Okupación ilegal

El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto acabar con la okupación en la capital. Los distritos de Tetuán y Villaverde son dos de las zonas más afectadas por este fenómeno y es por este motivo por el que el consistorio ha decidido focalizar la lucha en estos ámbitos. Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid, ha destinado 1,5 millones de euros para “poner en valor todos los suelos de Madrid, porque estas actividades “actualmente están impidiendo el desarrollo de la gestión urbanística y la implantación de los nuevos usos previstos”.

Si algo está dejando 2020 para la memoria histórica es que nuestro día a día puede ser más surrealista de lo que nunca imaginamos. Y para muestra, un botón: cinco okupas de una vivienda del barrio de A Milagrosa, en Lugo, llamaron a la Policía para que echara a los familiares de los propietarios de la vivienda porque tenían "miedo" y “les molestaban”.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, ha confirmado que el edificio Prado 30 – okupado en su momento por La Ingobernable- no se convertirá en el Museo Judío proyectado por la Fundación Hispanojudía.

El principal partido de la oposición ha insistido en la necesidad de proteger las propiedades inmobiliarias de la ocupación ilegal más allá de la actual ley de desahucio exprés contra los okupas. Su presidente, Pablo Casado, ha vuelto a remarcar que hace falta acelerar el proceso para ‘desokupar’ a un máximo de 48 horas o que se amplíe el delito de usurpación con penas de hasta tres años.

Pilar Damián, que trabaja como matrona en un centro de salud de Reus (Tarragona), ha sufrido en sus propias carnes la ocupación ilegal de su vivienda situada en Vic. El okupa aprovechó que ella estaba desplazada en Reus por trabajo para asaltar la casa de Vic, que está a la venta. En pleno estado de alarma Pilar no pudo visitar la casa, así que en mayo llamó a la agencia inmobiliaria para que fuera a echar un vistazo y la sorpresa fue que no podían entrar porque el okupa había cambiado la cerradura.

Enrique Vendrell, vicepresidente del CAFBL y asesor jurídico del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, es un experto en temas de okupación, y habla con idealista/news en una entrevista sobre lo “preocupante” y “alarmantes” que son los últimos datos. “Organizaciones como el Sindicat de Llogaters promueven la okupación ilegal”, explica el experto, que añade que “para frenarlo hay que regular contra la okupación, si no no dejarán de crecer”.

El presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha anunciado que la formación llevará ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda que ratificó el Parlamento catalán a principios de febrero. Considera que la normativa protege a los okupas y desprotege a los propietarios, por lo que lo tacha de antisocial.

La Generalitat catalana hace oídos sordos a la declaración de inconstitucionalidad por el Consejo de Garantías Estatutarias del decreto que permite legalizar la okupación de viviendas. Ha decidido seguir adelante con la tramitación del decreto 1/2020, que modifica la definición de vivienda vacía para dejar claro que la okupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacía y, así, permitir la okupación.

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el órgano encargado de vigilar que las leyes catalanas se ajusten a la Constitución Española y al Estatuto catalán, estima que el decreto ley 1/2020 vulnera los derechos de los propietarios porque avala la ocupación ilegal.

El pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el decreto ley de vivienda que, entre otras cosas, obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en la casa seis meses y eleva al 40% el porcentaje de suelo destinado a VPO en las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona. Se trata de medidas que el sector privado ha tildado de "drama" y "desprotección" para los actores del negocio inmobiliario en toda la comunidad autónoma. 

Actualmente la ocupación ilegal se puede combatir civil o penalmente. La vía civil suele ser más rápida debido sobre todo a lo garantista que es la vía penal. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, recuerda que en 2018 se aprobó una ley de desahucio exprés para lograr echar a los okupas en un mes, pero no ha tenido el éxito esperado. Todavía se tarda entre 6 y 7 meses en recuperar la vivienda ocupada ilegalmente.

Hasta ahora la empresa catalana Desokupa era la única empresa que ofrecía una alternativa privada a la vía judicial para poder expulsar a los okupas de las casas, si bien este modelo de empresa ha proliferado por toda España, creando un nicho de negocio, más competencia y, como era de esperar, a precios mucho más económicos. En idealista/news hablamos con cuatro empresas de distintas zonas de España que se dedican en exclusiva a la desokupación.

