VPO

La Consejería de Fomento y Vivienda tiene previsto sacar en oferta pública a lo largo de 2018 un total de 964 parcelas de suelos residenciales e industriales con una superficie total que asciende a 1,2 millones de m2 y titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Estos terrenos están ya preparados y urbanizados para su venta y en ellos se podrán urbanizar 5.637 viviendas.

Una resolución, notificada recientemente por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM), pone fin al suplicio de una familia de propietarios de suelo de Barajas, que había pagado de más en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): obliga al Ayuntamiento a indemnizarlos con más de 300.000 euros.

Las CCAA son las encargadas de regular actualmente los requisitos a cumplir para poder comprar una vivienda de protección oficial, a pesar de que existe una normativa estatal. En Madrid y Galicia, por ejemplo, es posible comprar una VPO teniendo ya una propiedad, siempre que se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, que el interesado tenga menos del 50% de una casa que ha recibido en herencia o que el juez no le haya adjudicado la vivienda familiar tras el divorcio.

La Trump Village de Coney Island fue una de las primeras operaciones inmobiliarias de éxito de la familia Trump. El complejo de apartamentos, construido en 1964 por Fred, el padre de Donald Trump, fue uno de los grandes exponentes de un programa de vivienda asequible en Nueva York. Varias décadas después, tras la venta del edificio por los Trump, los vecinos han decidido abandonar los controles establecidos en el programa y dejar que el mercado lleve a que el precio de los pisos se multiplique por diez.

La crisis económica golpeó al mercado inmobiliario con serias caídas en el precio de las viviendas tanto en el mercado libre como en las viviendas protegidas.

Tirón de orejas de los Defensores del Pueblo a los poderes públicos por no impulsar un sistema de vivienda pública justo. Piden que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas impulsen una regulación para garantizar el derecho a una vivienda digna contemplado en la Constitución española. Y proponen un decálogo para que la vivienda pública sea más justa y accesible.

El precio medio del m2 de la vivienda libre se ha situado en 1.476,8 euros en el segundo trimestre de 2015 lo que supone una variación trimestral del 1,3% e interanual del 1,2%.

“No vamos a impedir que ningún propietario recupere su vivienda”. Un simple tuit de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha bastado para tranquilizar a todas las personas que tienen un piso en alquiler.

El parlamento de Navarra ha dado trámite al proyecto por el que se modifica la ley del derecho a la vivienda en Navarra para fijar los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda. La norma contempla también la creación del registro general de viviendas de Navarra

La junta de Andalucía ha sancionado a banco popular y a banco Sabadell por incumplir su “obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes”.

El consejo de ministros ha aprobado la actualización para este año de los tipos de interés convenidos de las viviendas vpo pertenecientes a los planes estatales de vivienda 1992-1995, 1996-1999, 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008. En estos planes el interés aplicado aumenta, lo que provocará que los propietarios de viviendas protegidas tengan que pagará más por su hipoteca

La junta de Andalucía ha expedientado a sareb por incumplimiento de la función social de 911 viviendas de protección oficial (vpo) de las que es titular en la región.

El instituto de la vivienda de Madrid (ivima) construyó 476 viviendas de vpo y reparó un total de 584 casas.

El gobierno ha defendido la retirada de las subsidiaciones a los préstamos para la compra de vpo alegando que el contexto general de caída de los precios de la vivienda y de los tipos de interés son “suficientes” para compensar esta pérdida.

El gobierno permitirá con carácter excepcional que las administraciones públicas puedan recalificar algunas viviendas de protección oficial en venta para que puedan destinarse al alquiler y así acabar con la existencia de pisos vacíos.