El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rebajado el optimismo de los últimos días sobre la aprobación de la ley de vivienda, tras una reunión con el ala socialista y aliados parlamentarios donde, a su juicio, se han sustanciado menos avances de lo esperado. Ha prometido que su formación va a seguir intentando mejorar el texto en dos materias bien definidas: la paralización de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables y la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas.
El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha rechazado que se ponga un tope a las hipotecas de tipo variable, como ha vuelto a proponer su socio Unidas Podemos, porque los tribunales lo "tumbarían". "Hay que ser serios y trabajar las cosas bien", ha afirmado.
En el último programa de Salvados, emitido en La Sexta, se entrevistó a Ione Belarra, secretaria general de Podemos, donde habló de la vivienda en España. Aseguraba que las inmobiliarias no deben cobrar honorarios a los inquilinos por la gestión del alquiler por no estar regulada en la ley. La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI) le responde que la percepción de dichos honorarios es perfectamente legal y se recoge dentro de los contratos atípicos consolidados por la doctrina de los tribunales. Es más, va más allá y la asociación señala que la ministra pretende camuflar con sus declaraciones el verdadero problema que tiene España: la falta de vivienda social. España está a la cola de Europa en este aspecto, con una media del 2,5% mientras Europa está en bastante más del triple -9,3%-.
El PSOE y Unidas Podemos han presentado a última hora una enmienda en la proposición de ley que regula los gravámenes temporales al sector energético y financiero para incluir el nuevo gravamen a las grandes fortunas, con el objetivo de acelerar su tramitación. El bautizado 'Impuesto de Solidaridad' contará con tres tramos, afectará a los patrimonios de más de 3 millones de euros y se aplicará durante los dos próximos años.
La negociación entre los socios de Gobierno para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023 está "encallada" por las diferencias en torno al gasto militar, las medidas de conciliación y la nueva Ley de Vivienda, según ha reconocido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Ha lamentado que esta sea la tercera vez que esta regulación se aborda antes de aprobar las cuentas públicas y ha insistido en la necesidad de poner en marcha una regulación del precio del alquiler.
El Congreso ha debatido una proposición no de ley impulsada por Podemos, que pedía replantear el papel de Sareb y utilizar sus inmuebles para aumentar el parque público de vivienda asequible. Sin embargo, el PSOE ha registrado una enmienda y ha defendido que la sociedad que aglutina los activos de las entidades financieras rescatadas debe cumplir su misión y liquidar todos los activos de su balance. ERC y Bildu también piden la cesión de inmuebles a CCAA y ayuntamientos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el tope a los intereses de las hipotecas que propone Podemos "no está permitido en el tratado de la UE". El jefe del Ejecutivo ha tendido la mano a su socio de Gobierno al asegurar que comparte la inquietud del impacto de la inflación y la subida de los tipos en el gasto mensual de las familias. Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda han asegurado que el Gobierno estudia diferentes medidas para aliviar la carga financiera que deben asumir los ciudadanos.
La formación 'morada' pretende establecer un tope temporal a la subida de las hipotecas de tipo variable para proteger a las familias vulnerables ante la subida del Euríbor. Según los cálculos de Podemos, esta medida supondría la reducción de hasta 150 euros en las cuotas mensuales. Esta fórmula garantizaría a las entidades financieras seguir obteniendo beneficios y reducir la morosidad, según defiende el socio político del PSOE.
Podemos ha propuesto al Ejecutivo de coalición desplegar un descuento del 40% en el precio de la tarifa regulada durante seis meses, sufragado desde los beneficios "obscenos" de las eléctricas, y prohibir la cláusulas de permanencia que exigen estas compañías."El coste (de la rebaja del 40%) tienen
Podemos propone obligar a la Sareb a ofrecer un mínimo del 75% de sus viviendas a alquiler social y fijar un máximo de plazas de alojamiento turístico en un distrito o barrio. Estas son algunas de las demandas de la formación morada incluidas en las enmiendas registradas en el Congreso por la Ley de Vivienda, donde también pide reducir el umbral de subida de las rentas sobre el IPC autonómico (2 puntos frente a los 5 puntos contemplado en el proyecto de Ley) para declarar una zona tensionada de alquiler y que limitaría sus precios.
La formación morada ha presentado un recurso ante el Constitucional contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, aprobada por el Gobierno regional a finales de noviembre. Podemos pide al tribunal que declare nula toda la normativa, e insiste en que la Junta quiere “convertir todo el litoral andaluz en un pelotazo urbanístico y vendérselo a las grandes multinacionales de la construcción”. El texto establece una nueva calificación de terrenos entre urbanos y rústicos, y simplifica los trámites para aprobar los planes urbanísticos.
El partido político ha presentado varias propuestas fiscales de cara a incluir en la futura reforma fiscal que permitirían aumentar la recaudación en unos 29.800 millones. Entre las medidas que plantea están crear impuestos nuevos para gravar la vivienda vacía, los alimentos de mala calidad nutricional y otro dirigido a las grandes fortunas que no pueda ser bonificado por las autonomías. También propone un recargo en Sociedades a las eléctricas, subir el IRPF a las rentas de más de 120.000 euros y endurecer la tributación de socimis y sicavs.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, y su nuevo equipo, han mantenido esta miércoles una reunión en la sede del Ministerio con una delegación del Ministerio de Derechos Sociales, encabezada por su titular, Ione Belarra, con quien está negociando el contenido de la Ley de Vivienda. El objetivo sacar adelante lo antes posible esta normativa, que lleva en el aire desde principios de año. Los equipos de PSOE y Podemos ya se han emplazado para futuras reuniones.
