Vivienda okupada

Lo que comienza como un sueño puede acabar en una auténtica pesadilla. Esto fue lo que le ocurrió a un vecino en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que se compró un chalet con más de 250 m2 con piscina privada. Sin embargo, una vez finalizado el proceso de compra, cuando se disponía a comenzar con la mudanza y disfrutar de su nueva casa se encontró con una sorpresa, y no agradable: el chalet había sido okupado.

El grave problema de la okupación atraviesa fronteras en Europa. El último caso que ha conmocionado a Francia y reavivado el debate de la usurpación de viviendas es el de un anciano de 95 años, que, tras ver su casa okupada durante meses, cuenta con una deuda de 17.000 euros en facturas que no puede pagar. Sin recursos para afrontar tal deuda y con una pensión mínima, el anciano se ha visto obligado a acudir de nuevo a los tribunales para no pagar una factura que no ha provocado.

La okupación da un nuevo giro en Torrejón de Ardoz: una anciana de 90 años y su familia han sido desalojados de su propio piso tras la denuncia del okupa que lo usurpó. El joven, tras meses sin pagar el alquiler y aprovechando la ausencia de los otros inquilinos, se hizo con el control de la vivienda y llamó a la Policía cuando los dueños intentaron recuperarla, logrando que fueran expulsados por “allanamiento”. Ahora, la familia afronta una maraña judicial y se pregunta hasta dónde llegará este surrealista caso.

En una calle tranquila del Eixample, a dos pasos de la Sagrada Familia, hay un piso reformado que brilla por fuera, pero que para su propietario se ha convertido en una pesadilla. La vivienda pertenece a un hombre con un 76% de discapacidad que, desde hace años, no puede acceder a su propio hogar porque está ocupado por una familia que dejó de pagar el alquiler tras la pandemia. Quien alza la voz es su primo Alberto Asín, que tras el fallecimiento de su tío asumió la tutela legal: “Desde entonces yo soy el tutor legal de mi primo y, en su nombre, pido soluciones”.

Marco Velázquez, propietario de una casa en Chicago (EEUU), encontró su vivienda okupada cuando iba a venderla. Ante la inacción policial y para evitar un largo proceso legal, el propietario y su esposa se mudaron a la casa y convivieron con los okupas, generando un presión que funcionó. Tras una tensa noche, la pareja aceptó dejar la casa a cambio de 4.300 dólares (3.600 euros), frente a los 8.000 dólares (casi 7.000 euros) que pedían en un principio. Así, Velázquez recuperó su casa en 24 horas, evitando una batalla judicial y generando debate sobre la okupación y la protección a propietarios.

Tradicionalmente, los okupas se han centrado en casas vacías o apartamentos bien ubicados. Sin embargo, en los últimos meses parece que se ha detectado un cambio de tendencia, ya que han aumentado las ocupaciones ilegales de casas de campo, terrenos agrícolas, e incluso plazas de aparcamiento. La proliferación de estos casos se atribuye a dos factores principales: la existencia de vacíos jurídicos que complican la recuperación de espacios no destinados a vivienda habitual, y el incremento de seguridad por parte de los propietarios ante el miedo de ver su casa okupada.

Una pareja de Valladolid llegó a su propia vivienda tras un viaje de trabajo y se encontraron con la cerradura cambiada y gente en su interior. Gracias a que habían dejado documentos personales, cartas y fotos familiares en el piso, la policía pudo demostrar rápidamente que era su residencia habitual y desalojar a los okupas en tiempo récord. Este caso, resuelto en pocas horas, demuestra la importancia de dejar pruebas inequívocas de habitabilidad antes de ausentarse varios días y la cooperación vecinal para agilizar la respuesta policial ante los casos de ocupación ilegal.

En Nimes, Francia, una mujer entró ilegalmente en una vivienda creyendo que estaba deshabitada, sin saber que era propiedad de un juez. Tras forzar las persianas y descubrir la identidad del dueño, huyó por miedo a fuertes represalias. El magistrado denunció los hechos ante el Tribunal Judicial de Montpellier, que realizó un juicio rápido en el que emitió una condena de seis meses de prisión, castigo que no cumplirá, de momento, al ser madre de una hija menor de edad.

