alquiler temporal

El registro único de arrendamientos de corta duración que tumbó el Tribunal Supremo a finales de mayo tuvo un coste de 496 millones de euros para los propietarios de los inmuebles que tuvieron que hacer frente a un trámite que, en muchos casos, no consiguieron superar. La presidenta de Fevitur anuncia reclamaciones patrimoniales por los "daños" causados por esta medida y cifra en 33.000 euros de media las pérdidas por propietario afectado, no solo por las tasas que tuvieron que pagar a los registradores, también por el lucro cesante y otras incidencias.

Tras estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana, el Alto Tribunal ahora hace lo propio con otro escrito similar del Gobierno de la Región de Murcia y vuelve a declara la nulidad de los preceptos del Real Decreto de 23 de diciembre de 2024, mediante el cual el Ejecutivo creaba la Ventanilla Única Digital de arrendamiento de alojamientos de corta duración.

La sentencia del Tribunal Supremo que anuló el registro único de alquileres turísticos deja una pregunta incómoda en el aire para muchos propietarios que pagaron las tasas por registrar sus inmuebles durante el periodo que estuvo en vigor: ¿Quién debe devolverles el dinero? El pulso está servido porque los registradores de la propiedad, encargados de elaborar este censo central, no ven "motivos" para este reembolso, mientras que los abogados discrepan y creen que deben compensar a los afectados. Alejandro Fuentes-Lojo avanza demandas colectivas y de particulares para reclamar lo pagado de más.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentaron más de 50 diputados del principal partido de la oposición contra varios artículos de la ley catalana 11/2025, de medidas en materia de vivienda y urbanismo; una normativa que entró en vigor en enero con el objetivo de equiparar los alquileres de temporada y de habitaciones con los arrendamientos tradicionales y establecer topes de las rentas en las zonas tensionadas. Los recurrentes creen que la normativa catalana vulnera varios principios de la Carta Magna, como el de autonomía local, las competencias exclusivas del Estado en materia de obligaciones contractuales y de registros e instrumentos públicos, el derecho fundamental a la protección de datos, la prohibición de retroactividad y el principio de reserva de ley.

El pasado 1 de enero entró en vigor en Cataluña una nueva normativa que cambió el marco del alquiler de temporada, aplicando límites de precios y restricciones como si de un alquiler de vivienda habitual se tratase. Para los expertos consultados por idealista/news, como Montserrat Junyent, del COAPI de Barcelona, o Marco Ollé, de la consultora Enlace, esta medida ha provocado una reducción de la oferta, lo que está aumentando la dificultad para acceder a una vivienda.

Los alquileres de vacaciones están en el punto de mira, ya que hay quien cree que son culpables, en mayor o menor medida, de los problemas de vivienda de España. Se ha creado un registro con el fin de vigilar y llevar un conteo sobre este tipo de arrendamientos. ¿Pero hay que realizar este trámite con todos los alquileres de corta duración aunque no sean turísticos? Sí, aunque no sea turístico, habrá que registrarlo. Desde el 1 de julio de 2025 es obligatorio registrar todo alquiler cuya duración sea inferior a un año, incluidos los arrendamientos de temporada aunque no sean turísticos si se ofertan a través de plataformas digitales. De hecho, se requiere obtener el Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) para poder alquilar legalmente.

El ‘think tank’ ha publicado un informe sobre los efectos que han tenido los años del tope a los arrendamientos en Cataluña. Además de cuestionar que la regulación esté conteniendo las rentas y de señalar la abrupta caída de la firma de nuevos contratos, el instituto asegura que los controles “han incentivado vías de escape regulatorias”, lo que ha provocado una “explosión del alquiler de temporada” y ha desembocado en una nueva regulación para contener este fenómeno. “Es la dinámica clásica del intervencionismo en precios: el control genera distorsiones, las distorsiones justifican nuevos controles, y los nuevos controles generan distorsiones adicionales”, explica.

Cae con fuerza el número de viviendas turísticas activas en España. Según el INE, en noviembre de 2025 había 329.764 pisos vacacionales en todo el país, un 12,4% menos que un año antes (376.463) y el nivel más bajo desde febrero de 2023. El Ministerio de Vivienda achaca el descenso a la entrada en vigor del registro único de alquileres de corta duración y a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a las comunidades de propietarios vetar los pisos turísticos.

