Grecia ha endurecido las normas para obtener los llamados visados oro, que conceden permisos de residencia a ciudadanos extranjeros no comunitarios invirtiendo en inmuebles, con el fin de combatir la crisis inmobiliaria.
La inversión requerida para beneficiarse de este programa, lanzado en 2014 durante la crisis griega, cuando los precios inmobiliarios caían y la construcción estaba en crisis, aumenta de 250.000 euros a 800.000 euros, según los cambios presentados por el Ministerio de Finanzas el pasado 22 de marzo.
En zonas populares como Ática (en la periferia de Atenas), Salónica, Mykonos, Santorini e islas con más de 3.100 habitantes, esta cifra aumenta hasta los 800.000 euros, mientras que en otras regiones será de al menos 400.000 euros.
"Estamos adoptando medidas equilibradas en relación con el programa de visados oro, que tienen en cuenta las necesidades de vivienda de las familias, sin olvidar la necesidad de atraer inversiones al país", como declaró el ministro de Finanzas, Kostis Hatzidakis.
Según el responsable, "estas medidas forman parte de la política de vivienda del gobierno que tiene como objetivo, en cooperación con el sector privado, garantizar una vivienda asequible y de calidad para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta la necesidad de continuar las inversiones en condiciones más favorables y equilibradas."
Los alquileres han subido un 20% en Grecia desde 2018
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Los inversores deben adquirir ahora un inmueble de al menos 120 m2, mientras que para los edificios industriales reconvertidos en viviendas el importe mínimo de inversión exigido es de 250.000 euros, el mismo que para la inversión en un edificio histórico.
El Gobierno también ha puesto en marcha medidas para fomentar la conversión de edificios en viviendas, la protección de edificios históricos y la prohibición del alquiler de corta duración de propiedades adquiridas mediante un 'golden visa'.
Según datos del Ministerio de Migración, este programa registró una demanda récord en 2023, con 10.214 solicitudes de compra o renovación, y el año pasado se concedieron 5.701 visados de este tipo, por una inversión total de 1.000 millones de euros.
España acaba de anunciar que inicia los trámites para eliminar estos permisos de residencia por inversión inmobiliaria a extranjeros no comunitarios, al igual que ya anunció Portugal antes de las elecciones generales.
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