Impuesto de plusvalía municipal

La famosa sentencia del Constitucional del pasado 26 de octubre de 2021 en la que declaraba ilegal el sistema de cálculo de la plusvalía municipal sigue dando que hablar. ¿Por qué? Por la limitación de efectos que impuso para recurrir este impuesto, un hecho que va contra los derechos de los contribuyentes. Ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa aclarar qué quiso decir el Constitucional con la imposibilidad de revisar las liquidaciones de la plusvalía municipal “no recurridas” antes del 26 de octubre de 2021. En concreto, se han admitido a trámite tres Autos que decidirán cómo cuadrar la limitación de efectos de la sentencia del Constitucional, con el cumplimiento de la legalidad ordinaria, cuyo guardián y garante es el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo despejará en breve la incógnita sobre la fecha a partir de cuándo limitar los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el sistema de cálculo de la plusvalía municipal. La clave es saber si se limita a la fecha del dictado de la sentencia (26 de octubre de 2021) o la fecha de publicación de dicha sentencia (25 de noviembre de 2021). Muchos han sido los contribuyentes que han solicitado la devolución de la plusvalía tras conocerse su inconstitucionalidad y que se encuentran en un limbo.

El año ha empezado con cambios fiscales en Valencia capital. El Ayuntamiento ha anunciado una subida de la plusvalía municipal del 13% en aquellas compraventas que se producen en el periodo de año, es decir, cuando una persona adquiere una vivienda y la revende de forma rápida. En cambio, la plusvalía bajará de media un 43% para las familias que vendan una vivienda que compraron hace al menos 14 años. Con esta medida, se autodefine como "la primera gran ciudad que grava la tenencia especulativa de vivienda".

2022 cierra con un sabor agridulce para los contribuyentes. Aunque los tribunales han ido dando la razón a los ciudadanos en su lucha por una mayor justicia fiscal, el Congreso de los Diputados ha aprobado impuestos o valoraciones catastrales que gravan aún más la tenencia de un inmueble. Es el caso del nuevo valor de referencia de Catastro, que es la nueva base imponible de impuestos como el ITP, el AJD o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas (ISGF), que grava los patrimonios superiores a 3 millones de euros.

A la hora de recurrir la plusvalía municipal frente a un Ayuntamiento, los contribuyentes deben averiguar si el consistorio es de los denominados “de gran población” y, de ser así, debe tener constituido un Tribunal Económico-Administrativo Municipal. Y es que, la ausencia de dicho Tribunal puede allanar el camino de los contribuyentes, a la hora de obtener la devolución de la plusvalía municipal. No ofrecer tal posibilidad, cuando es obligatoria, podría suponer la nulidad de la liquidación dictada.

Hace un año se aprobó el Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para cumplir con la Constitución española, ya que dicho tributo fue declarado inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta norma contemplaba un plazo de seis meses para que los ayuntamientos adaptaran su ordenanza de plusvalía a la nueva regulación. Ese plazo finalizó el pasado 11 de mayo de 2022 y son muchos los consistorios que todavía no han adaptado su ordenanza. Por ello, interesa aclarar que el cobro de este impuesto puede ser nulo de pleno derecho por no existir una normativa que permita cuantificar la cuota tributaria a pagar.

El Tribunal Constitucional podría dar una segunda oportunidad a aquellos contribuyentes que vieron truncadas las posibilidades de revisar las liquidaciones firmes de la plusvalía municipal tras vender o transmitir inmuebles en pérdidas. En una reciente sentencia este tribunal cuestiona las trabas que han puesto los juzgados para recuperar este impuesto en caso de liquidaciones firmes por el Ayuntamiento y ampara a los contribuyentes que quieran reabrir esta vía, mediante la nulidad o revocación de dichas liquidaciones.

Hace un año se declaró inconstitucional el sistema de cálculo de la plusvalía municipal y posteriormente se aprobó la nueva normativa (Real Decreto-Ley 26/2021) que, tratando de salvar dicha inconstitucionalidad, regula actualmente el impuesto. Sin embargo, esta nueva normativa, que ya se aplica a los contribuyentes que transmitieron un terreno a partir del 10 de noviembre de 2021, podría ser también inconstitucional. El problema es que la nueva fórmula de cálculo obvia los gastos de compra y venta del inmueble, y no contempla la posibilidad de actualizar el valor de adquisición conforme al coste de vida, con lo que podría ser también inconstitucional. José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, explica las claves.

