Información sobre vivienda y economía

Las razones por las que el Gobierno no debería subir los impuestos en plena crisis del covid, según el IEE

Gtres
Gtres
Autor: Redacción

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) vuelve a oponerse a los planes del Gobierno que pasan por subir los impuestos a familias y empresas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Según el proyecto que ha remitido el Ejecutivo a Bruselas, las alzas fiscales y la puesta en marcha de nuevas figuras tributarias podrían permitir una recaudación adicional cercana a los 9.000 millones de euros durante los dos próximos años. Sin embargo, muchos expertos consideran que subir los impuestos en plena tormenta económica y con la incertidumbre de cómo avanzará este segundo rebrote del coronavirus es un error.

Entre estas voces que critican los planes del Gobierno están la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y el Instituto de Estudios Económicos, que ya en julio alertó de que la subida impositiva era la peor decisión que podía tomar España. Y ahora, con la presentación inminente de las cuentas públicas, vuelve a insistir en las repercusiones económicas que puede tener y en los motivos que muestran que se trata de una política errónea.

Lo primero que pone sobre la mesa el organismo liderado por Iñigo Fernández de Mesa, que también es vicepresidente de la CEOE, es que “España se sitúa en el año 2020 en la posición 27 del total de los 36 países analizados en el Índice de Competitividad Fiscal (ICF), cuatro puestos por debajo de la posición que ocupaba en 2019, lo que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional”.

Este índice pone en perspectiva los planes fiscales de los países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios y, por tanto, permite comparar el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más eficiente y favorecedor del crecimiento y evidenciando qué demarcaciones sufren un modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y el progreso socioeconómico.

Según el IEE, España está dentro de los países que más entorpecen el desarrollo y el progreso a través de su sistema fiscal y “lo peor es que, de llevarse a cabo las subidas impositivas anunciadas, junto con las ya concretadas, la posición de España en el ICF va a descender todavía más”.

El organismo también ha resumido algunas razones que muestran cómo está nuestro país en materia de impuestos respecto a los países de nuestro entorno y a las principales potencias desarrolladas.

Por ejemplo, el IEE considera que la carga fiscal que soportan ciudadanos y empresas en España es excesiva, sobre todo en el caso de las empresas, y mucho más distorsionante que la resultante del análisis simple de la ratio de la presión fiscal. Como dato, asegura que en 2020, en plena crisis del codid-19, "la presión fiscal en relación al PIB ha aumentado un 6,5% respecto al año anterior, cuando la mayor parte de los países están reduciendo impuestos”.

Otra razón que aporta es que el esfuerzo fiscal, que tiene en cuenta el nivel de renta, en España es casi un 7% superior a la media de la UE, y el segundo más alto de las potencias desarrolladas, tras el de Italia.

El IEE también recuerda que la presión fiscal en las empresas españolas sobre el PIB está casi dos puntos por encima a la del promedio de la UE, mientras que su aportación a la recaudación total es muy superior. En nuestro país en torno al 32% de la recaudación depende de las empresas, mientras que en los socios comunitarios su peso se sitúa ligeramente por debajo del 25%.  

El informe también pone sobre la mesa que las empresas españolas soportan unos mayores costes laborales, derivados principalmente de las elevadas cotizaciones sociales que pagan los empresarios por sus trabajadores. En este sentido, sostiene que “el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,5% del coste laboral en España, mientras que la media de la OCDE se sitúa en el 36%.

La comparativa no mejora cuando miramos el Impuesto de Sociedades, el tributo que se aplica sobre los beneficios empresariales, cuya presión fiscal “es un 22,6% más elevada que la media de la Unión Europea y un 15,8% superior al del promedio de la OCDE”.

En lo que se refiere al IRPF, el IEE resalta que “la progresividad del impuesto sobre la renta en España es una de las más altas entre los países avanzados, y un 17% superior al promedio europeo. La situación se agrava por la incidencia conjunta entre el impuesto sobre la renta y el patrimonio”.

En este punto aclara que “esta mayor progresividad en España debería ser tenida en cuenta a la hora de modificar la estructura del IRPF, ya que las presuntas mejoras de la equidad deben guardar un equilibrio con respecto a criterios de la eficiencia económica. La discriminación fiscal que implica una progresividad muy acentuada en los tramos más altos de la renta penaliza la atracción y retención de talento y al capital humano más productivo, que pueden trasladarse a otros países con menor tributación (movimiento muy accesible ahora por la posibilidad mayoritaria de teletrabajar que otorga una mayor libertad en la prestación de servicios)”.

Con este escenario sobre la mesa, el instituto insiste en que “el diseño de nuestro sistema fiscal es peor que el promedio comunitario y del conjunto de la OCDE” y, por tanto, concluye que “subir impuestos en un contexto de recesión como el actual es especialmente inoportuno y contraproducente, ya que supondría retardar, cuando no imposibilitar, las posibilidades de recuperación económica de nuestro país. Las alzas impositivas deprimen la oferta productiva y el consumo, a la vez que aumentan los costes y deterioran las expectativas de los agentes, provocando una degradación de la confianza, que es el pilar de la recuperación. No es casualidad que la respuesta a la pandemia del covid-19 de algunas de las principales economías de la OCDE como Alemania, Francia, Italia o EEUU, ha estado marcada por la tendencia a reducir el nivel de impuestos, salvo en España, que comienza a ser una excepción dentro de su entorno”.