Una familia de Gerona pensó que había puesto punto final al calvario de ver su vivienda ocupada. Después de meses de impotencia, decidieron entrar en la casa con sus propias llaves y recuperar lo que era suyo por derecho. Pero la alegría duró apenas unos días: un juzgado les ha obligado a devolver la vivienda a los okupas porque la recuperación se hizo sin autorización judicial. El caso ha vuelto a encender el debate sobre el sinsentido legal que rodea a la okupación en España.

La Policía Local del municipio de Almenara (Castellón) ha alertado por RRSS a la ciudadanía sobre un nuevo método de okupación ilegal detectado recientemente en la localidad. Los okupas están recurriendo a prácticas engañosas para acceder a viviendas deshabitadas sin ser detectados. El modus operandi consiste en colocar un candado adicional con cadena o incluso cambiar la cerradura de la propiedad deshabitada. Si pasdos varios días el acceso no está manipulado, asumen que la vivienda no es una morada habitual de alguien y proceden a ocuparla y, así, evitan incurrir en el delito de allanamiento de morada.

Cuando Estíbaliz Kortazar gira la llave de su casa en Basauri (Vizcaya), en lugar de sentir alivio o seguridad, la invade el pánico. “Tengo ganas de llorar cada vez que entro en mi propia casa. Es girar la llave y siento terror”, explica a idealista/news la afectada. El motivo: convive desde hace meses con un inquiokupa, un inquilino que entró legalmente en su vivienda alquilando una habitación, dejó de pagar y ahora se niega a marcharse. Y no puede echarlo.

Las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un repunte superior al 5% de las demandas por okupación de viviendas presentadas en los juzgados en el arranque de año. En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados entre enero y marzo, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). Cataluña ha acumulado uno de cada cinco nuevos procedimientos, seguida de Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72), con Barcelona como la provincia más afectada de todo el país.

Se van conociendo las enmiendas de los partidos en el Congreso para la proposición de ley que quiere regular los alquileres de temporada. Sumar propone añadir la prohibición de las empresas que ofrezcan servicios orientados a la desocupación de viviendas, con multas de hasta 600.000 euros, mientras que Junts ha presentado propuestas para eliminar toda referencia al alquiler de habitaciones, por ser una competencia exclusiva de las CCAA. El PSOE, por su parte, quiere añadir a los pisos turísticos en los arrendamientos de corta estancia e imponer grandes multas si las plataformas no publican el código de referencia, además de equiparar los de temporada para aplicarles la Ley de Vivienda.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado el desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad, con dos menores a cargo, que ocupaba de forma ilegal una vivienda pública de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La sentencia, fechada el pasado 28 de marzo, sostiene que la existencia de menores no impide automáticamente el desalojo cuando la Administración ha actuado de forma proporcionada y ha ofrecido medidas para mitigar las consecuencias del lanzamiento.

Cada vez hay más anuncios de casas okupadas a la venta. Es una práctica legal siempre que esté bien especificado que se trata de una vivienda con inquilino dentro.

El gran apagón eléctrico que afectó a España durante más de 24 horas ha dejado una secuela inesperada: al menos 20 viviendas fueron okupadas durante el corte de suministro en Badalona, aprovechando la falta de luz, sistemas de videovigilancia y telefonía. Así lo han confirmado fuentes municipales y el propio alcalde, Xavier García Albiol, quien ha denunciado públicamente la situación.

Hoy entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que modifica la legislación procesal, pero también otra, de interés, en el ámbito inmobiliario. Se cambian, de una manera radical, las reglas del juego para quien quiera o necesite litigar por la vía civil. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala cómo afecta, por ejemplo, a los desalojos de okupas, ya que cambiar el procedimiento judicial.