Desde el pasado 10 de noviembre de 2021, fecha en que entró en vigor la nueva plusvalía municipal, esta normativa contempla una nueva fórmula de cálculo del impuesto: el método real de cálculo, que es la diferencia entre el precio de venta o traspaso y el precio de compra o adquisición de la vivienda, y el método objetivo, que multiplicará el valor catastral del inmueble con unos nuevos coeficientes que podrán ser modificados anualmente. La regla general de cálculo de este tributo es por defecto el sistema objetivo, por lo que quien quiera tributar por el método real deberá hacerlo constar al presentar la declaración.

Un año después de la ilegalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municial, es posible que muchos contribuyentes comprueben con sorpresa, que el Ayuntamiento no les ha notificado ninguna liquidación en relación con transmisiones a las que se aplica la normativa declarada inconstitucional. Es decir, las realizadas antes del 10-11-2021, fecha en que entró en vigor la nueva normativa del impuesto. ¿Puede el Ayuntamiento, a estas alturas, exigirme el pago de la deuda, notificándome la oportuna liquidación? Sí puede, pero puede anularse presentando un recurso.

Un año después de la declaración de inconstitucionalidad del sistema de cálculo de la plusvalía municipal, son muchos los contribuyentes a los que se les ha cerrado la vía para reclamar la devolución del impuesto, por la propia limitación de efectos de la sentencia 182/2021, del Tribunal Constitucional. En esta tesitura, José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que podrían solicitar una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial, como única vía para recuperar lo pagado. Pero el proceso no es fácil.

Un año después de la declaración de inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal, de la que se han podido beneficiar muchos contribuyentes obteniendo la devolución, cabe plantearse si dicha devolución es también posible, en el caso de liquidaciones que son firmes, porque el contribuyente no presentó recurso contra la misma. José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, señala que no es posible, pero que sí se puede reclamar una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado.

Hoy 26 de octubre se cumple un año de la sentencia que declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal y que acabó con este impuesto, al menos en la forma en que lo veníamos conociendo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia 182/2021, de 26 de octubre, y qué consecuencias tiene para los contribuyentes, un año después de haberse dictado? El Constitucional limitó los efectos al no permitir obtener la devolución de lo pagado a quienes antes del 26 de octubre de 2021 no habían reclamado la devolución del tributo.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un particular que interpuso un recurso para pedir a un ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía, al considerar que esta liquidación "es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura". Así, esta sentencia va a facilitar las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia de ganancia con la venta de un inmueble sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

La Dirección General de Tributos ha resuelto una consulta hecha por un contribuyente sobre si puede dejar de pagar las cuotas de un fraccionamiento de la plusvalía al haber sido declarada inconstitucional y, por tanto, resulta imposible recaudar este tributo. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda rechaza esta posibilidad porque la sentencia del Constitucional impide beneficiarse de la declaración de inconstitucionalidad a los que no reclamaron la devolución de la plusvalía antes del 26 de octubre de 2021, fecha en que se hizo pública dicha sentencia.

La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado cómo deben tributar las empresas promotoras y constructoras en la nueva plusvalía municipal, tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó la forma de cálculo de este impuesto. Las compañías deben pagar este tributo cuando compren terrenos para levantar viviendas y posteriormente venderlas.

En 1999 el Gobierno español modificó la normativa que regula la plusvalía municipal, el impuesto que se paga al vender un inmueble y desde entonces los extranjeros no residentes en España quedan liberados de declarar y pagar este tributo. Es decir, el Estado les ha liberado de esta obligación, pero se la traslada, por ley, al comprador. Conviene tener en cuenta cinco cuestiones básicas a la hora de comprar un inmueble a un extranjero no residente, como, por ejemplo, que es posible exigir al vendedor el impuesto pagado.

