Okupación ilegal

Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 (allanamientos o usurpaciones, puesto que en las denuncias policiales no se delimita y es el juzgado el que determina la calificación), según datos oficiales. Por este motivo, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) y el SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) han elaborado el informe: 'El alquiler y su contexto normativo y de desarrollo'. Este documento afirma que el 80% de los propietarios con viviendas en alquiler temen que sus propiedades sean okupadas. 

La empresa de desokupación Exit Okupas ha desalojado un inmueble de 14 pisos ubicado en Torremolinos después de llevar más de 10 años okupado. Alex Caro, uno de los socios de la empresa ha explicado que en el interior de una de las viviendas se ha encontrado una pequeña plantación de marihuana y que también se han encontrado personas viviendo de manera ilegal en el cuarto del ascensor y en los trasteros del bloque.

Desde hace ocho años los habitantes de Horche viven un verdadero infierno.

Eduard Mendiluce, hombre de confianza del fondo de inversión Blackstone en España y CEO de Anticipa y Aliseda, afirma en una entrevista que está preocupado porque España es el único país donde se protege la ocupación ilegal. “La normativa aprobada en Cataluña a principios de 2020, en la que se obligaba a ofrecer alquiler social a los okupas bajo ciertas circunstancias, ponía al mismo nivel a un deudor hipotecario o de alquiler y a un okupa”, asevera. Alerta de que la inseguridad jurídica puede lastrar el crecimiento económico y ahuyentar a los inversores.

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Comunidad Valenciana, es la encargada de gestionar los pisos públicos. Su subdirectora, Pura Peris, señala que en la actualidad tienen contabilizadas 1.290 viviendas del parque público okupadas. Mientras tanto, esta administración cuenta con una lista de espera de 16.000 demandantes de vivienda con algún tipo de protección.

Agencias Negociadora ha elaborado una lista para evitar okupaciones en las casas durante el verano. Entre ellas destaca la de instalar una alarma en la vivienda, ya que el simple hecho de tener un cartel de alarma puede disuadir a los 'okupas', pero además, en caso de que se produzca el delito, este no será considerado ocupación, si no allanamiento, y por lo tanto son dos figuras totalmente distintas, ya que esta última permite a la policía actuar de inmediato.

La okupación en España subió un 2,7% en 2020 con respecto a 2019, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupado de manera ilegal.

la empresa catalana Desokupa ha lanzado un club de afiliación al que poder suscribirse y, por 300 euros, proteger un piso contra okupaciones. Desde la compañía explican que se podrá hacer uso de una desokupación al año, pero que el usuario también podrá beneficiarse de otras ventajas.

Las empresas de desokupación siguen engordando su negocio con nuevas iniciativas. La empresa catalana Desokupa, liderada por el empresario Daniel Esteve, lanzará en los próximos días una plataforma de video, imitando a los grandes grupos estadounidenses como Netflix o HBO. En esta web, la compañía subirá contenidos relacionados con sus desokupaciones, así como entrevistas con su fundador.

Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienes del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.

El Gobierno andaluz ha creado un sistema que tiene por objetivo luchar contra la okupación y asesorar a los propietarios que tengan inquilinos ilegales en una vivienda. Además, la Junta ha creado una guía informativa con las herramientas legales disponibles y un grupo de trabajo específico para ayudar a los afectados a que encuentren la respuesta jurídica más adecuada para su caso.

Vicenç Hernández es el presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y CEO de Tecnotramit. Hernández tomó las riendas de la asociación a finales del pasado año con el objetivo de ayudar a profesionalizar, aun más, la figura del agente inmobiliario. El ejecutivo habla con idealista/news sobre el impacto de problemáticas como la okupación o el control del precio del alquiler, que según explica “manchan la reputación del ‘real estate’ español y frena a la inversión internacional”.

Las historias que rodean al fenómeno de la ‘okupación’ son muchas y variadas, pero cada vez rozan un poco más lo absurdo. La última viene de la mano de un ‘hombre sagrado’, al que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado una condena de un año y seis meses de prisión por un delito de estafa al dejar de pagar 2.095,24 euros en concepto de rentas a la arrendadora de su vivienda, situada en Palencia capital.

