El objetivo, según el Gobierno regional, es garantizar el uso social de la vivienda para satisfacer las necesidades de la población residente
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Barcelona
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La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciado este miércoles durante una comparecencia en el Parlament que impulsarán una ley para regular los contratos de alquiler de temporada y "una nueva regulación del régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico".

Prevé trabajar en las nuevas regulaciones junto a las consellerias de Justicia y de Empresa y Trabajo y espera que sean un complemento a los trámites que ya tiene en marcha para desplegar en Cataluña la Ley de Vivienda estatal y el límite a los alquileres. La región ya tiene identificados 140 municipios que sufren tensión de precios y, por tanto, que son susceptibles de aplicar los topes a las rentas que contempla la normativa estatal. 

La ley catalana tiene el objetivo de evitar que los propietarios utilicen los contratos de temporada para "burlar la limitación de precios que se establecerá al amparo de la nueva ley española".

Capella ha dicho que el Govern quiere garantizar el uso social de la vivienda especialmente en municipios "en los que el uso turístico produce tensiones de precios y no garantiza una dotación suficiente de vivienda de alquiler para satisfacer las necesidades de la población residente".

Una iniciativa para revocar miles de licencias de pisos turísticos

En Comú Podem registró en mayo una proposición de ley, bautizada como Proposició de llei de regulació de l’ús turístic dels habitatges, que fue admitida por el Parlament y, por tanto, debía someterse a votación.

La iniciativa plantea una modificación del Decreto Legislativo 1/2010 mediante el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña. Y va más allá de impedir la proliferación de nuevos pisos turísticos: abre la puerta a para que los ayuntamientos puedan revocar miles de licencias legales actualmente en vigor. También aboga por prohibir este tipo de alojamientos en zonas tensionadas. Algunos de los cambios más sustanciales de la propuesta vienen recopilados en la disposición adicional 27 y en la disposición transitoria 22, y establecen nuevas restricciones y controles para estos inmuebles (HUTs). Por ejemplo:

  • Requieren Licencia Urbanística.
  • No se permiten en áreas con “mercado residencial tenso”. Concepto que debería desarrollar posteriormente el área de urbanismo.
  • Solo se permitirán los pisos turísticos si así lo establece el planeamiento urbanístico, que deberá ponderar la compatibilidad de los HUTs con la protección del entorno urbano.
  • Los HUTs no se permitirán en un mismo edificio en el que se dé un uso residencial.
  • Las licencias para HUTs tendrán una duración máxima de 3 años, prorrogables
  • Se prohíbe el destino/uso parcial de una vivienda a HUT.

Por otro lado, la disposición transitoria 22 de la proposición de ley prevé que las licencias actuales de los HUTs caduquen en un plazo de tres años desde la fecha de entrada en vigor de la ley y establece que su actividad debe cesar a partir de entonces, a menos que obtengan licencia urbanística antes de la expiración de dicho plazo.

Ese plazo de tres años de pervivencia de los HUTs actualmente legalizados, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, es lo que En Comú Podem plantea como una “indemnización” para aquellos titulares de HUTs que cuentan con licencia y no obtengan una licencia urbanística de conformidad con el nuevo régimen. Es decir, no se plantea una compensación económica.

Varias voces del mundo jurídico y del sector vacacional criticaron el contenido de la propuesta, al considerar que puede vulnerar la propiedad privada y que puede tener serias consecuencias para un negocio que genera aproximadamente el 6% del PIB de Cataluña.

La consellera de Territorio, Ester Capella
GOVERN

Políticas territoriales

Capella también ha explicado que el Govern está acabando la definición de la Agenda Estratégica del Pirineu y que "próximamente" se aprobará el proyecto de la nueva Ley de Montaña.

En cuanto a la planificación urbanística y territorial, la consellera se ha comprometido "a tener terminado el proyecto de Ley de Territorio durante el primer semestre de 2024".

Capella ha vuelto a exigir que "se haga efectivo el traspaso de Rodalies" a la Generalitat y ha reclamado a Renfe el incremento de las frecuencias de la R8; la parada en la estación de L'Aldea (Tarragona); la mejora de los servicios entre Lleida y Cervera (Lleida), y la prolongación de la línea RT2 hasta Vilafranca del Penedès (Barcelona).

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