Okupas

El Juzgado de Instrucción número 1 de la capital catalana tiene abierta una causa por la okupación en octubre del año pasado de cuatro inmuebles de una finca situada en la Ronda Sant Pere. Después de varios intentos de desalojos, los abogados de la propiedad consideraron que la actuación de los ocupantes y de otras personas de la entidad que los apoyaron podrían constituir también delitos de coacciones, extorsión, amenazas y organización criminal.

Pedro se levanta temprano. Sabe que el día será duro. Se arregla y sale de casa, siempre con el miedo por saber qué se va a encontrar. “Hoy estoy de suerte”, piensa, “solo es una pareja de jóvenes que podrían abandonar la vivienda tras una conversación”. Nada que ver con lo que Pedro Fernández, jefe de operaciones Desokupa Express, vivió hace semanas: seis personas equipadas con hachas, intentos de atropello y una plantación de marihuana en la vivienda.

Los okupas son cada vez más ambiciosos y resolutivos con los pisos que habitan ilegalmente. Esta es la historia de Maite Mendivil, okupa de un ático con terraza en Las Ramblas de Barcelona que debía haber sido desalojada este jueves pero que el Sindicat d’Habitatge del Raval consiguió frenar. Lo curioso de la historia es que la okupa pagaba un alquiler de 300 euros y, pese a eso, realquilaba el piso en Airbnb.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirma que en el segundo trimestre de 2020 se registraron 757 demandas por okupación de viviendas particulares, mientras que en el mismo periodo del pasado ejercicio el número de denuncias fue de 953. Un descenso del 20% que se produce en los meses posteriores al confinamiento de la población provocado por la aparición del coronavirus.

La Fiscalía General del Estado ha publicado una orden de actuación que permitirá a los fiscales contar con más herramientas para combatir la ocupación ilegal de activos inmobiliarios.

Ante el aumento de casos de okupaciones ilegales, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) propone una doble reforma legal: por un lado para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan tramitar directamente en los primeros días la desocupación de la vivienda y el desalojo de los okupas; y por otro lado que se endurezcan las penas del Código Penal en los delitos de usurpación de viviendas.

Las okupaciones traen de cabeza a numerosos propietarios de toda España. Bajo esta premisa nace la Asociación de Afectados por la Okupación (AAO). "Vamos a mover todos los mecanismos del Estado de Derecho para que se reconozcan los derechos de los afectados y se reparen los daños que la okupación está causando", apuntan desde su página web.

Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, ha permitido que se legalice un local okupado del barrio barcelonés de Gracia. Según explican los vecinos del edificio y tal y como ha adelantado ABC, el local ha pasado de ser “una casa okupa pendiente de un desalojo a equipamiento juvenil regularizado y costeado por las arcas municipales”.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un contrato para servicios de protección y seguridad de los inmuebles (pisos, locales, edificios y solares) que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo y evitar así que sean okupados.

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha propuesto una reforma legislativa que permita desalojar a okupas en un plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar si en dicho tiempo no consiguen probar que mantienen un vínculo con el inmueble que los legitima a permanecer en él. Catalunya registró 20 casos diarios en el primer semestre del año, según datos del Ministerio del Interior.

El Partido Comunista de Andalucía ha escrito un polémico tuit en el que aseguran que “en los últimos meses nos están bombardeando sobre un problema que no existe: el de la okupación de viviendas”.

El Ministerio del Interior se encuentra trabajando en un protocolo operativo para que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tengan directrices comunes y mayor respaldo jurídico ante una ocupación ilegal de un inmueble. Estas nuevas medidas se van a llevar a cabo después de que los grupos de la oposición hayan denunciado el aumento de las okupaciones durante el primer semestre del año.

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) reclama al Gobierno Central la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil como medida urgente para combatir las ocupaciones ilegales porque considera imprescindible que Fuerzas de Seguridad del Estado puedan intervenir desde el primer momento en que se detecta y denuncia por el propietario la ocupación de su vivienda.

La Comunidad de Madrid sostiene que la okupación de pisos en manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) ha bajado en un 65% desde la puesta en marcha de la Mesa contra la Ocupación y por la Vivienda el pasado octubre. Con una dotación anual de 4 millones de euros, entre las medidas de seguridad destaca el uso de puertas especiales y la instalación de chapas en las ventanas. De media, proteger cada piso cuesta más de 2.400 euros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que en España la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema creciente de la ocupación ilegal de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios. “Creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la 'okupación', sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas”, ha afirmado Robles en declaraciones a Europa Press.

La pandemia provocada por el covid-19 ha aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas, debido a la imposibilidad de los propietarios de acercarse a su segunda residencia por el estado de alarma. Los expertos recomiendan colocar una alarma conectada a una central. Esto es fundamental para conocer la fecha de la ocupación ilegal, ya que la Policía tiene competencia para desalojar, sin orden judicial, una casa okupada en las primeras 48 horas.

Cataluña es la región de España donde más ocupaciones ilegales hay y Barcelona es su epicentro. Según el Ministerio del Interior, en los primeros seis meses de este año se okuparon 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo 2019. Esta cifra sextuplica a las ocupaciones ilegales en la Comunidad de Madrid (657) y triplican las andaluzas (1.183).

La Guardia Urbana del municipio catalán ha empezado a utilizar drones como fórmula para controlar la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles como naves industriales. Los dispositivos tomarán fotografías que podrán ser usadas como pruebas ante la denuncia de los propietarios y están pensados para proteger los barrios más conflictivos de la ciudad.

Las okupaciones han aumentado a raíz de la crisis del covid-19 y en especial en segundas residencias. Desde Ciudadanos piden una nueva ley que ampare a los propietarios y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido a los partidos de izquierda que “sean sensibles con la ocupación” porque “la ley no protege a los propietarios y sí a los okupas”.

Isidoro P. es un asturiano que un lunes de hace dos años se encontró que su taller de mecánica de Oviedo había sido ocupado ilegalmente por unos okupas que falsificaron todos los documentos para hacerse con la licencia de actividad y disfrutar del establecimiento. Las usurpaciones no sólo se producen en viviendas o edificios, sino también en locales de negocio.

Un supuesto inquilino firmó un precontrato de un local ubicado en Castellón y se aprovechó de la buena fe de los propietarios, que le permitieron trasladar pertenencias al local antes de abonar una señal, para okuparlo. Hace ocho meses, el falso arrendatario cambió la cerradura del local que utiliza ahora como vivienda. Los propietarios han intentado negociar con él, pero el okupa se niega a abandonar el recinto y a pagar cualquier cantidad por el alquiler.

Artículo escrito por Sandra Barañano, directora técnica de Cuida Tu CasaLa okupación se extiende como la espuma en esta España tan amenazada.

Las dos formaciones políticas se encuentran en conversaciones para redactar una nueva norma que permita recuperar un inmueble okupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, se ha mostrado abierto a negociar la propuesta del PP y Ciudadanos, según publica El Economista.

En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19, han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. Y en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social, tal y como alertan los expertos consultados por idealista/news. Desgranamos qué falla y qué medidas debería tomar el Gobierno para atajar este problema social.