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La licitación pública de activos residenciales en España crece un 25%: 100.733 casas visadas en 2019

Según datos de Seopan

Presentación del informe de Seopan.
Presentación del informe de Seopan.

Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) ha elaborado el informe de actividad nacional en materia de construcción e infraestructuras. Del estudio se desprende que la licitación pública de obras de edificación se ha incrementado un 25% con respecto al ejercicio 2018. Por sectores, el residencial aumenta en el mismo porcentaje con respecto a viviendas visadas -100.733- y un 18% en las casas ya terminadas-. Los activos no residenciales acumularon más de cinco millones de m2 visados, lo que supuso un crecimiento del 22% respecto a 2018.

Al desgranar más en profundidad los datos arrojados por Seopan se comprueba como ha sido la rehabilitación la culpable de estos grandes registros. De hecho, la inversión en este segmento creció un 47%, frente al 7% de las licitaciones en obra nueva del sector residencial. Por administraciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos crecen en este campo al mismo ritmo: al 13%. Por su parte, el Estado puede presumir de in incremento del 73% hasta alcanzar los cerca de 2.000 millones de euros en inversiones relacionadas con las licitaciones públicas en obras de edificación.

Pero los buenos datos de esta actividad no esconden el déficit de inversión que sufre España en materia de construcción e infraestructuras, según Seopan. De hecho, alerta del riesgo de incumplimiento por parte del país de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas. En este sentido aseguran que España necesita invertir al menos 103.000 millones de euros en infraestructuras prioritarias, medioambientales y sociales en los próximos diez años para cumplir con la agenda 2030.

Para alcanzar este volumen Seopan marca a las administraciones públicas cinco partidas económicas. La más importante -74.784 millones de euros- es para la sostenibilidad medioambiental y social de las ciudades. Muy lejos están los cerca de 18.000 millones de euros de que la asociación cree que han de destinarse a incrementar la resiliencia y calidad de las infraestructuras del país. Cerca de una tercera parte -5.253 millones de euros- sería la partida para la disponibilidad y gestión del agua y del saneamiento. Las dos cantidades más pequeñas son para combatir la sequía e inundaciones y para disminuir el número de muertes en accidentes de tráfico con 3.848 millones y 2.200 millones de euros, respectivamente.

Es decir, al ritmo de inversión y contratación actuales, será imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas, según datos de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras.

Sin embargo, la inversión pública en España sigue en niveles mínimos históricos, equivalente en términos de PIB al de 1980, y con el ratio inversor más reducido de la Unión Europea (UE). A pesar de la recuperación de la contratación pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2019, el volumen contratado por nuestras Administraciones Públicas (AAPP) en 2019 es de 9.890 millones de euros, un 42% inferior al realizado con anterioridad al inicio de la consolidación fiscal en 2010.

Igualmente, España está lejos de alcanzar el objetivo de ‘Ciudades y comunidades sostenibles’, ya que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, varias regiones españolas superan límites de contaminación anual (NO2 y PM2,5) además de que un 22% de las viviendas siguen sin servicios de depuración y un 4% sin servicios de alcantarillado. A pesar del incremento de la población urbana, se ha reducido a cero la inversión pública en transporte público -metro y cercanías- y los costes anuales de la congestión viaria en España representan 5.500 M€.

Asimismo, depositamos anualmente en vertedero el 60% de nuestros residuos urbanos y rechazos, el doble que las mayores economías europeas, habiendo sido condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la existencia de 88 vertederos incontrolados, cuyas sanciones podrían superar los 50 millones de euros.

Ante esta situación, se deberían destinar 30.776 millones de euros en ampliar la infraestructura de transporte público, 27.034 millones de euros en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 6.000 millones de euros en crear infraestructura verde en el ámbito urbano, 6.521 millones en reducir el impacto de los residuos municipales y 4.453 millones de euros en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de las vías interurbanas regionales.