Claúsulas abusivas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar durante seis meses más el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en seis órganos judiciales en los que el vencimiento de esta medida estaba previsto para el 30 de junio. Con este acuerdo, el número

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado en una nueva sentencia que el derecho de la UE no se opone a que, en caso de que se haya anulado un préstamo hipotecario por tener cláusulas abusivas, los consumidores reclamen al banco una compensación que exceda el reembolso de las cuotas mensuales abonadas. En cambio, no permite que los bancos puedan reclamar una compensación 'extra'.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre si la comisión de apertura de una hipoteca es o no abusiva. El alto tribunal tenía que establecer su criterio al respecto después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de marzo en el que consideraba abusiva esta comisión. Ahora, el Supremo señala que hay que analizar la comisión de apertura caso por caso, pues en el asunto concreto analizado se cumplen los requisitos de transparencia. Además, descarta la necesidad de que los bancos tengan que justificar que dicha cláusula se ha destinado a un servicio efectivamente prestado.  

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), a raíz de la consulta de un tribunal polaco, ha señalado que la normativa comunitaria permite a los consumidores reclamar compensaciones que vayan más allá del reembolso de las cuotas de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. Afirma que esta posibilidad puede ser un incentivo para que los consumidores ejerciten los derechos que les confiere la ley en esta materia.

Un juzgado de Barcelona ha declarado nulas nueve cláusulas de un contrato de alquiler formalizado entre una sociedad del grupo Azora y un particular. Entre ellas, destaca el acuerdo que pactaron ambas partes para actualizar la renta tras un periodo de bonificación de 36 meses. Según Natalia Tova, abogada de EY y experta en derecho inmobiliario, catalogar como nula esta cláusula no tiene sentido, ya que debe imperar la libertad y autonomía de arrendador e inquilino para llegar a un acuerdo. Y pide evitar el intervencionismo excesivo en este mercado.

El Juzgado de Primera Instancia 31 de Barcelona ha anulado por abusivas siete cláusulas y las adendas del contrato de alquiler a una inquilina de Granollers que demandó a la gestora inmobiliaria, propietaria de la vivienda. La sentencia, que es recurrible ante la Audiencia de la capital catalana, anula cláusulas como la que permitía a Azora retener la fianza o la que imponía a la arrendataria gastos por incumplimiento del contrato.

Cuando un propietario decide vender su casa a través de una agencia inmobiliaria, lo normal es que en el contrato aparezca una cláusula de exclusividad. Muchas veces se prohíbe expresamente la venta directa al cliente. El director de Sepín Derecho Inmobiliario, Félix López-Dávila, evalúa las distintas sentencias que aclaran si se produce o no una violación de los derechos de los consumidores. La claridad en la redacción del contrato, la cuantía de la indemnización y confirmar si la agencia ha realizado gestiones e incurrido en gastos son los principales factores a tener en cuenta.

El Alto Tribunal ha sentenciado que una tarjeta revolving que tenía una TAE del 24,5% no era usuraria. El fallo aclara que para determinar la referencia que debe usarse como interés normal del dinero se tiene que utilizar el tipo medio de interés correspondiente a la categoría específica a la que corresponda la operación crediticia cuestionada, la de las tarjetas de crédito y revolving, no la más genérica de crédito al consumo.

El pasado 19 de abril, la Audiencia Provicincial de Madrid dio la razón a una consumidora y dictaminó que la entidad financiera Creditfimo reintegrara la totalidad de las cantidades abonadas en exceso por la cláusula suelo desde 2007. Ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló esta sentencia al permitir reclamar las cantidades por cláusula suelo que no fueron solicitadas, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

El Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional el real decreto ley de medidas urgentes de protección de consumidores de cláusulas suelo aprobado en enero de 2017. Considera inconstitucional la exoneración del pago de las costas judiciales a los bancos que, una vez iniciado el proceso judicial, aceptaban las condiciones del hipotecado para recuperar las cantidades indebidas por las famosas cláusulas suelo. Es decir, al final la banca evitaba pagar el abogado y procurador del hipotecado afectado.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Evgeni Tanchev, ha propuesto que la justicia española pueda ordenar de oficio la "restitución íntegra" de las cantidades indebidamente pagadas por una cláusula suelo declarada nula, aunque el consumidor no haya presentado un recurso para reclamarlas. Así, abre la puerta a que miles de afectados puedan recuperar lo pagado de más antes del 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo estableció que la banca sólo debía devolver las cantidades cobradas de más a partir de su sentencia.

