Sentencia Tribunal Supremo

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso de amparo presentado por las comunidades de propietarios contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de ordenar la demolición de la 'Isla de Valdecañas', un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas y 180 villas de lujo entre las localidades extremeñas de El Gordo y Berrocalejo. Solo queda por resolver un recurso de amparo después de que el TC rechazara hace unas semanas la petición de la Junta de Extremadura.

El Tribunal Supremo ha frenado la reclamación de un propietario que exigía al Estado una indemnización de 425,52 euros por la limitación en la actualización de rentas de alquiler al 2% (durante 2022 y 2023), fijada en el Real Decreto-Ley 20/2022, y que el Gobierno subió al 3% durante 2024. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo desestima el recurso, sino que impone el pago de costas procesales al demandante. El propietario alegaba que el perjuicio cumplía los requisitos legales para ser resarcido: un daño económico real, con carácter antijurídico, derivado de una norma que, en su opinión, restringía la propiedad privada y alteraba la seguridad jurídica prevista en la LAU.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que se establece doctrina a propósito del conocido en la comunidad jurídica como 'doble tiro' y ha establecido que la administración tributaria no puede dictar una tercera o sucesivas liquidaciones tras haberse anulado dos anteriores. La sentencia resuelve un recurso de casación promovido por tres hermanos gallegos en relación con el Impuesto sobre Sucesiones, y anula una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El Tribunal Supremo confirma que los autónomos podrán deducir agua, luz o gas cuando trabajen desde casa, siempre de forma proporcional al espacio destinado a la actividad profesional. La sentencia, dictada el 15 de julio de 2025, consolida un criterio que afecta a miles de profesionales que compaginan vida personal y trabajo bajo un mismo techo. En el caso analizado, la planta baja de la vivienda se dedicaba íntegramente al despacho, lo que equivalía a la mitad de la superficie del inmueble. Con ese criterio, el Supremo fijó el porcentaje de deducción en el 50% del IVA soportado en los suministros.

¿Quién paga si aparece un dinero sin justificar en un matrimonio bajo gananciales? El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en una sentencia del 15 de julio, estableciendo que, salvo prueba en contrario, estas cantidades se presumen gananciales y deben repartirse a partes iguales entre los cónyuges en el IRPF. El fallo del alto tribunal tiene su origen en un episodio ocurrido en una aduana francesa. Durante un control, la policía descubrió más de 93.000 euros en efectivo en poder de un ciudadano español.

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a las obras en comunidades de propietarios. La Sala de lo Civil ha dejado claro que un vecino no puede modificar su vivienda dentro de una urbanización si con ello rompe la estética del conjunto o perjudica a otros residentes. Y esto se aplica incluso cuando se hacen las reformas en espacios de uso privativo, como una terraza. El caso comenzó en Madrid, donde los propietarios de una vivienda adosada cerraron la terraza superior de su casa. Lo hicieron con licencia municipal, pero los vecinos no estuvieron de acuerdo, por lo que denunciaron que el cerramiento desfiguraba la fachada del conjunto y restaba vistas a los demás.

El Tribunal Supremo ha frenado un desahucio que se inició por la devolución de un recibo de alquiler inflado con un consumo de agua veinte veces superior al habitual. El fallo introduce un matiz clave en los procesos de desahucio por impago de alquiler: cuando el arrendador actúa contra la buena fe contractual, el impago no puede utilizarse como causa automática de resolución del contrato.

¿Cuándo empieza a contar el plazo para reclamar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos? El Tribunal Supremo acaba de dar una respuesta que cambia las reglas del juego en un asunto clave para empresas y contribuyentes. Esta sentencia resuelve una disputa que arrancó hace más de 15 años y que enfrenta a una compañía con la Agencia Tributaria por una devolución del IVA que consideraba prescrita. El alto tribunal determina que la prescripción empieza con la sentencia que reconoce el ingreso indebido.

El Tribunal Supremo ha dado un paso inédito en España: ha obligado al Gobierno a facilitar el acceso al código fuente de BOSCO, el algoritmo que determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. Nunca antes un tribunal había ordenado revelar los entresijos de un sistema informático utilizado para gestionar ayudas públicas. La resolución coloca en el centro del debate cómo deben funcionar los algoritmos en la Administración pública y hasta qué punto la ciudadanía puede fiscalizar su actuación.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso que presentó la Junta de Extremadura contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar demoler la 'Isla de Valdecañas', un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres. Todavía quedan pendientes dos recursos de amparo por resolver para saber si esta urbanización puede seguir o no en pie, total o parcialmente.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

Si una persona viuda cambia el usufructo universal y vitalicio de una vivienda que ha compartido con un cónyuge ya fallecido, por una adjudicación en plena propiedad del inmueble, el Tribunal Supremo lo considerará como una permuta, lo que obligará al viudo o viuda y sus hijos a pagar tanto el Impuesto de Sucesiones como el de Transmisiones Patrimoniales.

El abogado José María Salcedo destaca la naturaleza cambiante del procedimiento tributario, donde la jurisprudencia y resoluciones administrativas pueden alterar las estrategias de defensa a lo largo del proceso. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha validado el método de “tasación hipotecaria” para determinar el valor de inmuebles, afectando negativamente a los recursos interpuestos por contribuyentes. Sin embargo, existen casos recientes donde los tribunales han anulado comprobaciones de valores al considerar que la tasación hipotecaria no es prueba suficiente. Además, un Auto del Tribunal Supremo de junio de 2025 podría abrir nuevas oportunidades para los contribuyentes al cuestionar la validez de la tasación sin un informe técnico.