La Policía Nacional ha editado una guía útil que contiene una serie de recomendaciones para prevenir la okupación de viviendas, así como las distintas actuaciones que tiene que seguir el propietario si se ha producido finalmente el delito, como no cortar los suministros de agua, luz y gas, ni impedir la entrada a quienes han okupado la vivienda.

La compañía Ideal Guardian aterriza en España para implantar su modelo de negocio. Se trata de ofrecer a los propietarios un servicio de ‘guardianes’ que ayudan a evitar la okupación y problemas relacionados con el vandalismo. Estas personas no pagan arrendamiento por habitar estos activos, aunque no lo hacen de manera gratuita. En Holanda, ya hay más de 50.000 personas que viven bajo este régimen, según afirma a idelista/news John Van Haaren, CEO de la compañía en nuestro país.

La compañía dará hogar temporal en 2021 a 5.000 personas en edificios vacíos en toda España, comenzando por Madrid y continuando en los próximos meses por Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla. El modelo de negocio de la empresa consiste en buscar residentes que habiten edificios vacíos de forma temporal, de modo que quienes se alojen en ellos puedan disfrutar de un hogar a un precio reducido a la vez que los propietarios de los inmuebles evitan riesgos de okupación.

Según alerta la agencia de calificación Moody's en un informe publicado este miércoles, la okupación ilegal supone una gran amenaza y un aumento de los desequilibrios en el sector de la vivienda en España. Además, prevé que la demanda de vivienda en España siga débil este año como consecuencia de la pandemia, lo que seguirá presionando a la baja los precios.

Las dificultades para acceder a una vivienda provocan muchos casos de okupación. El ‘think thank’ Europa Ciudadana (EC) se basa en la legislación aplicada en Países Bajos en materia de alquiler para recomendar su aplicación en España y reducir este problema creciente en nuestro país. Normas como la Ley de Vacantes, que permite usar inmuebles vacíos, o Ley de Alquiler temporal para arrendamientos en periodos cortos en colaboración público-privada son solo algunos de los ejemplos.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció el pasado fin de semana que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la normativa antidesahucios aprobada por el Gobierno.

La agencia de calificación alerta de que la nueva ley aprobada por el Gobierno español que prohíbe los desahucios de la vivienda de colectivos vulnerables y okupas durante el estado de alarma reducirá los incentivos en la inversión en residencial. Para Moody’s esta nueva norma sigue erosionando los derechos de los acreedores sobre la recuperación de la propiedad y presiona al escaso parque público social para acoger a estos colectivos, lo que supondrá más retrasos para el desalojo.

El recién aprobado Real Decreto-ley para crear la figura del consumidor vulnerable trae un cambio sustancial en la prohibición de desahuciar a los colectivos vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Si hasta ahora el desalojo seguía adelante cuando la entrada o permanencia en el inmueble era un delito, ahora queda reducido a cuando se haya producido con intimidación o violencia. El sector critica la inseguridad jurídica y lo califica como una maniobra para amparar la okupación ilegal, mientras que el Gobierno asegura que solo cubre a víctimas de violencia de género, dependientes y que tengan menores a su cargo.

Cerca de 100 personas han okupado 86 viviendas de un edificio situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Un total de 28 pisos son propiedad de Sareb, aunque solo tiene constancia de la ocupación de 15. La sociedad, que ya se ha puesto en contacto con las autoridades y los servicios sociales municipales, explica que el inmueble no está en comercialización porque no tiene todas las licencias necesarias.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), en línea con otras voces del sector inmobiliario, cree que el decreto para prohibir los desalojos de inquilinos vulnerables que ultima el Gobierno supone legalizar la okupación y que el Estado tendrá responsabilidad patrimonial y legal por permitir esta práctica. También sostiene que los propietarios están dispuestos a buscar soluciones para los afectados por el covid-19, pero siempre y cuando sean inquilinos legales.