Europa acaba de condenar a España a indemnizar a aquellos contribuyentes que vean el derecho comunitario vulnerado. Aunque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sólo cuestiona los requisitos para reclamar en caso de infracción del Derecho europeo, interesa preguntarse si dicha resolución podría abrir la puerta a flexibilizar los requisitos exigidos para reclamar una indemnización cuando se haya vulnerado la Constitución española. En esta situación se encuentran aquellos contribuyentes afectados por la última declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal.

Han pasado ya más de siete meses desde que conocimos la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo del impuesto de plusvalía municipal. Y, también, desde que se aprobó el Real Decreto que modificó la forma de cuantificar el citado impuesto, para adecuarla a las exigencias del Constitucional. Es momento de analizar cómo dicha sentencia ha cambiado la forma de reclamar la devolución de la plusvalía pagada, y cuáles son las perspectivas de futuro de la mano de José María Salcedo, socio de Ático Jurídico.

Los contribuyentes que vivan en municipios que no se han adaptado al Real Decreto-Ley 26/2021 que modificó el impuesto de plusvalía municipal para que sea constitucional están de enhorabuena: podrán reclamar la devolución de este impuesto tan controvertido y que se declaró inconstitucional por su sistema de cálculo. Esta nueva normativa entró en vigor el pasado 10 de noviembre y estableció que en el plazo de seis meses los ayuntamientos debían actualizar su ordenanza fiscal del impuesto. Muchos consistorios no lo han hecho, con lo que se abre una vía para solicitar la devolución de la plusvalía.

Las devoluciones masivas de la plusvalía, seis meses después de la sentencia del Constitucional que tumbaba este impuesto por el método de cálculo, están colapsando a muchos ayuntamientos, según la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL). Pese a que el Gobierno puso en marcha una reforma exprés del tributo, estos funcionarios denuncian la externalización por parte de los consistorios de los servicios de inspección de los tributos locales.

El cambio normativo para que el impuesto de plusvalía municipal sea legal y constitucional entró en vigor el pasado 10 de noviembre. La norma no tiene efectos retroactivos, con lo que muchos más contribuyentes de lo que espera el Gobierno pueden librarse de pagar este tributo. Ahora la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado los escenarios en los que los contribuyentes deben declarar la plusvalía tras transmitir una vivienda, pero no están obligados a pagar este impuesto. El Supremo, por su parte, da esperanza a los contribuyentes que han reclamado la devolución de este impuesto.

Algunos ayuntamientos de España están exigiendo el pago de la plusvalía municipal sin contar con un acuerdo previo de imposición válidamente publicado y aprobado por el propio Pleno del Consistorio. En este caso, sus ordenanzas estarían obligando a pagar un tributo que legalmente no puede ser exigido. Por eso ahora el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir cuáles son las consecuencias: podría suponer la imposibilidad de cobrar la plusvalía. Te explicamos cómo saber si tu Ayuntamiento está en esta situación.

Algunos tributos municipales son voluntarios para los ayuntamientos, como es el caso de la plusvalía municipal. Esto significa que para que éstos puedan exigirlos a los contribuyentes, debe haber un acuerdo previo de imposición de estos tributos válidamente publicado y aprobado por el Pleno del consistorio. Y algunos ayuntamientos no aprobaron en su momento dicho acuerdo o no lo publicaron en el respectivo Boletín Oficial de la Provincia. En este caso, sus ordenanzas estarían exigiendo un tributo que, por no existir un previo acuerdo de imposición, sería inexigible. Ahora el Supremo decidirá cuáles son las consecuencias para el consistorio que no haya hecho los deberes legales y podría suponer la imposibilidad de cobrar la plusvalía a sus habitantes.

La declaración de inconstitucionalidad de la plusvalía municipal ha provocado que muchos ayuntamientos hayan devuelto este impuesto con intereses de demora a aquellos contribuyentes a los que se les cobró en función de un sistema objetivo de cálculo ilegal, según el Tribunal Constitucional. Así, aquellos ciudadanos que hayan ganado esta batalla deben saber cómo tributan estas cantidades en el IRPF, en qué ejercicio declararlas y cómo declarar la condena en costas a su favor en caso de haberse producido la victoria en vía judicial.