
Lenta pero contundente. Como una apisonadora avanza la legislación europea sobre políticas de eficiencia energética en los edificios. A la espera de conocer la redacción final de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (DEEE o EPBD, en sus siglas en inglés), cuya aprobación se prevé durante la presidencia española de la UE, el sector de la construcción aborda retos como la rehabilitación energética de 1.400.000 viviendas para 2030 o, como marca la nueva Directiva de Eficiencia Energética aprobada este 2023 (diferente a la europea), del conjunto de edificios de titularidad pública, incluida su vivienda social.
Aunque es difícil conocer el estado actual de la situación, el boletín trimestral del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aporta una aproximación. Según su última edición, en 2022 fueron 62.556 las ayudas a la rehabilitación aprobadas. Dato muy alejado de las 300.000 anuales que exige la UE para 2030.
La nueva Directiva de Eficiencia Energética aprobada en 2023, pero de modo muy especial la futura DEEE, establecen un nuevo marco de construcción y rehabilitación en un contexto de crisis climática y encarecimiento de los costes de la energía. “La aprobación de esta norma y su transposición a la legislación nacional será clave en el futuro de la edificación en nuestro país y en el conjunto de la UE”, explica Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Desde la presidencia de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, pone el acento en los plazos más que en las exigencias. “Hay un calendario totalmente diferente de cumplimiento según la titularidad del edificio. La Directiva marca 2030 como plazo de ejecución para los privados, 2027 para los inmuebles de las administraciones públicas. En este último caso, el plazo de mejoras medioambientales es relativamente corto para adecuarlos”.
Conviene recordar que, según datos de la UE, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo total de energía en sus estados miembros y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Pendientes de la reacción de las Administraciones Públicas
La norma concede un plazo de cuatro años para la adaptación energética de los edificios ocupados por las distintas administraciones públicas a las exigencias de la UE. Una adaptación que supone un gran esfuerzo, máxime teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentran muchas de estas dependencias.
“Lo deseable es que esas reformas no se demoren hasta el final del plazo”, reclama Gómez-Pintado: “Habría que evitar que la administración pública retrase esas convocatorias de concurso, más aún cuando ya hay fondos para afrontar esas transformaciones con tiempo”.
El hecho es que estas reformas son esenciales para que España cumpla con sus compromisos. “El sector público es el responsable de entre el 5% y el 10% del consumo de energía total de la UE, y la Directiva exige reducciones anuales acumulables de ese consumo del 1,9% para alcanzar una reducción del 19% entre 2020 y 2030”, explica Albert Cuchí, arquitecto asesor de CSCAE y profesor de la Universidad Politécnica de Catalunya, sobre una norma que afecta tanto a los edificios públicos como a las viviendas sociales de propiedad pública.
Este experto también recuerda que otra de las novedades de la Directiva de Eficiencia Energética, es la reducción de un 11,7% adicional respecto a los objetivos globales establecidos en 2020. Si bien Cuchí sitúa el conjunto de decisiones a tomar en un marco amplio: “La aplicación se producirá indirectamente a través de mecanismos como el PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima], que desarrolla los objetivos de la Directiva de Eficiencia Energética en cada país para cada sector, y los instrumentos de la DEEE”.
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Las subvenciones, un problema a resolver
Para el parque de edificios privados la fecha clave es 2030, primer hito para alcanzar su plena descarbonización en 2050. Aquí hay que diferenciar entre los de nueva construcción y los ya existentes. Gómez-Pintado considera que en el primer caso, el sector ya se ha adaptado, “tenemos la obligación de una calificación mínima de letra B, aunque gran parte del sector apuesta incluso por unos estándares más exigentes. A este respecto ya se está hablando de una nueva calificación energética, la A+, para 2050, pero para eso ya habrá tiempo”, señala.
Más compleja es la situación en edificios ya existentes, donde la rehabilitación y la financiación son las claves. “Los fondos Next Generation destinados a rehabilitación han supuesto un claro mensaje del apoyo europeo a la mejora de la eficiencia energética del parque existente”, explica Cuchí: “Sobre todo si consideramos que debemos alcanzar casi 1.400.000 viviendas rehabilitadas energéticamente entre 2020 y 2030, alcanzando en ese último año las 300.000 viviendas rehabilitadas. Eso supone multiplicar por diez la tasa de renovación de 2020”.
En su opinión, es “para ese salto de dimensión del sector de la rehabilitación para lo que debemos prepararnos y en ese sentido, desde los Colegios de Arquitectos se colabora tanto con las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación como preparándonos para afrontar y liderar el cambio que va a suponer la nueva DEEE”.
Pero es precisamente en esa gestión de los fondos Next Generation hacia donde Gómez-Pintado dirige sus preocupaciones: “Sí, de hecho, hay muchos expedientes presentados a espera de los trámites de la Administración para solicitar las subvenciones”. En su experiencia son muchas las comunidades de propietarios que después de haber llegado a un acuerdo con la empresa de rehabilitación, no toman la decisión final a la espera de conocer el tipo de ayuda que se les va a conceder.
“Necesitamos que esas comunidades autónomas sean muchísimo más ágiles. Esto es un requisito más que indispensable porque en 2026 los fondos Next Generation tienen que estar ejecutados, y nos queda muy poco tiempo. Hay que ponerse las pilas para dictaminar sobre esos miles de expedientes que tienen esperando y que son un cuello de botella para que se inicien las rehabilitaciones de eficiencia energética”.
A este respecto, la legislación europea contempla la fecha de 31 agosto de 2026 como límite para la ejecución de estos fondos, plazo que desde el Ejecutivo español se quiere ampliar, sin que por el momento se conozca si sus gestiones han fructificado.
Descarbonizar todo el ciclo de vida del edificio
En este contexto de descarbonización, desde CSCAE su presidenta Vall-lloresa pide que “se aborde con una mirada integral que contemple las emisiones de gases de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida del edificio” Ello implica el diseño arquitectónico, la utilización de materiales adecuados, uso responsable de la energía, aplicación de la digitalización en los procesos para su uso eficiente y la innovación para reducir la huella de carbono y la demanda energética en los hogares: “Sin olvidar el fin de la vida útil del edificio y la recuperación y reciclado de materiales, encuadrándolo todo dentro de un proceso de economía circular”.
Gómez-Pintado recuerda que el reto para el sector está ya sobre la mesa, en objetivos tan inmediatos como la reducción del 13% de los residuos generados en construcción para 2025 y del 15% para 2030, siempre en comparación con los generados en el año 2010. Se trata de un imperativo de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, “del que creo que el sector aún no es del todo consciente”, explica el presidente de APCEspaña: “Tenemos que hacer aquí una labor de explicación importante, porque requiere de un cambio en la utilización de materiales muy significativa”.
Lo mismo ocurre en cuanto a la obligatoriedad en la trazabilidad de los residuos y la depuración de responsabilidades por incumplimiento, “cuestiones a las que las empresas nos estamos adaptando, pero que son muy exigentes”. Todas ellas piezas indispensables a encajar, para que España cumpla con su compromiso de avanzar hacia un nuevo modelo de economía más eficiente y respetuoso con el medioambiente.
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