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, asegura que el hecho de que los arrendadores sean los titulares de los suministros mientras las viviendas están alquiladas puede representar un “riesgo con consecuencias inciertas”, ya que se abren múltiples vías para que inquilinos incumplidores u okupas se aprovechen de esta situación y vivan "gratis" en las viviendas. Por ello, desde la agencia recomiendan que los suministros de las viviendas alquiladas estén contratados a nombre de los inquilinos.

Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona han acordado unificar sus criterios de actuación en el caso de las usurpaciones o allanamientos de viviendas. Según lo acordado, cortar la luz o el agua en las viviendas okupadas no será considerado un delito de coacciones. Esto significa que si el propietario de una casa okupada decide dar de baja “el alta de los suministros o el abono de los mismos” no será considerado un delito de coacciones. Este acuerdo se produce en un momento en que las okupaciones siguieron creciendo en 2024: más de 16.400 casos de usurpación y allanamiento, la tercera cifra más alta de la serie del Ministerio del Interior. La provincia de Barcelona aglutinó 5.077 casos.

La venta de viviendas sin posesión irrumpe en el mercado inmobiliario español. Las casas ‘okupadas’ han pasado de ser completamente inexistentes hace unos años a suponer el 2,6% de todas las casas a la venta en España, según idealista en base a los inmuebles anunciados en el portal inmobiliario en el cuarto trimestre de 2024. En este periodo, 20.464 viviendas anunciadas reconocían sufrir un proceso de ocupación. El análisis destaca que el 8,8% de las casas en venta en Girona están okupadas, seguida por Murcia (5,5%) y Sevilla (4,7%), mientras que Barcelona (723) y Madrid (644) son las ciudades con un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de compraventa.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) ha acudido a la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo para denunciar la falta de respuesta del Gobierno de España ante la ocupación ilegal y la inquiocupación. Durante la audiencia pública celebrada en Bruselas, se abordó la problemática de la suspensión de procedimientos de desalojo y el impacto de la ocupación en los derechos de propiedad. La PAO presentó la Petición 0112/2023, centrada en la vulneración de derechos de propietarios que no pueden recuperar sus inmuebles alquilados cuando los inquilinos dejan de pagar.

El Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar una proposición de ley presentada por Junts para agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas. La normativa plantea cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar estos desalojo y ha contado con al apoyo conjunto de PP y PSOE, aunque con matices. Los socialistas ya han anunciado que añadirán enmiendas al texto de los independentistas, mientras la Ley Antiokupas presentada por el Senado sigue en un cajón de la Mesa del Congreso.

Cataluña ha registrado un total de 7.009 hechos de usurpación y allanamiento de morada en 2024, copando el 42,6% del total nacional. Es la comunidad con mayores casos de okupación en viviendas, según el Ministerio del Interior.

Bafre Inmobiliaria da un paso más para aumentar su cartera de activos: comprar viviendas okupadas. Así lo ha anunciado la compañía, quien estudiará y analizará la situación de los inmuebles para ofrecer una propuesta económica a los propietarios. Si el vendedor acepta la cuantía y se completa la transacción, la compañía se hará cargo del proceso de desokupación, aunque recalcan que cumplirán con todas las normativas legales y sociales. Desde Bafre Inmobilairia catalogan esta nueva iniciativa como una “solución integral para propietarios en apuros”, y la asemejan con el programa Bafre Now, el cual consiste en comprar viviendas en el centro de Madrid en apenas siete días.

El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de medidas en materia de eficiencia al Servicio Público de Justicia que agiliza el proceso judicial en situaciones de okupación ilegal de inmuebles, ya que permite los juicios exprés. Pese a estas nuevas medidas, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) denuncian que, “aunque este mecanismo legal significa un paso más, la solución aportada de la celebración de juicios exprés no va a resolver el problema de las ocupaciones ilegales de inmuebles”. Desde la institución reclaman más modificaciones legales, para que los trámites se transfieran de forma urgente, mediante la adopción de una medida cautelar de expulsión y antes de que transcurra el plazo de 72 horas desde la denuncia por parte del propietario.