El Gobierno británico ya prepara una reforma para cambiar el proceso de las compraventas de viviendas
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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer GTRES

El Gobierno de Reino Unido ha abierto un proceso de consultas para modernizar en profundidad el sistema de compraventa de viviendas, una iniciativa catalogada por el secretario de Vivienda, Steve Reed, como la “mayor transformación” del mercado inmobiliario en la historia reciente del país. Las propuestas, actualmente en revisión, buscan agilizar los trámites, reducir los costes para compradores y vendedores, ofrecer mayor transparencia y disminuir la elevada tasa de operaciones fallidas, un ‘problema’ que supone una pérdida de más de 1.500 millones de libras anuales (más de 1.700 millones de euros al cambio actual).

Más de 1.700 millones perdidos 

El informe de Banco Santander, ‘Fixing the Broken Chain’, elaborado a partir de un análisis económico independiente de WPI Economics, asegura que el 23% de los compradores británicos ha sufrido una ‘ruptura de última hora’ al llevar a cabo la compra de una vivienda, registrando un total de 530.000 operaciones fallidas cada año, lo que supone un gran costo para la economía británica.

  • 560 millones de libras (640 millones de euros) en costes directos para el consumidor.
  • 400 millones de libras (458 millones de euros) en costes por pérdida de productividad laboral.
  • 380 millones de libras (435 millones de euros) en costes en el bienestar de los compradores.
  • 170 millones de libras (195 millones de euros) en costes en el tiempo de ocio.

Razones por las que fracasan las transacciones

Este mismo informe establece que hay varias razones por las que, finalmente, no se llevan a cabo estos acuerdos inmobiliarios.

  • El vendedor acepta una oferta superior: 25,5%
  • El comprador busca otra propiedad por lo extensos trámites: 19,3%
  • Problemas técnicos en la propiedad: 16,3%
  • El vendedor se retira sin explicación: 15,7%
  • El vendedor se retira al no encontrar otra propiedad donde mudarse: 14,2%
  • Problemas burocráticos y administrativos: 13,5%
  • El comprador retira su oferta por razones personales: 12,5%
  • El comprador se retira a última hora: 11,8%
  • Problemas legales con el contrato de alquiler: 11,1%
  • Motivos personales del vendedor: 10,7%
  • No conseguir hipoteca: 10,5%
  • No tener capital suficiente: 10,4%
  • Otros: 0,7%

Aspectos a cambiar

Esta reforma llega en un momento en el que el precio de la vivienda en Reino Unido está disparado, la oferta es escasa, los tipos hipotecarios están elevados y la inflación afecta a los habitantes. Esto ha provocado una crisis inmobiliaria que afecta tanto al mercado de la compraventa como del alquiler, enfriando la actividad y alargando los periodos.

Ante este escenario, el Gobierno de Keir Starmer ha planteado cinco líneas de actuación:

  • Digitalización masiva de los procesos de compraventa.
  • Exigir a vendedores y agentes aportar información más clara y por adelantado sobre el estado y los costes de la propiedad.
  • Aumentar la transparencia y la seguridad introduciendo libros de propiedad digitales.
  • Crear contratos vinculantes que reduzcan las operaciones fallidas.
  • Implantar un código de buenas prácticas obligatorias para los agentes inmobiliarios.

Con estos cambios previstos, el Ejecutivo de las islas prever reducir a la mitad el número de transacciones fallidas, y acortar los plazos de cierre en aproximadamente un mes.

Papel decisivo de los ‘marketplace’

Al contrario que España, desde el Gobierno de Reino Unido ven los ‘marketplace’ inmobiliarios como un protagonista fundamental para agilizar y solventar este problema de accesibilidad a la vivienda. El jefe del equipo hipotecario de Santander en Reino Unido, Graham Sellar, asegura que estos portales cuentan con datos esenciales del mercado, por lo que propone crear una base de datos nacional conjunta donde recopilar todos los aspectos necesarios.

El objetivo final es poder garantizar que las transacciones inmobiliarias se cierren en un plazo de tres meses, frente a los cuatro o seis que se requieren actualmente, lo que pone de manifiesto la necesidad de apostar por la digitalización.

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