seseña ha sido escenario de un grave episodio de violencia que ha conmocionado a los vecinos y propietarios afectados. Una familia de okupas ha usurpado varias viviendas en un bloque de pisos, desatando el pánico entre los dueños y los trabajadores de una empresa de desokupación, que intentan mediar en la delicada situación.

El abogado José Ramón Zurdo considera que sí es posible luchar contra la okupación de viviendas, pero con medidas mucho más efectivas que las adoptadas hasta el momento, que se han centrado en agilizar los procedimientos judiciales. Sin embargo, estas reformas han obviado una cuestión fundamental: ¿y si la vía judicial no fuera la más adecuada para abordar este complejo problema? El experto apuesta por permitir a las fuerzas del orden actuar de manera inmediata, sin necesidad de autorización judicial previa, como ocurre hoy en día.

La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.

La okupación es uno de los temas que más preocupan en España, pero en otros lugares del mundo resulta difícil de comprender. Así lo asegura Adrián Díaz, un empresario español que vive en China desde hace casi dos décadas y que confiesa que, cuando explica allí lo que ocurre en nuestro país, muchos creen que está inventando una historia imposible.

La okupación sigue siendo uno de los temas más candentes en España, y el último caso ha dejado a muchos sin palabras: una mujer que llevaba diez años viviendo en un piso okupado perdió la vivienda después de que otra okupa aprovechara su viaje a República Dominicana para quedarse con la casa. El caso, difundido en televisión, ha abierto un debate sobre los abusos y el vacío legal en torno a estas situaciones.

Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento. La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.

Una pareja de jóvenes okupas convirtió la Alcazaba de Almería en su improvisado campamento de verano. Con tienda de campaña, mensaje rebelde y escenas románticas incluidas, fueron sorprendidos por visitantes y desalojados poco después por la seguridad del monumento.

Una pareja de Valladolid llegó a su propia vivienda tras un viaje de trabajo y se encontraron con la cerradura cambiada y gente en su interior. Gracias a que habían dejado documentos personales, cartas y fotos familiares en el piso, la policía pudo demostrar rápidamente que era su residencia habitual y desalojar a los okupas en tiempo récord. Este caso, resuelto en pocas horas, demuestra la importancia de dejar pruebas inequívocas de habitabilidad antes de ausentarse varios días y la cooperación vecinal para agilizar la respuesta policial ante los casos de ocupación ilegal.

La Policía Local del municipio de Almenara (Castellón) ha alertado por RRSS a la ciudadanía sobre un nuevo método de okupación ilegal detectado recientemente en la localidad. Los okupas están recurriendo a prácticas engañosas para acceder a viviendas deshabitadas sin ser detectados. El modus operandi consiste en colocar un candado adicional con cadena o incluso cambiar la cerradura de la propiedad deshabitada. Si pasdos varios días el acceso no está manipulado, asumen que la vivienda no es una morada habitual de alguien y proceden a ocuparla y, así, evitan incurrir en el delito de allanamiento de morada.

La falta de medidas efectivas contra la okupación y la morosidad en alquileres e hipotecas desincentiva la inversión en el sector inmobiliario, y reduce la oferta de vivienda en alquiler.

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

El Senado de Italia ha dado luz verde al Decreto de Seguridad con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Se trata de una norma que endurece las penas contra la okupación de viviendas y, en general, contra los delitos vinculados a la seguridad y el orden público. El recién aprobado Decreto de Seguridad introduce en el código penal un nuevo delito con penas de hasta siete años para quien, mediante violencia, amenazas o engaño, okupe una vivienda privada.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Palma de Mallorca ha condenado a un año y un mes de prisión a un hombre por intentar okupar una vivienda mientras su propietaria se encontraba en su interior, y a otros nueve meses por amenazar de muerte con un arma blanca a una mujer y a su hijo menor de edad, que le sorprendieron mientras intentaba forzar la cerradura del inmueble. En total, la Audiencia Provincial de Baleares ha penado al individuo con un año y diez meses de cárcel. La parte denunciada interpuso una apelación que ha sido desestimada finalmente.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha declarado que uno de los grandes ‘escollos’ que ha provocado esta crisis habitacional es la “lamentable” Ley de Vivienda, que ha provocado la pérdida del 37,2% de toda la oferta inmobiliaria de la región durante los meses posteriores a su entrada en vigor. Durante la celebración de la feria Rebuild, Media ha cifrado el número de inmuebles vacíos en 50.000 unidades por “miedo” a la okupación.