VPO

El grupo empresarial Atitlan, a través de su filial Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (ATDI), y la empresa valenciana Grupo Ática han establecido una alianza estratégica con el objetivo de desarrollar cerca de 1.000 viviendas asequibles en la Comunidad Valenciana. Esta colaboración se enmarca en el Plan Vive de la Generalitat Valenciana, que busca promover la construcción de 10.000 viviendas de protección pública mediante la colaboración público-privada.

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) en España exige un ahorro inicial significativo, aunque las condiciones son más favorables en aspectos fiscales y financieros. Para adquirir una VPO, el comprador debe contar con aproximadamente el 30% del precio de venta, beneficiándose de impuestos reducidos y condiciones hipotecarias ventajosas. En este artículo te mostramos con algunos ejemplos cuánto dinero tienes que tener para hacer frente a la operación.

La vivienda protegida vivió un 2024 lleno de contrastes. El valor medio de la VPO terminó el año pasado en 1.169,4 euros/m2, el mismo importe que marcó en el segundo trimestre y que es el más elevado desde que el Ministerio de Vivienda tiene registros. Mientras tanto, se transaccionaron 47.418 inmuebles con protección en toda España, un 6,6% más que en el ejercicio anterior. A pesar del repunte, el dato apenas representó el 7,4% de las compraventas totales, lo que se traduce en su peso más bajo de la serie histórica del INE.

El acceso a la vivienda es uno de los principales retos en el mercado inmobiliario, y la vivienda de protección oficial (VPO) es una herramienta clave para facilitarlo. Sin embargo, durante años, la promoción de este tipo de vivienda ha sido escasa. La razón principal: no es viable económicamente para los promotores. Sergio López, CEO de Viviendea, ha llevado a cabo un ejercicio, con datos y gastos, sobre cuál es el coste de levantar un edificio de pisos para un promotor y aclarar si es o no rentable para ellos participar en la construcción de VPO en España. Si bien López se ha centrado en el mercado valenciano, este ejercicio es extrapolable a cualquier ciudad española.

El Ayuntamiento de Barcelona, bajo el mando de Jaume Collboni, ha intensificado su postura respecto a la normativa que exige destinar el 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda de protección oficial. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha desmentido categóricamente las afirmaciones sobre un supuesto perdón de multas a los infractores de esta regulación, asegurando que "todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidad de acabar en sanción". Esta declaración surge en respuesta a las críticas de diversos sectores que acusaban al Consistorio de laxitud en la aplicación de la normativa.

Al adquirir una vivienda de protección oficial (VPO) se asumen una serie de condiciones y requisitos, como la imposibilidad de vender la casa durante un período determinado y, en caso de poder hacerlo, tener que devolver las ayudas que desembocaron en su adquisición para lograr su descalificación. Pero no es posible evadir la devolución de las ayudas para descalificarla si se solicita que se convierta en una vivienda libre voluntariamente. Esto es un requisito indispensable para la descalificación de una VPO.

La vivienda pública sigue bajo mínimos. La sociedad de tasación CoHispania confirma en un reciente estudio que nuestro país construyó durante 2023 un total de 8.646 viviendas de protección oficial (VPOs), a falta de conocer los datos de 2024 del Ministerio de Vivienda. Una cifra que equivale a 18 propiedades asequibles por cada 100.000 habitantes, un 87,4% menos que hace 15 años, y ligeramente superior al mínimo histórico registrado en 2017, cuanto se levantaron 10,6 unidades. La realidad es que la construcción de viviendas con algún grado de protección pública se redujo considerablemente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, muy lejos de las alrededor de 200.000 unidades protegidas al año que se levantaban tras la transición.

La Comunidad de Madrid y Avalmadrid han sellado un acuerdo para impulsar la construcción de viviendas protegidas en la región, basado en conceder financiación a promotores y coopeativas para comprar suelo finalista destinado a VPO. El objetivo es movilizar cerca de 893 millones de euros e impulsar el desarrollo de unas 10.000 viviendas en la región destinadas a la venta, a través de préstamos con un tipo de interés del 2% + euríbor a devolver en un máximo de 24 meses. La financiación máxima es de hasta el 80%.