Victoria de Castro es una mujer de 94 años que vive en Portugalete (Vizcaya) y que ha sufrido la ocupación de su casa, tras pasar unos días con los suyos. Al volver a su vivienda, se encontró con la cerradura de su casa cambiada por unos okupas profesionales. La presión de los vecinos ha logrado desalojarlos y que Victoria pueda volver a disfrutar de su casa de toda la vida.

Sufrir una okupación de una vivienda no sólo afecta al ánimo, sino también al bolsillo. El propietario no tiene que computar en su IRPF la renta inmobiliaria que procedería si hay por medio una demanda judicial, pero sí que debe tributar por parte de la indemnización que decida el juez que deba pagarle el okupa, aunque no llegue a cobrarla, por considerarse un rendimiento del capital inmobiliario. No obstante, la normativa del IRPF prevé la posibilidad de que el propietario pueda deducirse esta indemnización.

El pasado 2 de julio entró en vigor la Ley 5/2018, más conocida como ley de desahucio exprés, que permite acelerar el desalojo de las okupaciones ilegales de casas. La normativa no afecta a los inquilinos morosos y no podrá ser utilizado por grandes tenedores de viviendas: solo está disponible para particulares, ONG y el sector público. Recordamos cómo funciona esta ley que quiere frenar el fenómeno de la usurpación de viviendas y qué piensan los expertos de su llegada.

Las okupaciones de viviendas están a la orden del día. Lo primero que se le suele pasar por la cabeza al propietario es acudir a la Comisaría de Policía o al Juzgado de Guardia, porque se trata de un delito de usurpación. Sin embargo, la abogada Carmen Giménez, titular del despacho G&G Abogados, recomienda interponer demanda por lo civil porque el proceso es más rápido y efectivo. Te explicamos por qué.

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la Proposición de Ley del PDeCat para acelerar el desalojo de una vivienda okupada ilegalmente y de forma premeditada, sobre todo, por mafias. El objetivo es acortar los plazos para desahuciar a un okupa y solo afectará a pequeños propietarios, ONG y administraciones públicas. No afectará a bancos ni a empresas. Te explicamos cómo funcionará.

La asociación que agrupa al 90% de las tasadoras en España, AEV, está diseñando un cambio en la información que incluirán las tasaciones a partir de otoño. Por ejemplo, medirán si la vivienda podría bajar de precio en un plazo de seis años, si el edificio en el que se ubica tiene okupas o si la zona en la que se encuentra tiene riesgo sísmico. Las novedades también afectarán próximamente a otros inmuebles como oficinas o centros comerciales.

¿Me expropiarán la vivienda? ¿Y si me la okupan? ¿Cubre mi seguro todo el valor en caso de incendio? ¿Y si no puedo pagar los impuestos de una casa que heredo? Al menos una vez en la vida, todos los propietarios de viviendas atraviesan por alguno de estos estados de pánico. Expropiación, falta de seguro por un siniestro, okupación... Estos son los ocho terrores de todo propietario de vivienda.

Desde finales de 2016, la convivencia de los vecinos de El Raval de Barcelona se ha visto perjudicada por la presencia de pisos okupados por narcotraficantes. Los cuerpos policiales han realizado desde entonces 52 entradas y detenido a 79 personas. ¿Cómo es convivir con un narcopiso en tu escalera? Así lo cuentan varios vecinos: han llegado a contabilizar hasta 200 personas entrando y saliendo en hora y media para comprar droga y consumirla en sus bloques.

Desde el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) han pedido la paralización cautelar y temporal de los desahucios de familias en viviendas públicas. Esta medida pasará su aprobación en septiembre por parte del primer consejo de administración de la EMVS.

La promotora Brava Park, propiedad del narcotraficante Joaquín Moreno Mariñosa, empezó a construir en 2003 en Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) una promoción de nueve viviendas valoradas en 1,8 millones de euros cada una, pero nunca las llegó a terminar. En 2015 entró en concurso de acreedores y ahora la deuda es de Sareb. Para finales del mes de agosto la administración concursal sacará los inmuebles a subasta.

Si algo teme el dueño de una vivienda es que se la okupen. Sí, con ‘k’. Ese miedo hace que se piensen muy mucho poner un piso en el mercado de alquiler o luchen para que nadie se entere –ni siquiera los vecinos– de que lo tienen temporalmente vacío.