El Juzgado 101 bis de Madrid, encargado de ver todos los asuntos en materia de cláusulas abusivas de las hipotecas que reclaman los consumidores, carga contra el banco el 100% del gasto de la notaría, así como el de tasación, registro y gestoría. Su tesis choca con la reciente sentencia del Supremo, que ha cargado en la entidad todos los gastos excepto el 50% de la notaría y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

La Audiencia Provincial de Oviedo, en una sentencia reciente, establece que la entidad financiera es la que debe asumir el gasto de la tasación de la vivienda, un paso imprescindible a la hora de conceder la hipoteca. Su decisión está en línea con las de otros juzgados provinciales, como los de Madrid o Málaga, y sigue la doctrina del fallo del Tribunal de Justicia de la UE del pasado julio. El Tribunal Supremo todavía debe pronunciarse en esta materia.

Ya son cuatro las sentencias conocidas dictadas por Juzgados españoles que han decidido anular la cláusula de intereses remuneratorios que contiene como referencia el IRPH (Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios), por falta de transparencia. Este indicador es sustituido por el euríbor.

En apenas siete días el sector financiero doméstico conocerá dos fallos judiciales que podría impactar en sus resultados. Por un lado, el Tribunal Supremo se pronunciará este 26 de febrero sobre la posible abusividad de los intereses que la banca aplica a los créditos ligados a las tarjetas, mientras que el próximo 3 de marzo el Tribunal de la UE dará a conocer su decisión sobre la nulidad del índice IRPH de las hipotecas. De momento, las entidades han provisionado cerca de 4.800 millones de euros para afrontar los conflictos legales.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado los acuerdos entre banca y clientes para modificar o eliminar las cláusulas suelo de las hipotecas a cambio de no emprender acciones legales para reclamar la totalidad del dinero pagado de más. Entiende que estas renegociaciones son legales cuando el consumidor entiende las consecuencias y dé libremente su consentimiento, y recomienda que sea un juez quien determine que no ha habido coacción por parte del banco. El fallo definitivo del TJUE no se conocerá hasta verano.

Los gastos hipotecarios siguen dando titulares. La jueza titular del Juzgado Mercantil número 1 de Badajoz, Zaira González, ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia europeo sobre el reparto de los gastos hipotecarios una vez que la cláusula se ha declarado abusiva. Adicae estima que el consumidor puede recuperar como mínimo 1.000 euros de media.

La Comisión de seguimiento que se creó para proteger a los consumidores en materias de cláusulas suelo ha publicado un nuevo balance de cómo avanza la devolución del dinero cobrado de más por parte de los bancos. A cierre de septiembre, las entidades habían recibido 1,2 millones de solicitudes, de las que solo han sido estimadas el 44,5%. El importe devuelto en los casos admitidos ronda los 2.255 millones de euros.

Las cláusulas multidivisas pueden ser objeto de examen por parte de los tribunales en referencia a su abusividad (la información facilitada no fue clara y comprensible). En caso de falta de transparencia, el plazo para la reclamación es imprescriptible. Aquellos hipotecados que hayan cancelado voluntariamente el préstamo en divisas y aquellos afectados por un desahucio, como consecuencia de esta cláusula, podrán recuperar el dinero cobrado de más.

La comisión de apertura de una hipoteca es otra cláusula considerada como abusivas por cada vez más juzgados y Audiencias. Ahora es la Audiencia de Castellón la que considera nula por abusiva esta cláusula por no obedecer a los servicios prestados por el banco.

El regulador del sector financiero vigila muy de cerca el mercado hipotecario y está poniendo el foco en la transparencia en la comercialización, el adecuado cálculo y reporte de la TAE, la aplicación de las condiciones contractuales y las medidas de protección de deudores hipotecarios sin recursos. Este control se produce ante la llegada de la nueva ley hipotecaria.

El Tribunal Supremo ha publicado los argumentos que le han llevado a dar la razón a la banca y afirmar que las hipotecas vinculadas al IRPH no son de por sí opacas. El Alto Tribunal asegura que el IRPH es un índice sencillo de comprender para el consumidor medio, que su uso no tiene por qué perjudicar al hipotecado más que otros índices como el euríbor y que se convierte en una condición general de la contratación, no en una cláusula abusiva.

El Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia a favor del sector financiero, al considerar que el uso del índice de referencia IRPH de los préstamos hipotecarios no implica 'per se' falta de transparencia o abusividad. Así, el Alto Tribunal da la razón a Kutxabank, que había presentado un recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que declaraba nula la cláusula de interés por estar referenciada a dicho indicador.