
La salida de grandes fondos del mercado del alquiler en Cataluña suma nuevos protagonistas. Tras el movimiento de Patrizia, que inició hace meses la venta de su cartera de más de 500 viviendas en el área metropolitana de Barcelona, ahora son Blackstone y Azora quienes han arrancado la desinversión de sus pisos en alquiler en la región. Ambas compañías están optando por la venta unitaria de los inmuebles en un contexto marcado por el tope a los precios del alquiler, el aumento de impuestos a la vivienda y la inseguridad jurídica.
En el caso de Blackstone, el fondo estadounidense ha empezado a comunicar a los inquilinos (a través de sus sociedades Fidere y Testa) que no renovará los contratos de alquiler una vez finalicen, y que los pisos se pondrán a la venta. Por su parte, Azora ha iniciado una estrategia similar, vendiendo poco a poco los inmuebles cuyos contratos van expirando.
Estas decisiones se producen pocos meses después de que Patrizia pusiera en el mercado una cartera de 543 viviendas repartidas por La Sagrera, Sant Just Desvern y Badalona. La firma alemana busca venderlas de forma individual tras verse afectada por el marco regulatorio catalán, que incluye un nuevo incremento del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) del 10% al 20% para compras en nombre de personas jurídicas, así como una subida del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) del 2,5% al 3,5%.
El impacto de estas medidas fiscales y del control de precios ya se está dejando notar en el mercado catalán. Según el Observatorio del Alquiler, la oferta de viviendas se ha reducido un 16%, lo que equivale a unas 120.000 unidades, mientras que la demanda ha aumentado un 202%. En paralelo, los precios han subido un 26%, pasando de una media de 906 euros a 1.146 euros al mes.
Si esta tendencia se mantiene, se estima que a finales de año podrían haberse retirado hasta 150.000 viviendas del alquiler en Cataluña, ya sea por venta, reconversión a alquiler vacacional o simplemente porque los propietarios prefieren no sacar los inmuebles al mercado.
Las grandes gestoras están optando por canalizar sus inversiones hacia otros territorios más atractivos, como Madrid, Valencia o Málaga, donde la normativa es más favorable para el arrendamiento. La incertidumbre jurídica y fiscal en Cataluña está provocando una fuga de capital y pone en pausa nuevos proyectos residenciales destinados al alquiler.
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