El actual Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos suma en tal solo año y medio de gobierno los 764 asesores de confianza, un récord en contratación de personal a dedo en las administraciones públicas si se compara con los últimos 20 años, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las
Unidas Podemos ha señalado que poder 'congelar' los precios del alquiler es "un punto de partida" a la hora de poder acordar con el PSOE la nueva Ley de Vivienda, pero ha avisado de que el pacto alcanzado con su socio de Gobierno prevé aplicar bajadas de precios en las zonas especialmente tensionadas. Así lo ha manifestado su portavoz de Vivienda en el Congreso, Pilar Garrido, que ha señalado que el acuerdo de coalición hacía referencia a la posibilidad de regular los precios para frenar las subidas abusivas.
La convocatoria de protesta organizada por el sindicato de inquilinos contra el Gobierno tras conocerse su intención de recurrir al TC la ley catalana del control del precio del alquiler tuvo un discreto éxito, a tenor de las fotografías que idealista/news tomó en Madrid y Barcelona. En concreto, en Barcelona la convocatoria reunió a un número aproximado de 80 personas mientras que Madrid fueron algo menos, en torno a 50.
Empieza el juicio de la propietaria increpada por Podemos y el Sindicato de Inquilinos. Esther Argerich, la propietaria a la que Irene Montero señaló públicamente por no querer mantener el precio del alquiler a dos inquilinos, ha sentado en el banquillo de los acusados a Juan y Livia, la pareja que vivió en su piso durante diez años. La propietaria pide un año de cárcel para ellos dos por un delito de coacciones.
El Partido Popular, capitaneado por Isabel Díaz Ayuso, ha sido el vencedor de las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid celebradas el 4 de mayo.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, propone que la futura Ley de Vivienda contemple un porcentaje mínimo del 50% del suelo sujeto a algún régimen de protección pública para la vivienda protegida en alquiler, con el objetivo de impulsar este mercado. Además, Ábalos ha planteado mejoras en los procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad y una modulación del recargo del IBI a viviendas vacías durante más de dos años.
El Instituto de Estudios Económicos afirma que en España existe un problema estructural de insuficiente garantía y protección de del derecho a la propiedad, al situarse por debajo de la media de los países desarrollados y de los vecinos europeos. Y cree que las medidas que han activado Gobierno y CCAA en materia de vivienda, como paralización de los desahucios, la permisividad con los okupas, la expropiación de viviendas vacías o el posible control de los precios solo agravan el problema, además de lastrar la inversión y reducir la oferta de pisos de alquiler.
La negociación de la nueva Ley de Vivienda en España cada vez aumenta más las discrepancias entre los partidos que conforman el Gobierno. La medida para imponer un límite a los precios de los alquileres en zonas tensionadas sigue siendo el principal escollo para consensuar el texto, que además necesitará el apoyo de formaciones tan dispares como PNV, ERC o Bildu para salir adelante. El PSOE defiende los incentivos fiscales frente al tope que quiere Podemos y está dejando un cruce de declaraciones que se produce en pleno descenso de las rentas por la crisis del covid.
El reciente anuncio del PP de que va a abandonar su histórica sede de Génova 13 en Madrid despierta el interés por el precio por el que podrían salir al mercado los cuarteles generales de los principales partidos en el Congreso de los Diputados. Las sedes de PP (36 millones), PSOE (29,5 millones) o PNV (19,5 millones) serían las más caras al encontrarse en zonas ‘prime’ de Madrid y Bilbao. La suma de los siete inmuebles de los partidos más votados rozaría los 100 millones de euros.
La formación morada tiene una nueva propuesta para el borrador de la próxima Ley de vivienda. En este caso, Podemos pretende calificar como gran propietario de vivienda a toda persona física o jurídica que tenga cinco o más pisos. Hasta ahora, para ser denominado gran tener hacían falta diez inmuebles, según los últimos decretos leyes aprobados desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.
El Parlamento Europeo publicó la semana pasada una resolución que resume las recomendaciones no vinculantes de la Eurocámara a la Comisión Europea y los países miembros en materia de vivienda. A pesar de que partidos políticos y medios de comunicación han asegurado que pedía a los países tomar medidas para controlar el precio de los alquileres, lo cierto es que esa medida fue eliminada de la propuesta de resolución de diciembre, tras el rechazo de los eurodiputados. Entre las 56 peticiones finalmente aprobadas destacan la necesidad de desarrollar más pisos sociales, establecer una normativa clara y ayudar a los colectivos vulnerables.
El Palacio de la Moncloa prepara un cambio en sus instalaciones. Pedro Sánchez prevé construir dentro del complejo residencial una casa prefabricada y sostenible en el espacio que ocupa actualmente la pista de pádel de José María Aznar. La casa tendrá un uso de ‘coliving’ y el objetivo es que sirva de alojamiento a los ministros cuando se alarguen las negociaciones de las normativas y ahorrarles el desplazamiento a sus viviendas habituales, así como reducir el gasto de los vehículos oficiales. Varios miembros del Ejecutivo pertenecientes a Podemos estarían en contra del plan, al considerar que “es algo que solo podría aceptar la casta”.
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