Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo zanja, una vez más, la controversia jurídica sobre el alcance de las facultades de las comunidades de propietarios frente a los alquileres de uso turístico. En su sentencia 1.025/2025, de 2 de septiembre, la Sala de lo Civil ha confirmado la validez de un acuerdo vecinal en Segovia que prohibía expresamente las viviendas de uso turístico en el edificio, desestimando el recurso de casación interpuesto por dos copropietarios.

El Tribunal Supremo ha marcado un cambio relevante en el debate sobre la plusvalía municipal. En una sentencia dictada el 13 de junio de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que los contribuyentes pueden reclamar la devolución del impuesto siempre que, a fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021 de 26 de octubre, que anuló el tributo, aún estuvieran en plazo para recurrir en vía judicial. La decisión refuerza la posición de quienes quedaron atrapados en un vacío legal entre la vía administrativa y la contenciosa, ampliando las posibilidades de resarcirse por un tributo declarado inconstitucional.

Durante el pasado mes de julio, el Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría a Hacienda, al emitir dos sentencias beneficiosas para las empresas familiares dedicadas al alquiler de inmuebles en propiedad. Una de las sentencias establece que es suficiente con la existencia de un empleado a jornada completa para entender que se trata de una actividad económica familiar y, así, disfrutar de los beneficios fiscales en el Impuesto del Patrimonio y en el Impuesto de Sucesiones. Y la otra sentencia simplifica la sucesión en la empresa familiar.

El Tribunal Supremo ha despejado una de las dudas más repetidas en el ámbito laboral: ¿es posible que una empresa aplique una sanción más leve de la que marca el convenio colectivo? La respuesta es sí. Y no es una interpretación menor, pues la Sentencia 559/2025, dictada el 10 de junio, marca doctrina y redefine los límites del poder disciplinario empresarial.

El abogado José María Salcedo destaca la naturaleza cambiante del procedimiento tributario, donde la jurisprudencia y resoluciones administrativas pueden alterar las estrategias de defensa a lo largo del proceso. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha validado el método de “tasación hipotecaria” para determinar el valor de inmuebles, afectando negativamente a los recursos interpuestos por contribuyentes. Sin embargo, existen casos recientes donde los tribunales han anulado comprobaciones de valores al considerar que la tasación hipotecaria no es prueba suficiente. Además, un Auto del Tribunal Supremo de junio de 2025 podría abrir nuevas oportunidades para los contribuyentes al cuestionar la validez de la tasación sin un informe técnico.

El Tribunal Supremo, en STS 2923/2025, ha dado la razón a dos vecinas de Madrid en una larga disputa con su comunidad de propietarios por la posesión de dos trasteros. Tras más de 30 años de uso exclusivo, el Alto Tribunal ha reconocido como legítimas propietarias de estos espacios a estas mujeres, frente a la pretensión de la comunidad de recuperar los trasteros como elementos comunes. Considera que las demandadas habían adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva, es decir, por haberlos disfrutado de manera pública, pacífica y continua durante más de tres décadas.

Un reciente fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo introduce una excepción al criterio tradicional: los recursos de casación laboral podrán admitirse incluso cuando la cuantía del litigio no llegue al umbral de 150.000 euros, como establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), pero solo cuando se denuncia una infracción procesal que provoque indefensión y ponga en riesgo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. La sentencia supone un giro estratégico en la forma de afrontar litigios en materia laboral y de Seguridad Social, por lo que tiene efectos prácticos para empresas y trabajadores.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha reavivado el debate sobre qué ocurre con los bienes adquiridos dentro del matrimonio cuando la convivencia se rompe, pero sin que medie una separación o divorcio formalizado. ¿Qué pasa con esa vivienda comprada décadas después de haberse separado de hecho? ¿Se considera ganancial o privativa? La respuesta, esta vez, es clara: si hay desvinculación personal y patrimonial prolongada, el bien no entra en la sociedad de gananciales. El fallo, que resuelve un conflicto hereditario entre hermanas, refuerza una línea jurisprudencial consolidada que afecta a miles de parejas que no regularizaron su ruptura.