El pasado 1 de enero entró en vigor en Cataluña una nueva normativa que cambia por completo el marco del alquiler de temporada y del alquiler de habitaciones.

Cataluña ha aprobado la Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo, que limita el precio del alquiler de temporada y de habitaciones. A partir de ahora, todas las viviendas con uso residencial tendrán que cumplir con el tope de precios, independientemente de la duración del contrato de alquiler. En el caso de los alquileres de temporada será necesario hacer constar la finalidad del contrato y acreditarla, según la Generalitat de Cataluña. Los agentes y expertos inmobiliarios creen que tales regulaciones no solucionan el problema de acceso a la vivienda en la comunidad y reducirá más la oferta existente.

El año arrancó con la entrada en vigor de la ley que regula los arrendamientos de temporada y el alquiler de habitaciones en Cataluña, una normativa que tiene unas implicaciones muy relevantes tanto para propietarios como para gestores de viviendas. Lourses Barriuso, abogada especializada en derecho inmobiliario y urbanismo, recuerda que es obligatorio justificar la temporalidad de los contratos de alquiler y que las rentas están limitadas en las zonas tensionadas, lo que afecta a la rentabilidad de los arrendadores. También recomienda extremar la preocupación al redactar contratos y prórrogas.

El Gibierno aprobó a finales del año pasado el modelo informativo anual de los arrendamientos de corta duración, que incorpora una obligación periódica adicional que afecta de lleno a las viviendas de uso turístico y a los arrendamientos temporales. El abogado José Ramón Méndez Matos critica el creciente intervencionismo en el mercado residencial y asegura que el legislador no se conforma con incribir estos inmuebles en el registro único de arrendamientos, sino que ahora "exige una declaración periódica que permita conocer cómo se ha utilizado el inmueble, con qué finalidad y bajo qué modalidad temporal". Y alerta que para los pequeños propietarios esta nueva obligación implica más tiempo de gestión y mayor riesgo de error formal.

La ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en el Congreso este febrero, según han informado desde el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid en un comunicado, en el aseguran que el Gobierno se ha comprometido en que así será.Esta nueva normativa es una m

El año 2025 ha estado marcado por un giro regulatorio sin precedentes en el mercado del alquiler de corta duración. La puesta en marcha del Número de Registro Único ha transformado por completo la forma de operar de propietarios, gestores y plataformas, obligando a miles de viviendas a regularizar su situación para seguir anunciándose en portales donde existe transacción económica. Por primera vez, todas las viviendas destinadas a alquiler vacacional, temporal o por habitaciones han tenido que identificarse ante los registradores de la propiedad. El nuevo sistema funciona como una radiografía del sector: quién alquila, cómo lo hace y con qué tipo de autorización.

El Congreso ha decidido reactivar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los alquileres de temporada y de habitaciones casi un año después de que el Pleno la admitiese a trámite. La primera reunión que celebran los grupos parlamentarios a puerta cerrada para empezar a introducir cambios al texto a través de enmiendas tendrá lugar el próximo martes 11 de noviembre. El objetivo del Gobierno con esta ley es "atajar el fraude".

La Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha anunciado su transformación en una organización patronal del alojamiento en viviendas de corta estancia en España, con el propósitode representar tanto a los apartamentos de uso turístico como a las fórmulas alojativas temporales, como el 'flexliving', 'coliving' o 'cohousing'. La nueva patronal enflogará a asociaciones, federaciones y empresas del sector para reforzar la interlocución económica, social y regulatoria del sector.

Con la nueva ley de alquileres, los contratos temporales deben estar debidamente justificados. Por eso, surge la duda: ¿qué hacer si solo te quieren alquilar una vivienda de septiembre a junio, desocuparla en verano y volver a alquilarte durante el mismo período el año siguiente? ¿Es esto legal? Sí, es legal, pero no en todos los casos. Debe existir una justificación que respalde la temporalidad. Por ejemplo, si el arrendador solo quiere alquilarte su vivienda de septiembre a junio, aunque tú quieres residir allí todo el año, ya que tiene la intención de destinarla como apartamento turístico en verano, eso no sería legal.

