El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido sacar pecho con la compra de un edificio tapiado en el barrio del Camp d’en Grassot, en Gracia, por un importe de 2,16 millones de euros, incluyendo rehabilitación. El inmueble, situado en el pasaje de Alió número 21, cuenta con once pisos vacíos distribuidos entre planta baja y cuatro alturas. Durante años ha permanecido en estado de abandono, hasta el punto de tener que ser desalojado por motivos de salubridad y seguridad. Ahora se convierte en “pieza clave” para engrosar el parque de vivienda pública de la ciudad.
La operación se enmarca en el llamado “Pla Viure”, el gran plan del consistorio para ampliar la vivienda pública a golpe de talonario. Se trata de un programa con un presupuesto de 156 millones de euros y que prevé adquirir hasta 1.500 pisos en diferentes barrios de Barcelona. La idea es clara: como resulta casi imposible construir en zonas densas y con riesgo de gentrificación, el Ayuntamiento se dedica a comprar bloques enteros o pisos sueltos para destinarlos al alquiler social.
Sobre el papel suena ambicioso: el edificio de Gracia, como tantos otros que se van sumando al plan, pasará a engrosar el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial. El consistorio insiste además en que el precio pagado, 3.902 euros por metro cuadrado, es un 20% inferior al valor medio del barrio, que supera los 4.800 euros.
Pero más allá de las cifras, el problema es evidente: se trata de un bloque tapiado, degradado y vacío, lo que significa que aún habrá que invertir en obras, permisos y rehabilitación antes de que una sola familia pueda entrar a vivir. Ayuntamiento insiste en que con este tipo de operaciones se combate la especulación y se frena la expulsión de vecinos de los barrios de siempre.
Barcelona arrastra desde hace décadas un déficit estructural de vivienda pública. Mientras en la mayoría de países europeos el parque de vivienda social ronda entre el 15% y el 30% del total, en la capital catalana apenas llega al 2%. Esa escasez convierte cada adjudicación en un goteo insuficiente frente a una demanda desbordada: miles de familias registradas esperan años a que les toque una oportunidad de acceder a un piso con alquiler asequible.
El Ayuntamiento ha intentado revertir esta situación con programas de construcción, adquisición y movilización de pisos vacíos, pero la realidad es que el ritmo es lento y las necesidades crecen mucho más deprisa. Entre la falta de suelo disponible, la escalada de precios y las resistencias burocráticas, Barcelona sigue muy lejos de garantizar un parque público que actúe como auténtico regulador del mercado.
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