¿Puede uno de los cónyuges reclamar dinero si su expareja ha vivido durante años en la vivienda familiar tras la separación? El Tribunal Supremo ha respondido con contundencia: no, salvo que exista un pacto previo o una previsión judicial expresa. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil recuerda que el uso atribuido judicialmente tiene una función asistencial y no genera, por sí solo, un derecho de crédito frente al otro progenitor.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2022 estableció con claridad que una comunidad de propietarios puede ser responsable solidaria de las deudas salariales generadas por una empresa subcontratada para prestar servicios esenciales, como los de conserjería. Tres años después, la Sala de lo Social ha vuelto a pronunciarse en la misma línea en su resolución del 9 de julio de 2025, lo que ha devuelto a la actualidad este criterio y reavivado el debate entre administradores de fincas, comunidades de vecinos y profesionales jurídicos sobre la correcta gestión y contratación de servicios en el ámbito comunitario.

El Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condenaba a tres entidades bancarias a devolver a un comprador las cantidades anticipadas para la adquisición de dos viviendas en construcción. Concretamente, el comprador adelantó 114.662 euros para adquirir dos “suites” en el complejo turístico-hotelero “Las Caballerizas” en Mijas, promocionado por una promotora que posteriormente se declaró en concurso. Las dos viviendas eran productos turísticos. Y el alto tribunal recuerda que la finalidad era turística, no residencial.

En una sentencia dictada en junio de 2025, el alto tribunal ha sentado doctrina sobre un asunto especialmente sensible: el alcance económico de las legítimas y los límites de responsabilidad del heredero cuando hay conflicto entre familiares. La conclusión es inequívoca: la legítima debe satisfacerse con cargo al caudal relicto. En Cataluña, el heredero responde personalmente de su pago, conforme al artículo 451-15 del Código Civil de Cataluña, salvo que haya aceptado la herencia a beneficio de inventario, en cuyo caso su responsabilidad queda limitada al valor de los bienes hereditarios.

El Alto Tribunal ha dictado una sentencia que marca un precedente en el equilibrio entre el derecho al honor y a la intimidad de una persona frente al derecho a la información en las comunidades de propietarios. En la resolución STS 4708/2024, la Sala de lo Civil ha estimado el recurso de casación interpuesto por una administradora de fincas que había sido condenada por colocar carteles informativos en espacios comunes de una urbanización de Alicante alertando de un inquilino que había sido desahuciado por impago.

Muchas viviendas han sustituido las mirillas tradicionales por dispositivos electrónicos capaces de detectar movimiento, grabar imágenes o activar alertas móviles. Pero, ¿es legal instalar una cámara de este tipo en la entrada de casa cuando se vive en una comunidad de vecinos? El Tribunal Supremo acaba de aclarar que vulnera la intimidad de los vecinos. De hecho, recuerda que el derecho a la intimidad protege frente a cualquier forma de vigilancia no consentida en espacios próximos o vinculados al domicilio.

Los funcionarios públicos que trabajan en turnos nocturnos o festivos están un paso más cerca de ver reconocido un derecho que hasta ahora muchos consideraban difuso. El Tribunal Supremo ha establecido que cuando la prestación de servicios en turnos nocturnos o festivos forma parte estructural y habitual de la jornada ordinaria del funcionario, la retribución asociada a dichos turnos debe percibirse también durante los períodos de vacaciones, permisos retribuidos o incapacidad temporal, aun cuando no haya una prestación efectiva durante esos periodos.

El distanciamiento entre padres e hijos no siempre nace del rencor. A veces, simplemente ocurre. Pero ¿puede esa falta de contacto justificar que un progenitor excluya a sus descendientes del reparto de su herencia? El Tribunal Supremo se ha pronunciado con claridad, y una vez más, la ley no permite desheredar sin una causa bien justificada. En una sentencia de junio ha confirmado que, aunque el vínculo esté prácticamente roto y la relación sea casi inexistente, eso no basta para apartarlos de su legítima hereditaria. La clave está en el motivo y la prueba.

