Okupación ilegal

Según alerta la agencia de calificación Moody's en un informe publicado este miércoles, la okupación ilegal supone una gran amenaza y un aumento de los desequilibrios en el sector de la vivienda en España. Además, prevé que la demanda de vivienda en España siga débil este año como consecuencia de la pandemia, lo que seguirá presionando a la baja los precios.

Las dificultades para acceder a una vivienda provocan muchos casos de okupación. El ‘think thank’ Europa Ciudadana (EC) se basa en la legislación aplicada en Países Bajos en materia de alquiler para recomendar su aplicación en España y reducir este problema creciente en nuestro país. Normas como la Ley de Vacantes, que permite usar inmuebles vacíos, o Ley de Alquiler temporal para arrendamientos en periodos cortos en colaboración público-privada son solo algunos de los ejemplos.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció el pasado fin de semana que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la normativa antidesahucios aprobada por el Gobierno.

La agencia de calificación alerta de que la nueva ley aprobada por el Gobierno español que prohíbe los desahucios de la vivienda de colectivos vulnerables y okupas durante el estado de alarma reducirá los incentivos en la inversión en residencial. Para Moody’s esta nueva norma sigue erosionando los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad y presiona al escaso parque público social para acoger a estos colectivos, lo que supondrá más retrasos para el desalojo.

El recién aprobado Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable trae un cambio sustancial en la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Si hasta ahora el desalojo seguía adelante cuando la entrada o permanencia en el inmueble era un delito, ahora queda reducido a cuando se haya producido con intimidación o violencia. El sector critica la inseguridad jurídica y lo califica como una maniobra para amparar la okupación ilegal, mientras que el Gobierno asegura que solo cubre a víctimas de violencia de género, dependientes y que tengan menores a su cargo.

Cerca de 100 personas han okupado 86 viviendas de un edificio situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Un total de 28 pisos son propiedad de Sareb, aunque solo tiene constancia de la ocupación de 15. La sociedad, que ya se ha puesto en contacto con las autoridades y los servicios sociales municipales, explica que el inmueble no está en comercialización porque no tiene todas las licencias necesarias.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), en línea con otras voces del sector inmobiliario, cree que el decreto para prohibir los desalojos de inquilinos vulnerables que ultima el Gobierno supone legalizar la okupación y que el Estado tendrá responsabilidad patrimonial y legal por permitir esta práctica. También sostiene que los propietarios están dispuestos a buscar soluciones para los afectados por el covid-19, pero siempre y cuando sean inquilinos legales.

Las okupaciones ilegales han aumentado a 11.793 casos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el mes de septiembre de 2020 en el conjunto de España. Cataluña continúa a la cabeza de la estadística, ya que concentra el 48% del total, con 5.670 denuncias sobre allanamientos o usurpaciones.

Tres personas han muerto y otras 17 han resultado heridas la madrugada de este jueves en el incendio de una nave industrial okupada en Badalona (Barcelona), en concreto en el barrio del Gorg. Las autoridades se encuentran ya investigando si el incendio ha sido fortuito o si por el contrario ha sido provocado.

Aunque parezca el colmo de los colmos, esta historia es 100% real, y si no, que se lo pregunten a la protagonista.

El distrito de Gràcia acaba de dictar una orden de cese de actividad del casal popular Tres Lliris, desde hace cinco años en la antigua comisaría de Policía Nacional de Gràcia, en la calle Nil Fabra. Esta okupación ha sido siempre una de las más emblemáticas a los ojos de Ada Colau, que permitió que se legalizara el local okupado desde el ayuntamiento, “que además costeó algunas de sus obras con las arcas municipales”, según explican los vecinos de la zona.

El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana tiene abierta una causa por la okupación en octubre del año pasado de cuatro inmuebles de una finca situada en la Ronda Sant Pere. Después de varios intentos de desalojos, los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.

El centro de la ciudad andaluza vive una oleada de robos y okupación. La zona más afectada por la ocupación ilegal es el barrio de la Merced, donde un grupo de okupas ha expulsado a varias familias de diez viviendas. “Se nos van los buenos y se deja entrar a los malos”, lamenta en unas declaraciones al diario la presidenta de la asociación de vecinos, Guadalupe Espinosa.

La okupación sigue dando dolores de cabeza a gran parte de España. Y mientras se vive una nueva oleada de este fenómeno en todo el país, surgen nuevas plataformas para ayudar a que los propietarios afectados defiendan sus derechos. Es el caso de la Asociación de Afectados por la Okupación, liderada por Toni Miranda, que habla con idealista/news para explicar cuáles son sus propuestas para acabar con este problema.

Pedro se levanta temprano. Sabe que el día será duro. Se arregla y sale de casa, siempre con el miedo por saber qué se va a encontrar. “Hoy estoy de suerte”, piensa, “solo es una pareja de jóvenes que podrían abandonar la vivienda tras una conversación”. Nada que ver con lo que Pedro Fernández, jefe de operaciones Desokupa Express, vivió hace semanas: seis personas equipadas con hachas, intentos de atropello y una plantación de marihuana en la vivienda.

Los okupas son cada vez más ambiciosos y resolutivos con los pisos que habitan ilegalmente. Esta es la historia de Maite Mendivil, okupa de un ático con terraza en Las Ramblas de Barcelona que debía haber sido desalojada este jueves pero que el Sindicat d’Habitatge del Raval consiguió frenar. Lo curioso de la historia es que la okupa pagaba un alquiler de 300 euros y, pese a eso, realquilaba el piso en Airbnb.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que en el segundo trimestre de 2020 se registraron 757 demandas por okupación de viviendas particulares, mientras que en el mismo periodo del pasado ejercicio el número de denuncias fue de 953. Un descenso del 20% que se produce en los meses posteriores al confinamiento de la población provocado por la aparición del coronavirus.

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un nuevo protocolo de actuación policial para tratar de agilizar el desalojo de okupas tras la instrucción dada esta semana por la Fiscalía General del Estado. La novedad principal es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes.

La Fiscalía General del Estado ha publicado una orden de actuación que permitirá a los fiscales contar con más herramientas para combatir la ocupación ilegal de activos inmobiliarios.

La Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha una Oficina de atención al ciudadano dedicada exclusivamente a luchar contra la ocupación de inmuebles. Junto a la línea de emergencia 112 ya existente, se creará un teléfono 900 gratuito que asesorará al usuario en sus derechos, los primeros pasos a seguir y avisará a las autoridades competentes.