El Tribunal Supremo, en STS 2923/2025, ha dado la razón a dos vecinas de Madrid en una larga disputa con su comunidad de propietarios por la posesión de dos trasteros. Tras más de 30 años de uso exclusivo, el Alto Tribunal ha reconocido como legítimas propietarias de estos espacios a estas mujeres, frente a la pretensión de la comunidad de recuperar los trasteros como elementos comunes. Considera que las demandadas habían adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva, es decir, por haberlos disfrutado de manera pública, pacífica y continua durante más de tres décadas.

Un reciente fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo introduce una excepción al criterio tradicional: los recursos de casación laboral podrán admitirse incluso cuando la cuantía del litigio no llegue al umbral de 150.000 euros, como establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), pero solo cuando se denuncia una infracción procesal que provoque indefensión y ponga en riesgo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. La sentencia supone un giro estratégico en la forma de afrontar litigios en materia laboral y de Seguridad Social, por lo que tiene efectos prácticos para empresas y trabajadores.

La ocupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los grandes problemas en España, especialmente en verano, cuando muchas casas permanecen vacías. El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha señalado que la instalación de alarmas conectadas las 24 horas es el método más eficaz para frenar a los okupas, ya que permite a la policía actuar con pruebas inmediatas y contundentes del delito.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha reavivado el debate sobre qué ocurre con los bienes adquiridos dentro del matrimonio cuando la convivencia se rompe, pero sin que medie una separación o divorcio formalizado. ¿Qué pasa con esa vivienda comprada décadas después de haberse separado de hecho? ¿Se considera ganancial o privativa? La respuesta, esta vez, es clara: si hay desvinculación personal y patrimonial prolongada, el bien no entra en la sociedad de gananciales. El fallo, que resuelve un conflicto hereditario entre hermanas, refuerza una línea jurisprudencial consolidada que afecta a miles de parejas que no regularizaron su ruptura.

¿Puede uno de los cónyuges reclamar dinero si su expareja ha vivido durante años en la vivienda familiar tras la separación? El Tribunal Supremo ha respondido con contundencia: no, salvo que exista un pacto previo o una previsión judicial expresa. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil recuerda que el uso atribuido judicialmente tiene una función asistencial y no genera, por sí solo, un derecho de crédito frente al otro progenitor.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2022 estableció con claridad que una comunidad de propietarios puede ser responsable solidaria de las deudas salariales generadas por una empresa subcontratada para prestar servicios esenciales, como los de conserjería. Tres años después, la Sala de lo Social ha vuelto a pronunciarse en la misma línea en su resolución del 9 de julio de 2025, lo que ha devuelto a la actualidad este criterio y reavivado el debate entre administradores de fincas, comunidades de vecinos y profesionales jurídicos sobre la correcta gestión y contratación de servicios en el ámbito comunitario.

En una sentencia dictada en junio de 2025, el alto tribunal ha sentado doctrina sobre un asunto especialmente sensible: el alcance económico de las legítimas y los límites de responsabilidad del heredero cuando hay conflicto entre familiares. La conclusión es inequívoca: la legítima debe satisfacerse con cargo al caudal relicto. En Cataluña, el heredero responde personalmente de su pago, conforme al artículo 451-15 del Código Civil de Cataluña, salvo que haya aceptado la herencia a beneficio de inventario, en cuyo caso su responsabilidad queda limitada al valor de los bienes hereditarios.

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Sacyr contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2020 que le condenaba a pagar 3,5 millones de euros (más intereses) a su expresidente Luis del Rivero, como indemnización por su cese en 2011. De esta forma, el Alto Tribunal confirma el pago de esa indemnización por parte de la compañía, aunque también ha rechazado el recurso que presentó Del Rivero a esa misma sentencia de la Audiencia de Madrid, ya que pedía que el importe subiese a casi 9 millones de euros.

Muchas viviendas han sustituido las mirillas tradicionales por dispositivos electrónicos capaces de detectar movimiento, grabar imágenes o activar alertas móviles. Pero, ¿es legal instalar una cámara de este tipo en la entrada de casa cuando se vive en una comunidad de vecinos? El Tribunal Supremo acaba de aclarar que vulnera la intimidad de los vecinos. De hecho, recuerda que el derecho a la intimidad protege frente a cualquier forma de vigilancia no consentida en espacios próximos o vinculados al domicilio.

El Tribunal Supremo ha ratificado que la propietaria de un bar en Madrid deberá devolver a la comunidad de vecinos el uso de un patio común que ocupó ilegalmente desde 2004, cuando lo techó sin permiso alegando problemas de humos y olores, pero en realidad para ampliar el local. La sentencia estima el recurso de la comunidad, que durante años reclamó sin éxito la demolición del cerramiento, al entender que la obra alteraba un elemento común y que su modificación requería la autorización unánime de todos los propietarios.

El pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia en la que establece que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) no puede verse incrementada en "vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso". El Supremo indica que no se puede incrementar vía judicial esta indemnización sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.

Los funcionarios públicos que trabajan en turnos nocturnos o festivos están un paso más cerca de ver reconocido un derecho que hasta ahora muchos consideraban difuso. El Tribunal Supremo ha establecido que cuando la prestación de servicios en turnos nocturnos o festivos forma parte estructural y habitual de la jornada ordinaria del funcionario, la retribución asociada a dichos turnos debe percibirse también durante los períodos de vacaciones, permisos retribuidos o incapacidad temporal, aun cuando no haya una prestación efectiva durante esos periodos.