El Tribunal Supremo ha reiterado una doctrina establecida que incide directamente en los derechos económicos de los trabajadores: el recargo por mora salarial. Cuando una empresa se retrasa en pagar la nómina, el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas: debe abonar un recargo del 10% sobre lo que se adeuda. Y esta vez, lo ha recordado en el caso de más de una treintena de médicos.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha marcado un antes y un después en la interpretación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. El fallo, emitido el pasado mes abril, confirma que los contribuyentes pueden reclamar la devolución de este tributo, aun cuando el Ayuntamiento ya hubiera cerrado el expediente con una liquidación firme. La clave está en la inexistencia de ganancia real.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por las entidades financieras condenadas por falta de transparencia en la comercialización de préstamos hipotecarios que incluían cláusulas suelo en una acción colectiva de la asociación Adicae. Un caso que lleva más de una década en los tribunales y que implica a decenas de bancos y más de 800 consumidores. Tras desestimar los recursos interpuestos, el sector financiero se enfrenta a la devolución de más de 190 millones de euros, según calcula la asociación, y abre la puerta a reclamaciones masivas, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la UE.

Recibir una orden de desahucio nunca es una buena noticia, pero si el contrato de alquiler ha finalizado y el inquilino no abandona la vivienda, el procedimiento judicial es inevitable. ¿Qué ocurre entonces si esa persona quiere recurrir la decisión y aún no ha abonado las rentas que debe? El Tribunal Supremo ha respondido a esta pregunta en un auto reciente, donde deja constancia de que no se puede recurrir sin antes haber pagado o consignado las cantidades pendientes, incluso cuando el arrendatario tenga reconocida la justicia gratuita.

En un contexto en el que el trabajo a distancia se ha consolidado como una fórmula habitual en muchas empresas, una pregunta ha empezado a resonar con fuerza: ¿dónde debe acudir un teletrabajador si quiere impugnar su despido? El Tribunal Supremo ha despejado esta incógnita con una sentencia que puede marcar un antes y un después en la manera de plantear los litigios laborales. El fallo establece que el juzgado competente será el del lugar donde realmente se prestan los servicios, aunque ese lugar sea el domicilio particular del trabajador y el contrato diga algo distinto.

En una nueva sentencia clave sobre derecho de familia, el Tribunal Supremo ha vuelto a marcar el camino en materia de custodia compartida y atribución de la vivienda familiar tras el divorcio. En concreto, ha fijado un plazo de dos años como máximo para que uno de los progenitores mantenga el uso de la vivienda común. Con esta decisión, el Alto Tribunal insiste en que el uso del domicilio no puede prolongarse hasta la mayoría de edad de los hijos cuando existe custodia compartida, reforzando una doctrina que pone el foco en la proporcionalidad y en la titularidad de la vivienda.

Iberia tendrá que reforzar sus protocolos de prevención de riesgos laborales tras confirmarse que el cierre de los maleteros en sus Airbus 350 supone un esfuerzo físico que puede comprometer la salud de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP).El 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo desestimó

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valencia contra el fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya dio la razón a la denuncia de la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la región (Aptur CV) ante el Plan Especial de Ciutat Vella que aprobó el anterior gobierno local de PSPV y Compromís. El actual Ayuntamiento, en una coalición PP y Vox, ha declarado que dicha normativa ya no se encuentra en vigor, y que actualmente existe una moratoria para las viviendas de uso turístico en el centro de la ciudad.

El Tribunal Supremo ha marcado un límite claro en el creciente universo del trabajo a distancia. En una reciente sentencia, ha tumbado varias cláusulas incluidas en un acuerdo individual de teletrabajo firmado en el sector energético, al considerar que vulneraban los derechos de los trabajadores. La resolución aclara qué puede y qué no puede incluirse en estos pactos, cada vez más frecuentes en el tejido empresarial español. El Supremo recuerda que el artículo 8.1 de la Ley de Trabajo a Distancia (LDT) exige que cualquier modificación del porcentaje de presencialidad en el acuerdo a distancia quede siempre objetivada por escrito y con el previo acuerdo de empresa y trabajador.