Que en España faltan viviendas es una realidad incontestable. Pero solo es uno de los problemas que adolece el sector. Inseguridad jurídica, leyes laxas para morosos u okupas, excesiva burocracia, insuficiente promoción de viviendas protegidas, plazos dilatados para generar suelo finalista, límites de precios que no casan con la realidad… La vivienda ha irrumpido como uno de los principales problemas en nuestro país, por encima del paro o la economía, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los expertos consultados por idealista/news dan los detalles de los principales desafíos a los que se enfrenta este mercado.

La vivienda de protección oficial (VPO) es una herramienta a la que acuden desde hace décadas las distintas administraciones a la hora de intervenir en el mercado inmobiliario, favoreciendo a colectivos con dificultad de acceso a una vivienda en propiedad. Sin embargo, de la misma forma que es necesario cumplir con ciertos requisitos para acceder a una VPO, también deben respetarse posteriormente ciertos puntos para no perder este derecho y evitar, en el proceso, posibles multas y sanciones.

El mercado inmobiliario ofrece una nueva oportunidad para quienes buscan opciones accesibles.

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un plan para trasladar a 700 funcionarios a un edificio histórico en Via Laietana, con el fin de liberar varias oficinas municipales en Ciutat Vella y destinarlas a la construcción de alrededor de 70 viviendas públicas. Este ambicioso proyecto, que responde a la necesidad de vivienda asequible en la ciudad, implica el desalojo progresivo de oficinas ubicadas en las calles de Avinyó, Ciutat y Paradís, actualmente ocupadas por personal administrativo.

Especialmente en grandes ciudades y en determinadas comunidades, como en Cataluña, la oferta de vivienda es escasa y esto se traduce en el aumento de precios. Según los expertos inmobiliarios de la región, la situación actual se resume en poca oferta y mucha demanda.

Los promotores rechazan la propuesta de Sumar de prohibir la descalificación de viviendas de protección oficial. En el XI Foro Inmobiliario organizado por el IE, varios representantes del sector alertaron sobre el impacto negativo que, en su opinión, tendría esta iniciativa en la movilidad residencial y en la inversión de los propietarios de VPO. Los promotores sostienen que una vivienda protegida a perpetuidad dificultaría la posibilidad de acceder a una vivienda de reposición y elevaría los costes de mantenimiento, generando, a largo plazo, un parque público deteriorado y poco atractivo.

El precio medio de la vivienda protegida se situó en el segundo trimestre del año en 1.169 euros/m2, lo que se traduce en el más alto de la serie histórica que recopila el Ministerio de Vivienda desde 2005. Hasta nueve provincias registraron en primavera un valor tasado de la vivienda libre inferior al de la VPO, entre las que se encuentran Lugo, León, Palencia, Cuenca, Toledo, Córdoba y Lleida. La provincia catalana, de hecho, es una de las pocas de España donde la vivienda protegida supera los 1.200 euros/m2, junto con Madrid, Barcelona y Málaga. Mientras, Cáceres y Badajoz son las más asequibles (menos de 800 euros/m2).

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, se ha comprometido a impulsar la construcción de 50.000 viviendas públicas en Cataluña hasta 2030, con una inversión anual de 1.100 millones de euros. Se trata de un proyecto ambicioso que tiene como objetivo acabar con el problema de la escasez de vivienda en especial en la comunidad. En líneas generales, los expertos inmobiliarios ven alentadora, necesaria y positiva esta medida anunciada, pero ponen en duda su viabilidad, y hablan de la “escasez de suelo para edificar”.

Las viviendas protegidas están destinadas a personas con pocos recursos o que se hallen en situación de vulnerabilidad. Entre los requisitos que establecen las CCAA para poder acceder a un inmueble de estas características se encuentran no superar cierto nivel de ingresos, que la vivienda sea destinada a la residencia habitual y permanente del adquiriente y no ser titular de otra propiedad, ya sea libre o protegida. Por tanto, salvo casos muy específicos, no es posible adquirir o alquilar otra vivienda protegida si ya se es propietario de una.

