Baviera no celebrará un referéndum para congelar los alquileres. El Tribunal Constitucional de ese estado federado alemán ha dado la razón al gobierno regional y ha echado atrás una iniciativa popular que había recogido 52.000 firmas. La decisión puede tener consecuencias en toda Alemania, sobre todo en el controvertido "tapón de los arriendos" de Berlín.
El alto tribunal ha fallado de este modo argumentando que el Land no tiene competencias en este ámbito ya que la Ley de Alquileres es terreno del Gobierno central. El Ejecutivo regional se ha mostrado satisfecho por la sentencia que desbarata la iniciativa de una alianza de partidos de izquierdas -socialdemócratas, verdes y postcomunistas-, sindicatos y ONG en la que exigían congelar los alquileres existentes durante seis años en los 162 municipios bávaros que el propio gobierno regional considera que tienen un mercado inmobiliario recalentado. Los contratos nuevos y las modernizaciones permitían subidas dentro de unos límites.
"El legislador regional no tiene las competencias legales necesarias", subrayó el responsable del Interior de Baviera, el conservador Joachim Hermann. La Asociación Bávara del Sector Inmobiliario aplaudió asimismo la sentencia. A su juicio, el objetivo de lograr un mayor parque de viviendas de alquiler asequibles se logra mediante incentivos y no mediante un "sistema de penalizaciones". Desde el otro lado, el alcalde de Múnich, el socialdemócrata Dieter Reiter, habló de un "día amargo para muchos inquilinos e inquilinas de Baviera que precisamente con la crisis del coronavirus" esperaban "una descarga financiera y seguridad". Desde el Partido Socialdemócrata aseguraron que no se sienten derrotados "ni política ni legalmente".
El presidente del Constitucional bávaro, Peter Küspert, reconoció en la argumentación que la evolución de los precios en el mercado inmobiliario es una "importante cuestión de significado existencial" para "mucha gente", por lo que la iniciativa popular le merecía "respeto", pero que el tribunal debía ceñirse a los aspectos legales, y no entrar en cuestiones políticas. El Land de Baviera, agregó, "no es competente para reformular el derecho federal según sus propias consideraciones". Una reforma legal en ese estado federado tras un resultado positivo en un potencial referendo sería "una violación del derecho federal" y tendría que ser "anulado".
Pero no hubo unanimidad en el tribunal. Tres de los nueve magistrados emitieron un voto particular en el que aseguraron que, en su opinión, la consulta popular debería haber sido autorizada y dejar después al parlamento regional la tarea de legislar en cumplimiento con la dirección del referendo, pero también con el del derecho federal. El Tribunal Constitucional federal tendría siempre la posibilidad de actuar a continuación para declarar ilegal la legislación de Baviera.
Los promotores de la iniciativa popular han anunciado que acudirán precisamente a esta corte para tratar de seguir adelante con su propuesta, alentados por las disidencias evidenciadas por el voto particular. "Ahora debemos seguir en el ámbito federal", aseguró el responsable de la campaña, Matthias Weinzierl.
La sentencia tiene repercusiones más allá de Baviera. El fuerte repunte de los alquileres en todo el país -y especialmente en las siete mayores ciudades- ha convertido la vivienda en uno de los grandes problemas sociales del país. Al calor de esta preocupación han prosperado varias iniciativas locales como el referendo bávaro con el objetivo de frenar su avance. Incluso en Berlín el tripartito de izquierdas en el Ejecutivo regional ha aprobado el llamado "tapón de los alquileres", que congela totalmente por dos años los precios de alrededor de 1,5 millones de viviendas arrendadas en la capital y permite a partir de entonces subidas del 1,3 por ciento.
Pero el "tapón de los alquileres" no es definitivo. Está también en revisión judicial y en parte por las mismas dudas competenciales. La ley, que entró en vigor este febrero con los precios del pasado junio como referencia, se encuentra ahora mismo bajo la lupa del Tribunal Constitucional, que analiza una posible violación del derecho de los propietarios a decidir los precios y la capacidad de un Land de legislar en un terreno propio del Gobierno central. Esta sentencia, que se espera para los próximos meses, será crucial para el mercado inmobiliario alemán.
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