Vivienda pública

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana incorporará en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 propuestas de todas las comunidades autónomas, entre ellas, una ayuda al desarrollo y urbanización de suelo cuando exista una reserva para vivienda con protección pública y la posibilidad de usar los fondos para financiar los gastos de gestión e implantación del Plan.

El Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas se han emplazado a una nueva reunión de la Comisión Multilateral "para buscar el consenso" tras persistir las diferencias sobre aspectos concretos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la Comisión Sectorial celebrada el pasado jueves, en la que se ha reunido la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, con los consejeros de vivienda autonómicos. Así quedaría la distribución de los 7.000 millones de euros que el Gobierno plantea a las autonomías, con Andalucía, Madrid y Cataluña con las mayores partidas, por encima de los 1.000 millones.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en una entrevista en 'Onda Cero' que ya se han entregado entorno a 100.000 viviendas por parte del Estado y de las comunidades autónomas, de las más de 180.000 unidades prometidas por Pedro Sánchez durante la campaña electoral de 2023, "fruto del esfuerzo que ha hecho este Gobierno". Rodríguez ha vuelto a reiterar la importancia de impulsar la construcción de vivienda pública para aumentar el parque del Estado y ofrecer alquileres asequibles, además de impulsar la rehabilitación residencial, y ha adelantado que la vivienda será muy protagonista en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía 13.000 viviendas públicas en los "próximos meses".Así lo ha afirmado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, en la que ha subrayado la importancia de la colaboración con las comun

El Acuerdo estatal por la Vivienda propuesto por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas durante la pasada Conferencia de Presidentes ha quedado totalmente descafeinado tras el rechazo presentado por las CCAA gobernadas por el PP, al que tampoco se ha sumado el ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. Solo País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias han aceptado la propuesta que incluye más financiación y blindar de forma indefinida la protección pública. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que trabajará con estos ejecutivos de forma bilateral.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que Cataluña se sumará a la propuesta de Acuerdo Estatal para la Vivienda 2026-2030, con la que el Gobierno pretende triplicar la inversión pública en vivienda y que se presentará durante la Conferencia de Presidentes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que "para que España avance hacen falta viviendas dignas y asequibles", mientras que desde APCEspaña se han mostrado a favor de la iniciativa, pero sin olvidar el apoyo de la iniciativa privada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a las CCAA “acabar con el monopolio de la información de los portales privados" y plantea una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compraventa o alquiler en

La Comisión Europea saca los colores a España en su último informe semestral, donde ha criticado que la oferta de vivienda pública y asequible se sitúa "muy por debajo" de la media de la Unión Europea. El documento afirma que "la escasez de vivienda y su efecto en el precio de la misma repercute en la renta disponible de los hogares y representa un reto y alerta de que ya se está convirtiendo en un problema económico y financiero que puede afectar también al crecimiento". Por ello, urge al Gobierno a tomar medidas centradas en jóvenes y familias con menos recursos, a culminar la reforma de la ley del suelo y a resolver la escasez de mano de obra en la construcción.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern ya dispone de suelo para iniciar la construcción de 21.289 viviendas protegidas, dentro del plan para sumar 50.000 pisos al parque público catalán antes de 2030. El anuncio se ha producido durante la clausura de las jornadas del Cercle d’Economia, en presencia de los principales representantes del ámbito empresarial y financiero.

El Partido Popular en el Govern de Baleares y el grupo parlamentario de Vox han aprobado convalidar el decreto de vivienda de la comunidad como proyecto de ley. Esto permitirá incluir enmiendas como la de ampliar la posibilidad de recalificar las conocidas áreas de transición, actualmente suelo rústico, en urbanizable para poder construir. La normativa inicial limitaba el cambio de uso a los terrenos de la ciudad de Palma, pero se amplía a todos los municipios de más de 20.000 habitantes como Calvià, Llucmajor, Inca o Manacor, si lo convalidan los ayuntamientos.

Las licitaciones para la construcción de vivienda lanzadas por las Administraciones Públicas españolas se situaron en el primer mes del año al borde de 175 millones de euros, lo que supone la cifra más alta de los últimos 16 años para un mes de enero, tras subir un 477% interanual. Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el volumen representa casi una cuarta parte (23%) de toda la licitación que se acumuló para vivienda pública en 2024, lo que anticipa un 2025 récord de los últimos años. En 2008, la cifra ascendió a 1.333 millones de euros.

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha exigido al Ministerio de Hacienda medidas concretas para "dejar respirar" a los ayuntamientos y aliviar los problemas de deuda municipal, a la vez que ha vuelto a urgir la reforma de la financiación local. La deuda total de los ayuntamientos asciende a unos 23.000 millones. Además que ha afirmado los ayuntamientos van a poner un catálogo de suelo disponible para que se pueda ir abordando la construcción de vivienda y agilizar los trámites administrativos para esta construcción