Una vivienda protegida es aquella que cuenta con algún tipo de protección que impone diversas obligaciones, como un precio máximo de venta o alquiler o unos requisitos para poder adquirir una. Además, no siempre es posible traspasar estos inmuebles antes de que concluya un determinado plazo. Pero ¿y donarla? En la mayoría de los casos, se puede siempre que esta vaya a ser la residencia habitual del donatario y previa autorización de la consejería correspondiente, si no ha transcurrido el plazo de protección del inmueble.

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo (PP), ha anunciado que el Consistorio gaditano invertirá 10 millones de euros para la adquisición de fincas y suelos en el centro de la ciudad para la promoción de viviendas de alquiler asequible en el centro de la ciudad. El Ayuntamiento prevé comprar de seis a ocho terrenos para construir un centenar de viviendas, además de la inversión en la Casa Palacio de Roque Aguado para su adquisición y rehabilitación.

La Comisión de Gobierno de Barcelona ha aprobado un convenio con Stellantis España SL para transformar las instalaciones de cerca de 19.000 m2 que tiene entre la rambla de Badal y la Riera Blanca (en la zona conocida como la 'isla Citroën', en el barrio de la Bordeta) y construir un gran parque urbano en el que prevé edificar unos 210 pisos. El nuevo planeamiento prevé un gran parque urbano de más de 21.000 m2, dado que el gobierno municipal considera que es necesario ante la gran densidad de población de los barrios de la Bordeta y de Sants-Badal.

Enrique Hueso, alcalde del municipio cacereño de Navalmoral de la Mata, expone en idealista/news los retos a los que se enfrenta el municipio, así como las iniciativas que se están ejecutando. En su opinión, una alternativa a la Ley de Vivienda que limita el precio del alquiler podría ser el fomento de la construcción de VPO para garantizar el acceso a una vivienda asequible sin necesidad de depender del alquiler. Actualmente, este pueblo está llevando a cabo una serie de proyectos urbanísticos y de construcción, como la compra de terrenos para levantar un estacionamiento público, la promoción de vivienda o la remodelación integral de calles.

En un momento donde la vivienda protegida es un pilar fundamental para garantizar el acceso a un hogar digno, España se encuentra rezagada en Europa, con cifras alarmantes que evidencian una crisis habitacional latente. Según la consultora JLL, apenas un 2,5% de su stock es vivienda asequible, el tercer peor dato del Viejo Continente, sólo superado por los de Portugal y Rumanía, y lejos del 30% que registra Países Bajos. Mientras tanto, la producción de nuevas unidades se mantiene estancada y el valor tasado bate récord, al superar por primera vez en la serie histórica del Ministerio de Vivienda los 1.166 euros/m2.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, prevé iniciar la licitación por concurso público de 13 parcelas de propiedad municipal para la construcción de 1.168 nuevas viviendas protegidas. Con este trámite se continúa dando cumplimiento al Plan de Vivienda y Suelo 2023-2027, la hoja de ruta municipal en materia de vivienda. En concreto, se trata de 13 suelos que salen a licitación divididos en lotes y que están ubicados en los distritos de Cruz del Humilladero.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cumplido su compromiso de actualizar los precios de los módulos de la vivienda protegida (VPO), que permanecían inalterados desde 2008. Esta medida desbloquea la construcción de muchas viviendas asequibles en la región. Cabe recordar que esta medida fue anticipada por el viceconsejero de vivienda la Comunidad de Madrid, José María García, en idealista/news. La nueva orden ha alterado los precios de los módulos en hasta un 56%.

La vivienda social en España tiene diversos nombres en función de su grado de protección y su régimen (protección oficial, VPO, VPPA, vivienda protegida, etc.). Están destinadas a ofrecer un hogar a aquellas personas cuya situación económica les impide acceder a una residencia en otras condiciones.