Se cumple una semana de la entrada en vigor del registro único de los alojamientos de corta duración, que incluye la obligación de contar con un identificador para poder anunciar los pisos turísticos, de temporada y de habitaciones en las plataformas online. Los Registradores de la Propiedad han recibido más de 260.000 solicitudes hasta la fecha en toda España y creen ya se ha producido el mayor boom de peticiones ante el inicio de la campaña estival. En cuanto a los motivos más habituales para denegar este código están no contar con licencia turística y con la aprobación de la comunidad de propietarios, o intentar destinar una vivienda protegida a un alquiler de corta estancia.

Desde el 1 de julio, es obligatorio que todo anunciante de un piso vacacional, temporal o de habitaciones cuente con un identificador que facilitan los Registradores de la Propiedad para que las autoridades puedan llevar un control y supervisión sobre este tipo de arrendamientos. Los primeros días del registro único de alquileres de corta duración en vigor han estado marcados por incidencias, denuncias y propuestas de mejora. Mientras el sector se queja de fallos técnicos y operativos para acceder o tramitar la solicitud, Consumo ha recibido denuncias contra algunas plataformas por incumplir las directrices de la normativa. Entre las recomendaciones iniciales está cambiar la gestión o reforzar los mecanismos de control y sanción.

Desde el 1 de julio es obligatorio que todo anunciante de un piso de alquiler de corta estancia (vacacional, temporal o de habitaciones) cuente con un identificador que facilitan los registradores de la propiedad para que las autoridades puedan llevar un control y supervisión sobre este tipo de arrendamientos. Quedan fuera de este requisito las casas rurales, campings, alquileres tradicionales o alquileres que se anuncien de forma offline, como agencias inmobiliarias físicas o publicidad impresa. En idealista no es obligatorio contar con este código identificativo oficial.

La Mesa de la Cámara Baja ha dispuesto la tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones propuesta por los grupos parlamentarios ERC, EH Bildu, Sumar y el Grupo Parlamentario Mixto. La norma trata de equiparar los contratos de alquiler de temporada a los permanentes y así desincentivar su uso. Con este cambio, los partidos que la proponen pretenden que llegue al Pleno del Congreso antes de las vacaciones estivales de la Cámara.

Esquerra Republicana ha pedido al Gobierno que impulse la tramitación de la proposición de ley para la regulación de alquiler temporal y alquiler de habitaciones, texto que registró junto a Sumar, Bildu, Podemos y BNG, con la idea de que se apruebe en el Congreso antes de que el 30 de junio finalice el periodo de sesiones. La petición del partido catalán, que se ha canalizado mediante una moción, también incluye iniciativas como crear un impuesto a la acumulación de viviendas, derogar los beneficios fiscales de los que gozan las socimis o aplicar un recargo en el IBI a las viviendas turísticas ubicadas en zonas tensionadas.

Sumar se ha desmarcado del PSOE en la Mesa del Congreso y ha desbloqueado, junto con el PP, la tramitación parlamentaria de la ley que regula los alquileres de temporada y que había sido impulsada por los socios de izquierda del Gobierno de coalición. La norma consiste en reformar la LAU para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, obliga al arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y fija un tope de nueve meses a los contratos. Los grupos parlamentarios deberán presentar sus enmiendas este 21 de mayo.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado durante la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados que confía en alcanzar el consenso parlamentario necesario para aprobar la proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) que regula los alquileres de temporada y habitaciones, con el objetivo de limitar los fraudes en la aplicación de estos contratos de alquiler. Lucas también ha reivindicado el papel del Estado en la promoción residencial y ha defendido la Ley de Vivienda, que va camino de cumplir dos años en vigor.

Las nuevas y excesivas regulaciones de la nueva Ley de Vivienda ha provocado el auge del alquiler de temporada, ya que, muchos propietarios que tenían sus viviendas arrendadas en larga duración han optado por trasladarse a esta modalidad temporal. Además, esto también ha provocado un incremento de alquileres fraudulentos que se escapan de la legislación. Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, nos explica cómo funciona esta modalidad, cómo está regulada y qué se debe cambiar en el corto-medio plazo.