Las Administraciones Públicas españolas licitaron en su conjunto cerca de 2.000 millones de euros en obras de vivienda pública en 2024, lo que representa un incremento del 51% respecto al año 2023, según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). La licitación total en edificación, tanto residencial como no residencial, llegó a los 9.250 millones de euros, dentro de la cual la vivienda concentró exactamente 1.930 millones, distribuidos en 755 millones en vivienda familiar y 1.170 millones en edificios de viviendas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado durante un encuentro informativo que el parque de vivienda social en España ha pasado de un 2,5% al 3,4% del total, tras sumar 162.000 viviendas protegidas en los últimos cinco años, lo que supone un incremento del 35% en términos absolutos. También ha adelantado que el Gobierno va a licitar a lo largo del próximo trimestre la construcción más de 1.600 viviendas a través de la nueva empresa estatal, que serán públicas con carácter permamente y estarán repartidas en diferentes regiones, y que ha arrancado el proceso de consulta pública previa del próximo Plan de Vivienda.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha presentado una proposición no de ley en la Cámara Baja para pedir al Gobierno liberar los remanentes de los ayuntamientos y que los puedan destinar a la compra de vivienda para aumentar de manera destacada el parque público. Las corporaciones locales están obligadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 a mantener equilibrio o superávit financiero, y no pueden gastarlo. Según datos del Banco de España, esos remanentes ya alcanzan cerca de 39.000 millones de euros, dinero que el diputado de Compromis exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez movilizar para alquiler social y asequible.

Jorge Ginés, secretario general de Asprima, reflexiona sobre la manipulación de relatos en la actualidad, especialmente en el ámbito de la vivienda, donde la desinformación prevalece en un contexto de confusión entre la realidad y la verdad. Ginés critica que la percepción errónea de la vivienda como un problema de mercado y no político afecta a las nuevas generaciones. Propone revertir el paradigma mediante una gestión eficiente y la promoción de una oferta real de vivienda como solución a los desafíos habitacionales. Finalmente, urge a la necesidad de contar relatos verdaderos y positivos que reflejen la realidad del sector privado en la construcción de vivienda.

La nueva promotora y gestora pública de vivienda que nacerá de la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) será una realidad dentro de medio año. Según ha explicado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese es el plazo estimado para incorporar a la nueva empresa pública todo el patrimonio del Estado, elaborar un plan estratégico y crear un portal de gestión para que los ciudadanos puedan solicitar una vivienda. Rodríguez también ha asegurado que espera que el Ayuntamiento de Madrid de luz verde definitiva en febrero a la Operación Campamento de Madrid, el mayor desarrollo en suelo público y donde está prevista la construcción de unas 10.700 viviendas asequibles.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente para asegurar precios asequibles, sobre todo en alquiler. Rodríguez ha recordado que esta empresa será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, y que sus primeras viviendas serán las más de 430 unidades que se proyectan en el antiguo cuartel de ingenieros en Valencia. La ministra ha insistido en recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo para crear seguridad jurídica en el sector.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), ha cerrado su mejor año comercial de los últimos 15 años, superando los 83,8 millones de euros en ventas de suelo tanto industrial como residencial. Las ventas de superficie neta en 2024 se concretan en más de 1,7 millones de metros cuadrados, que se traducirán en la instalación de más de 180 empresas, entre las que hay multinacionales. La operación más significativa del año ha sido la venta de 190 hectáreas de suelo industrial en Talavera de la Reina por 20,6 millones de euros para la instalación de un gran centro de datos de la multinacional Meta.

La asociación española de gestores públicos de Vivienda y Suelo (AVS) ha pedido en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados el establecimiento de un régimen jurídico específico para las viviendas públicas. El presidente de la AVS, José María López Cerezo, ha anunciado que presentarán una serie de iniciativas legislativas para la modificación de códigos y leyes para facilitar la promoción pública de vivienda, así como la promoción privada de viviendas asequibles, para lo que ha pedido el apoyo de los grupos políticos.

El Tribunal Supremo ha reconocido por primera vez en una sentencia el derecho a compra de los pisos vendidos en 2013 por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, en la época de Ana Botella en la alcaldía, a Fidere (sociedad de Blackstone). En la resolución, el alto tribunal desestima el recurso de casación de la compañía y se muestra conforme con el derecho de retracto de los inquilinos, que podría afectar a un centenar de inquilinos, según el letrado que ha demandado. La socimi ya ha anunciado que recurrirá el fallo al considerar que ha habido un error de interpretación de las escrituras.

Nuevo choque de pareceres entre los socios de Gobierno. El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha criticado la "disonancia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar una nueva empresa pública de vivienda mientras se está privatizando la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que gestiona cerca de 16.000 viviendas. Sumar ya ha retado al PSOE a plasmar en los Presupuestos Generales del Estado la nueva empresa pública de vivienda.

Culmia, plataforma líder en la gestión de proyectos residenciales en España, ha obtenido la adjudicación de tres parcelas en Esplugues de Llobregat, Barcelona, en régimen de derecho de superficie para la promoción, construcción y gestión de viviendas protegidas en alquiler. Estas 402 viviendas forman parte del plan de regeneración urbana ARE Montesa, enfocado en transformar una antigua zona industrial en un moderno barrio residencial y terciario.

La Xunta de Galicia ha anunciado la puesta en marcha de una sociedad de vivienda pública que será la encargada de construir una parte de los 2.300 nuevos inmuebles que promete desarrollar el Gobierno autonómico en esta legislatura. En concreto, la sociedad nace de la escisión de la entidad Xestur con el fin de separar la gestión de la vivienda y del suelo residencial del industrial. En 2025, el Ejecutivo gallego destinará 240 millones de euros a políticas de vivienda, una partida histórica, y ofrecerá ayudas al alquiler, la rehabilitación o la emancipación juvenil.