Okupación ilegal

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) reclama al Gobierno Central la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil como medida urgente para combatir las ocupaciones ilegales porque considera imprescindible que Fuerzas de Seguridad del Estado puedan intervenir desde el primer momento en que se detecta y denuncia por el propietario la ocupación de su vivienda.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que en España la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema creciente de la ocupación ilegal de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios. “Creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la 'okupación', sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas”, ha afirmado Robles en declaraciones a Europa Press.

La pandemia provocada por el covid-19 ha aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas, debido a la imposibilidad de los propietarios de acercarse a su segunda residencia por el estado de alarma. Los expertos recomiendan colocar una alarma conectada a una central. Esto es fundamental para conocer la fecha de la ocupación ilegal, ya que la Policía tiene competencia para desalojar, sin orden judicial, una casa okupada en las primeras 48 horas.

Cataluña es la región de España donde más ocupaciones ilegales hay y Barcelona es su epicentro. Según el Ministerio del Interior, en los primeros seis meses de este año se okuparon 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo 2019. Esta cifra sextuplica a las ocupaciones ilegales en la Comunidad de Madrid (657) y triplican las andaluzas (1.183).

La Guardia Urbana del municipio catalán ha empezado a utilizar drones como fórmula para controlar la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles como naves industriales. Los dispositivos tomarán fotografías que podrán ser usadas como pruebas ante la denuncia de los propietarios y están pensados para proteger los barrios más conflictivos de la ciudad.

Las okupaciones han aumentado a raíz de la crisis del covid-19 y en especial en segundas residencias. Desde Ciudadanos piden una nueva ley que ampare a los propietarios y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido a los partidos de izquierda que “sean sensibles con la ocupación” porque “la ley no protege a los propietarios y sí a los okupas”.

Isidoro P. es un asturiano que un lunes de hace dos años se encontró que su taller de mecánica de Oviedo había sido ocupado ilegalmente por unos okupas que falsificaron todos los documentos para hacerse con la licencia de actividad y disfrutar del establecimiento. Las usurpaciones no sólo se producen en viviendas o edificios, sino también en locales de negocio.

Un supuesto inquilino firmó un precontrato de un local ubicado en Castellón y se aprovechó de la buena fe de los propietarios, que le permitieron trasladar pertenencias al local antes de abonar una señal, para okuparlo. Hace ocho meses, el falso arrendatario cambió la cerradura del local que utiliza ahora como vivienda. Los propietarios han intentado negociar con él, pero el okupa se niega a abandonar el recinto y a pagar cualquier cantidad por el alquiler.

La cifra de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles, en su mayoría viviendas, ha crecido un 5% interanual en lo que de año. Entre enero y junio, se han notificado 7.450 denuncias, con una mayor incidencia en Cataluña, con más de 3.600 casos abiertos de usurpación de casas, lo que supone casi el 50% de todos los casos en España.

Artículo escrito por Sandra Barañano, directora técnica de Cuida Tu CasaLa okupación se extiende como la espuma en esta España tan amenazada.

Las dos formaciones políticas se encuentran en conversaciones para redactar una nueva norma que permita recuperar un inmueble okupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, se ha mostrado abierto a negociar la propuesta del PP y Ciudadanos, según publica El Economista.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento va a poner en marcha tras el verano una oficina municipal antiokupación con el fin de defender los derechos de los vecinos y velar por por su seguridad. La oficina dará asesoramiento jurídico gratuito a las comunidades de propietarios que no sepan cómo actuar ante una okupación en sus inmuebles, entre otras funciones.

En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19, han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. Y en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social, tal y como alertan los expertos consultados por idealista/news. Desgranamos qué falla y qué medidas debería tomar el Gobierno para atajar este problema social.

En los últimos tiempos, y a medida que ha crecido la okupación, está aumentando la demanda de dispositivos de seguridad para el hogar. Según el proveedor de sistemas de alarmas ADT, el temor a que ocupen ilegalmente una vivienda, principalmente una segunda residencia, es actualmente la causa principal para instalar medidas de seguridad entre sus clientes, mientras que hace unos años el factor más destacado era evitar los robos.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha condenado a una familia a pagar 540 euros por ‘okupar’ una vivienda de lujo en Alicante durante dos años. La vivienda se encuentra en la zona de lujo de la Playa de San Juan y la propietaria no recibirá esta cantidad porque los okupas se han declarado insolventes.

Un matrimonio británico se ha encontrado con la desagradable sorpresa de ver okupada su chalet de Jávea (Alicante) días antes de pasar sus vacaciones en esta casa. La empleada del hogar les llamó para advertirles de que la casa había sido usurpada por una pareja. Encontró las cerraduras rotas y la ropa tendida.

El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto acabar con la okupación en la capital. Los distritos de Tetuán y Villaverde son dos de las zonas más afectadas por este fenómeno y es por este motivo por el que el consistorio ha decidido focalizar la lucha en estos ámbitos. Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid, ha destinado 1,5 millones de euros para “poner en valor todos los suelos de Madrid, porque estas actividades “actualmente están impidiendo el desarrollo de la gestión urbanística y la implantación de los nuevos usos previstos”.

Si algo está dejando 2020 para la memoria histórica es que nuestro día a día puede ser más surrealista de lo que nunca imaginamos. Y para muestra, un botón: cinco okupas de una vivienda del barrio de A Milagrosa, en Lugo, llamaron a la Policía para que echara a los familiares de los propietarios de la vivienda porque tenían "miedo" y “les molestaban”.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, ha confirmado que el edificio Prado 30 – okupado en su momento por La Ingobernable- no se convertirá en el Museo Judío proyectado por la Fundación Hispanojudía.

El principal partido de la oposición ha insistido en la necesidad de proteger las propiedades inmobiliarias de la ocupación ilegal más allá de la actual ley de desahucio exprés contra los okupas. Su presidente, Pablo Casado, ha vuelto a remarcar que hace falta acelerar el proceso para ‘desokupar’ a un máximo de 48 horas o que se amplíe el delito de usurpación con penas de hasta tres años.

Pilar Damián, que trabaja como matrona en un centro de salud de Reus (Tarragona), ha sufrido en sus propias carnes la ocupación ilegal de su vivienda situada en Vic. El okupa aprovechó que ella estaba desplazada en Reus por trabajo para asaltar la casa de Vic, que está a la venta. En pleno estado de alarma Pilar no pudo visitar la casa, así que en mayo llamó a la agencia inmobiliaria para que fuera a echar un vistazo y la sorpresa fue que no podían entrar porque el okupa había cambiado la cerradura.

Enrique Vendrell, vicepresidente del CAFBL y asesor jurídico del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, es un experto en temas de okupación, y habla con idealista/news en una entrevista sobre lo “preocupante” y “alarmantes” que son los últimos datos. “Organizaciones como el Sindicat de Llogaters promueven la okupación ilegal”, explica el experto, que añade que “para frenarlo hay que regular contra la okupación, si no no dejarán de crecer”.

El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha anunciado que la formación llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que ratificó el Parlamento catalán a principios de febrero. Considera que la normativa protege a los okupas y desprotege a los propietarios, por lo que lo tacha de antisocial.

La Generalitat catalana hace oídos sordos a la declaración de inconstitucionalidad por el Consejo de Garantías Estatutarias del decreto que permite legalizar la okupación de viviendas. Ha decidido seguir adelante con la tramitación del decreto 1/2020, que modifica la definición de vivienda vacía para dejar claro que la okupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacía y, así, permitir la okupación.